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Chile: los desafíos para el 2018 en regulación tecnológica
Diego Rodríguez, socio de CMS Carey & Allende desde este mes, analiza los temas que se tomarán el escenario legal en materias de tecnología, medios y comunicaciones durante este año.
Diego Rodríguez Valdés, abogado UC (2011), acaba de ser nombrado socio de CMS Carey & Allende, oficina en la que trabaja desde 2009.
Aunque su historia dentro de la oficina ha estado concentrada principalmente en el área del derecho corporativo, M&A, financiamiento, y tecnologías de la comunicación, desde enero reforzará esta última área, a la cual denominan TMC (tecnología, medios y comunicaciones), y que ahora contará con 2 socios y 5 asociados.
Rodríguez hizo un Master en Derecho Corporativo en la New York University (2013) y luego trabajó en Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP, en Nueva York.
La pregunta no puede ser otra: cuáles serán los desafíos en la materia para el sector legal. Y este nuevo socio prevé que uno de aquellos que tendrán relevancia es si se adoptarán o no en Chile regulaciones que faciliten las transacciones digitales, a lo que agrega la digitalización de notarías y conservadores.
“Facilitar las transacciones digitales se traducirá en un uso masivo de la firma electrónica, lo que sin duda representa un desafío y a la vez una oportunidad para los abogados que diariamente estamos involucrados en distintos tipos de transacciones”, opina, y añade que la digitalización de los trámites notariales y ante los conservadores de comercio y bienes raíces es “otra señal adicional de que los servicios de los abogados deben enfocarse cada vez más en donde realmente seamos capaces de agregar valor”.
En materia tributaria, Rodríguez estima que habrá que estar atento al tratamiento que se le dé a la importación de softwares: “Recientemente el SII ratificó su interpretación de que el pago a proveedores de videojuegos en el extranjero no está exento del pago del impuesto adicional”, deja como dato.
Y si nos vamos a las telecomunicaciones, destaca la reciente licitación que se realizó por SUBTEL (Subsecretaría de comunicaciones) para llevar fibra óptica a la zona austral del país, que fue adjudicada al consorcio CTR – Huawei. “Es de esperar que se siga avanzando en esa vía, intentando comunicar todas las comunas de Chile con fibra óptica, lo que desde una perspectiva legal no es simple atendido en el régimen aplicable hoy a los concesionarios que proveen infraestructura de telecomunicaciones. Es una materia que probablemente deberá revisarse”, añade.
Finalmente, en materia de protección de datos, Diego Rodríguez destaca que el proyecto de ley que incorpora algunas modificaciones a la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales, actualmente en el Congreso, considera la creación de un organismo a cargo de velar por el cumplimiento de esta norma y una regulación específica para los “Cross Border Data Transfer”, asimilándolo a los estándares aplicables en países miembros de la OECD.
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