Estado deberá indemnizar a jóvenes inocentes injustamente encarcelados en centro de Sename

En un fallo del 25 de mayo de 2020, el 3er Juzgado Civil de Santiago reconoció el daño sufrido por los jóvenes producto de su detención y posteriores consecuencias y ordenó el pago de 63 millones a las familias. 

En la sentencia, el tribunal indicó el error culposo de Carabineros y aseguró que “resulta que efectivamente la detención de Fredy O. y Cristopher S., a la luz de los antecedentes posteriores que fue arrojando la investigación, puede calificarse de equivocada pues se comprobó fehacientemente su inocencia”. Además, la sentencia estableció los errores manifiestos en la persecución penal que se llevó adelante en contra de ambos jóvenes.

Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz explicaron que con este tipo de sentencias no sólo se logra reparar el daño causado a personas inocentes, sino que además se visibilizan problemas de las instituciones en cuanto a su forma de proceder, obligando que así las instituciones sean más rigurosas y que graves errores no pasen inadvertidos. “Obtener una indemnización en casos como este no sólo involucra un reparo y reconocimiento al honor personal y al de las familias de los afectados. Implica además un reconocimiento de los errores que el Estado y sus instituciones pueden cometer, instando a que tanto el Ministerio Público como otras organizaciones revisen sus procesos. Hoy por hoy, existen problemas en el sistema de persecución penal y reglamentos de distinta índole que debiesen ser modificados para reducir estos tipos de equivocaciones. Sin embargo, por el momento no queda más que buscar justicia cuando existen errores como los vistos”. En total son 63 millones de pesos los que deberá pagar el Estado de Chile a modo de indemnización.

Origen del caso penal 

El Estado de Chile deberá indemnizar a dos estudiantes de Til Til luego de que en septiembre de 2015 estuvieran 9 días internados en un Centro del Sename, además de ordenárseles arresto domiciliario y firma quincenal por más de quince días, tras ser aprehendidos y acusados erróneamente de haber robado una joyería en el centro de Santiago.

Fredy O. y Christopher S., menores de edad a la fecha de los hechos, fueron formalizados por el Ministerio Público por los delitos de robo con intimidación, porte de arma de fuego y receptación, como protagonistas de un atraco que terminó con una persecución y tiroteos con Carabineros en las afueras del Servicio Médico Legal.  Sin embargo, posteriormente el defensor penal público Francisco Concha logró que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptara la solicitud de sobreseimiento presentada, la cual acreditaba -a través de testimonios, documentos médicos y educacionales- que al momento del asalto los estudiantes se preparaban para tomar un bus de vuelta a Til Til luego de acudir al Hospital San José donde uno de ellos se efectuaba un tratamiento kinesiológico y el otro lo acompañaba por disposición de su establecimiento educacional.

Finalmente ambos jóvenes fueron sobreseídos por el tribunal en octubre de 2015, decisión que fue ratificada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en noviembre del mismo año, confirmando así la absoluta inocencia de los jóvenes. 

Demanda civil contra el Estado

Tras el sobreseimiento el caso fue ingresado al Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, desde donde fue derivado a la Fundación Pro Bono, gracias al convenio que ambas instituciones tienen para apoyar a las personas que han sido injustamente encarceladas.

El Defensor Nacional  Andrés Mahnke, explicó que “año a año, aproximadamente 50 mil personas deben enfrentar el sistema de justicia sin ser responsables del delito que se les acusa. Incluso 3 mil 800 de ellas deben enfrentar la prisión preventiva (desde algunos días hasta dos años) antes de que se establezca su inocencia. Por ello, buscando una forma de reparar el gran daño que se les causa, hace ya cuatro años hemos trabajado junto a la Fundación Pro Bono para brindar apoyo a estas familias, afectadas por errores cometidos por los distintos actores del sistema de justicia, lo que importa una grave vulneración de las obligaciones de protección asumidas por el Estado”.

La directora ejecutiva de Fundación Pro Bono Carolina Contreras agregó que “desde el 2016 sostenemos una alianza con la Defensoría Penal Pública para proveer asesoría civil gratuita y de calidad a personas cuyos derechos han sido vulnerados por un sistema que requiere ser más riguroso para evitar errores que cambian la vida de estas personas y de sus familias. En estos casos, que además suelen tener exposición mediática, hay una estigmatización social muy grande”.   

Fue en virtud de este acuerdo en noviembre de 2016 las familias de los jóvenes, interpusieron una demanda civil en contra del Fisco por indemnización de perjuicios y daño moral, acción que fue patrocinada por Fundación Pro Bono con la defensa gratuita del estudio Rivadeneira Colombara Zegers. La asesoría de la firma estuvo conformada por el equipo de abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotroneo.