Gendarmería de Chile: de pariente pobre, a la reina de la fiesta en la lucha contra la criminalidad

Por: Jörg Stippel* y Luis Vergara**

Poco antes de Navidad, el gobierno nos entrega otro regalo en la lucha contra las asociaciones criminales. Se publicó la Ley 21.636 que, cual caballo de Troya, aparentando que solo se ocupa de la construcción, alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, además instituye a Gendarmería de Chile como una tercera policía, pero con atribuciones que hasta ahora solo tenía el Ministerio Público.

Gendarmería desde hoy será nuestra salvación contra el crimen organizado. Será la heroína que corrija las deficiencias investigativas de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por fin encontramos un órgano que puede hacerlo mejor que el Ministerio Público en el control y la coordinación de las acciones para perseguir penalmente al crimen organizado. Esto debe haber sido pensado así por el Gobierno, de otra forma no se entiende tanta necedad. Es decir, la nueva ley nos regala por un lado la posibilidad de meter más gente a cárceles viejas para que vivan en condiciones infrahumanas y legaliza una práctica investigativa del operador penitenciario que hasta ahora carecían de base legal. Ambas ideas reflejan una política que se ha rendido ante la contingencia. Un diseño coyuntural sin horizonte de futuro que contiene el manotazo de ahogado en materia de seguridad.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se convierte en gestor inmobiliario. Crea normas para generar planes reguladores a su medida. El bien común, en este caso la seguridad nacional, la seguridad pública interior, y “especialmente” la efectiva protección de la sociedad contra el crimen, quedan en manos del servicio penitenciario. Sorprende que el listado de urgencias no haya mencionado la salud pública, la educación y la promoción de la pequeña y mediana empresa. Pero la carta a Santa Claus solo pedía un cambio a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. Y “Santa” representado por nuestros legisladores, que al parecer nada saben de estos temas, respondió. Nos regaló como función legal del servicio penitenciario la de “asesorar, controlar y coordinar las acciones relativas a la persecución y prevención del surgimiento y operación de asociaciones delictivas o criminales”. Hasta antes el servicio tenía como función la de “atender, vigilar y contribuir a la reinserción social” de las personas recluidas (art. 1 Decreto Ley 2859). Esa descripción responde a lo que estipula la normativa internacional. “El Viejito” seguro que no se leyó las Reglas Mandela y nunca supo que la función penitenciaria es “un servicio social de gran importancia” (Regla 74.2). No es un servicio policial. Todo lo contrario. Tanto las Reglas Mandela, como el Protocolo de Estambul y el de Minnesota consagran que el éxito de las investigaciones en el ámbito carcelario depende de la imparcialidad e independencia de los investigadores. Chile cuenta hasta con dos instituciones policiales, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones que cumplen con esa descripción. Gendarmería de Chile no debería investigar delitos sino dedicarse a sus funciones. Pero ahora ese “discurso de los derechos humanos” es asunto del pasado. Necesitamos que todos y todas luchen contra asociaciones delictivas o criminales. Así que Gendarmería no sólo puede cumplir ordenes de la Fiscalía, sino debe asesorar, controlar y coordinar la persecución penal. Con esa norma la dirección funcional de la investigación es asunto del pasado. Como estamos en épocas de cambio constitucional, la carta magna tampoco juega un rol mayor. Ya no es sólo el Ministerio Público el organismo que dirige “en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito” (Art. 83 párr. 1 de la Constitución). Tenemos a Gendarmería a su lado que ahora también puede asumir la coordinación de la persecución y que en razón de los legislado es el salvador de nuestros males respecto de la seguridad. Pero la tarea se ve dura para nuestra nueva heroína, pues tiene que cargar con sus propios males antes de ayudar a otros. Debe hacerse cargo de sus graves problemas de gestión interna en los centros penales que tiene sumidos en la inhumanidad a casi 50 mil personas. Debe resolver el grave problema de corrupción de sus funcionarios y debe intentar ajustar sus prácticas en materia de derechos humanos para que de una vez por todas, logre ocuparse de contribuir a la reinserción de las personas que pasan por sus recintos. Solo cuando haga esto, que es lo básico, podrá ocuparse de salvarnos del criminen como lo quieren el gobierno y nuestros legisladores.

*Jörg Stippel Doctorado en Derecho U.Central

**Luis Vergara Doctorado en Derecho U.Central