La Ley de Registro de Deuda Consolidada y la Protección de Datos Personales

*Por Raúl Arrieta Cortés.

La reciente promulgación de la Ley 21.680 que crea el Registro de Deuda Consolidada
marca un hito en el sistema financiero del país. Esta ley tiene como objetivo mejorar la
evaluación crediticia de las personas y proporcionar mayor información a la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF) para su regulación y supervisión. Sin embargo, la
implementación de esta ley también trae consigo desafíos significativos en términos de
acceso a la información y la protección de datos personales, aspectos que deben ser
cuidadosamente considerados para asegurar una convivencia armoniosa entre la
transparencia financiera y la autodeterminación informativa.

El registro consolidado de deudas centralizará la información sobre las obligaciones
crediticias de las personas, permitiendo a los reportantes acceder a datos exactos,
íntegros y actuales. Este sistema promete una mayor eficiencia para la evaluación de
riesgos crediticios, facilitando el acceso al crédito y optimizando la gestión de riesgos por
parte de las instituciones financieras. Además, al unificar la información en un solo
registro, promete eliminar la necesidad de que las entidades requieran documentación
adicional a los solicitantes de crédito, simplificando los procesos y reduciendo costos.

No obstante, este acceso centralizado también plantea grandes desafíos para la seguridad
y el uso de la información. La ley establece que la CMF es la responsable de administrar el
registro, garantizando la privacidad de los datos conforme a la Ley 19.628 sobre
protección de la vida privada. Es crucial que la implementación de esta nueva normativa
se realice con celo, asegurando que únicamente las entidades autorizadas accedan a la
información y que ésta se utilice exclusivamente para los fines establecidos en la ley.

La protección de los datos personales en el contexto de un registro de deuda consolidada
es un aspecto fundamental que no puede ser subestimado y donde la CMF tendrá un
deber significativo de supervisión.

Además, se otorgan derechos a los deudores para acceder, actualizar, rectificar o eliminar
su información del registro, lo cual es esencial para mantener la integridad y exactitud de
los datos. Sin embargo, estos derechos deben ser accesibles y efectivos, permitiendo a las
personas ejercer control sobre su información personal sin enfrentar barreras
burocráticas. La efectividad de estos derechos es crucial para generar confianza en el
sistema, garantizar que los datos reflejen la verdadera situación de las personas en un
momento determinado y al mismo tiempo que éstas son capaces de controlar en todo
momento su información.

La coexistencia de la transparencia en el mercado financiero y la protección de datos
personales requiere un delicado pero significativo equilibrio. Por un lado, el acceso a
información precisa y completa es vital para una evaluación crediticia justa y eficiente. Los
acreedores necesitan datos fiables para tomar decisiones informadas, disminuir los
riesgos y ofrecer mejores condiciones a las personas. Por otro lado, la privacidad y el
control sobre los datos personales son derechos fundamentales que deben ser protegidos
en todo momento. La ley debe garantizar que la recopilación y el uso de la información
crediticia no vulneren los derechos de las personas.

La Ley 21.680 establece un marco legal robusto, pero su éxito dependerá de la
implementación efectiva y del compromiso de todas las partes involucradas para respetar
tanto la transparencia como el derecho a la protección de datos personales. Es
indispensable que la CMF y los reportantes actúen con responsabilidad, adoptando las
mejores prácticas en gestión de datos y cumpliendo estrictamente con las normativas de
protección de datos. Las entidades deben asegurarse de que sus sistemas y
procedimientos cumplan con los más altos estándares de seguridad para evitar cualquier
tipo de filtración o uso indebido de la información.

Un aspecto crítico es la capacitación y concienciación de todos los actores involucrados.
Quienes trabajan en las instituciones financieras y otros reportantes deben estar bien
informados sobre las obligaciones legales y las mejores prácticas para el tratamiento de la
información que se encuentra en el registro.

Además, la supervisión y fiscalización por parte de la CMF es esencial para asegurar el
cumplimiento de la ley. La Comisión debe establecer mecanismos efectivos para
supervigilar el cumplimiento de la ley, el adecuado cumplimiento de la finalidad en el
tratamiento de la información por parte de quienes acceden al registro y sancionar
oportunamente cualquier incumplimiento de la misma.

La participación activa de la ciudadanía también juega un rol importante. Los individuos
deben estar informados sobre sus derechos y las formas de ejercerlos. La CMF y otras
entidades deben llevar a cabo campañas de educación y sensibilización para asegurar que
los deudores conozcan cómo acceder, actualizar, rectificar y eliminar su información del
registro. Un sistema transparente y accesible fortalece la confianza del público y fomenta
una cultura de responsabilidad y protección de datos.

El Registro de Deuda Consolidada puede ser una herramienta poderosa para mejorar el
sistema financiero, siempre y cuando se gestione con un enfoque equilibrado que respete
la protección de datos. La protección de datos personales no debe ser vista como una
barrera, sino como un componente esencial para construir un sistema financiero más
transparente, eficiente y justo. Solo así podremos avanzar hacia un futuro donde el acceso a la información convivan en armonía con el resguardo de los derechos de los titulares de
la información, beneficiando tanto a las instituciones como a las personas. La Ley 21.680
presenta una oportunidad única para fortalecer el mercado financiero, pero su éxito
dependerá de una implementación cuidadosa y un compromiso firme con la protección
del derecho a la protección de datos personales.

*Raúl Arrieta Cortés, Abogado, Gutiérrez & Arrieta Abogados.