Ley mordaza y libertad de prensa

Por: Nicolás Navarrete Fasching*

Esta semana se conoció un proyecto de ley presentado por un grupo transversal de senadores para sancionar la divulgación de información reservada de investigaciones penales. La prensa y la opinión pública no tardaron en catalogar al proyecto como una ley mordaza. La preocupación que inspira el proyecto es del todo legítima; las filtraciones erosionan profundamente el sistema de investigación penal.

Con todo, el proyecto adopta decisiones que podrían afectar el libre ejercicio del periodismo. Sancionar a un periodista o a un editor por la publicación de información que llega a su conocimiento podría comprometer gravemente el rol fiscalizador de la prensa en una sociedad democrática. La determinación de los deberes y límites del periodismo deben resolverse mediante la adecuada ponderación del conflicto entre el interés público de la noticia y otros valores relevantes.

Esto no quiere decir que no existan problemas que deben enfrentarse. La revelación de información por fiscales, policías, funcionarios, abogados u otros intervinientes es delito. Estos casos deben investigarse con todo el rigor necesario. En lo que toca a la prensa, debe considerarse que la persecución puede extenderse a quienes inducen a otros a filtrar antecedentes, por tanto, hay un límite respecto de la forma en que se consigue la información. Por otro lado, aunque el secreto de la fuente protege al periodista, no impide que la Fiscalía utilice todas las herramientas legales para identificar el origen de la filtración.

Finalmente, se debe revisar la norma que permite que cualquier persona presente querellas en casos de corrupción o terrorismo. Bajo su amparo, han proliferado querellas presentadas por opositores políticos respecto de los cuales es razonable presumir una mayor disposición a filtraciones.

*Nicolás Navarrete Fasching. Abogado Universidad de Chile. Mg. en Derecho Penal Universidad de Talca y Universitat Pompeu Fabra. Profesor del Departamento de Derecho Penal P. Universidad Católica de Chile. Abogado del estudio Gálvez-Venegas-Hess & Navarrete