Por Daniela Saffie Budnik*.
Hace un tiempo tuve la oportunidad de asistir a un evento en la CEPAL donde se discutieron los avances y desafíos del mundo digital. Esa experiencia fue profundamente inspiradora y me dejó pensando en cómo la transformación tecnológica no es solo un fenómeno técnico o económico, sino también una cuestión social y, sobre todo, de derechos. A partir de ese encuentro, comencé a reflexionar sobre el rol que deberían tener las políticas públicas para asegurar una inclusión digital real, efectiva y equitativa.
Hoy, más que nunca, la tecnología digital ofrece enormes posibilidades. Puede aumentar la productividad, reducir costos en sectores como la manufactura e incluso permitir que los países en desarrollo se integren a una nueva revolución industrial. Herramientas como los cursos masivos en línea (MOOC) están transformando el acceso al conocimiento, derribando barreras geográficas y económicas que históricamente limitaron la educación de muchas personas.
Sin embargo, junto con estas oportunidades también emergen nuevos riesgos. El acceso desigual a estas tecnologías puede reforzar, en lugar de reducir, las brechas existentes. En lugar de acercarnos, la digitalización —si no se gestiona con enfoque social— puede alejarnos aún más. La inteligencia artificial, por ejemplo, si no se regula con criterio ético, podría replicar patrones de discriminación y marginar aún más a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Hoy, ser parte activa del mundo digital ya no es una elección personal. Es una condición para participar plenamente en la sociedad. Estar conectados se ha convertido en una necesidad básica, al punto que debería reconocerse como un derecho. Por eso, avanzar en digitalización sin pensar en equidad no solo es insuficiente, sino también injusto. Necesitamos políticas públicas que reconozcan estas desigualdades y trabajen por reducirlas, asegurando una conectividad significativa, es decir, que no sea solo tener señal, sino poder usarla de forma útil y segura.
Cuando hablamos de inclusión digital, no se trata simplemente de entregar acceso a internet o repartir dispositivos. Hablamos de mucho más: de desarrollar habilidades digitales, de promover un uso crítico y seguro de la tecnología, de garantizar acceso a contenidos relevantes y de habilitar una participación real en entornos digitales. La inclusión digital significa que todas las personas —sin importar su edad, lugar de residencia, nivel socioeconómico o situación educativa— puedan beneficiarse del mundo digital en igualdad de condiciones.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones lo resume bien: inclusión digital es cuando todas las personas pueden usar, acceder y beneficiarse de la tecnología de manera equitativa y justa. Y desde un enfoque de derechos humanos, esto no es opcional: es una dimensión fundamental del desarrollo social. Hoy, el acceso a la información, la participación política, los servicios del Estado y las oportunidades laborales pasan cada vez más por lo digital.
Esto plantea grandes desafíos para los sistemas de protección social. La digitalización de los servicios sociales puede traer beneficios importantes: simplificar trámites, reducir tiempos, aumentar coberturas. Pero si se implementa sin considerar las realidades sociales, culturales y territoriales, corre el riesgo de excluir aún más a quienes no tienen las herramientas necesarias para navegar este nuevo entorno.
Por eso, avanzar hacia un futuro digital verdaderamente inclusivo requiere más que voluntad tecnológica. Requiere un enfoque integral y humano, donde las políticas públicas incorporen la transformación digital como parte de su diseño, especialmente en aquellas áreas que protegen y acompañan a las personas en mayor vulnerabilidad.
El mundo digital abre puertas inéditas al desarrollo. Pero ese potencial solo se hará realidad si lo construimos desde una lógica ética, participativa y centrada en las personas. La inclusión digital no es solo un desafío técnico: es una necesidad urgente para garantizar la justicia social en el siglo XXI.
*Daniela Saffie, psicóloga de la Universidad Del Desarrollo, defensora de los Derechos Humanos.
