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Caso Penta: 8° Juzgado de Garantía inicia procedimiento abreviado y excluye delitos de cohecho y soborno
El Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público e inició un nuevo proceso para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dejando fuera a CDE y Ciudadano Inteligente.
Durante esta jornada el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público e iniciaron un procedimiento abreviado para el caso Penta, luego de eliminar el delito de cohecho que en un principio se les había imputado.
Lo anterior se habría dado por un acuerdo entre el fiscal Manuel Guerra y la defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
De esta forma, quedarían fuera el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la fundación Ciudadano Inteligente, quienes eran querellantes, ya que el juez Daniel Aravena acogió los argumentos de la defensa, desestimando la incidencia presentada por estos.
Así, el CDE no podrá ya proceder por soborno y cohecho en contra de Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y al ex subsecretario Pablo Wagner y solo podrán acusar el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes apoyan el juicio abreviado.
La fundación y el Consejo solicitaron la nulidad procesal, argumentando que los nuevos cargos afectan derechos reconocidos en la Constitución como querellantes. La abogada del CDE Luppy Aguirre aseguró que en la decisión existe ilegalidad.
Por su parte, las autoridades de Ciudadano Inteligente se expresaron diciendo que la Fiscalía “renunció a juzgar”.
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín ahora serán imputados por delitos tributarios, debido a la presentación de boletas y facturas ideológicamente falsas en carácter de reiterado, mientras que a Wagner se le quitan los cargos por cohecho y se le acusa de enriquecimiento ilícito.
Actualmente arriesgan 4 años de presidio en libertad vigilada, sin pena efectiva de cárcel como se había solicitado en un principio cuando los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena dirigían el caso.
Además deberán pagar como multa un 100% de lo defraudado. Según el SII, el perjuicio fiscal en relación al financiamiento irregular de campañas políticas, ronda los $1.700.000 de pesos entre 2009 y 2014.
