Defensoría Penal Pública aprueba su primera política de uso responsable de inteligencia artificial

La Defensoría Penal Pública aprobó su primera Política de Uso Responsable de Inteligencia Artificial (IA), un hito relevante de la gestión de la Defensora Nacional, Verónica Encina, que establece principios, responsabilidades y mecanismos de control para incorporar estas tecnologías en el trabajo institucional, resguardando los derechos fundamentales, el debido proceso y la confidencialidad de la información.

La normativa, oficializada mediante la Resolución Exenta N° 451, busca aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial para optimizar procesos, apoyar el análisis de información, facilitar tareas jurídicas y administrativas y fortalecer las capacidades de los equipos de defensa, bajo un principio fundamental: la tecnología debe complementar el trabajo de los defensores, nunca sustituir su criterio profesional ni su independencia técnica.

En este contexto, la Defensora Nacional, Verónica Encina, destacó la importancia de avanzar hacia una modernización tecnológica responsable, que permita mejorar la calidad de la defensa penal sin comprometer las garantías de las personas representadas.

“La inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar la defensa penal pública, fortalecer las capacidades de nuestros defensores y mejorar el acceso a la justicia. Pero hemos establecido un límite que es irrenunciable: ninguna tecnología puede reemplazar el criterio profesional, la independencia técnica ni la responsabilidad de quien ejerce la defensa”, dijo la abogada.

Y recalcó: “La estrategia jurídica siempre será definida por el defensor o defensora, considerando los derechos y la voluntad informada de la persona representada. Nuestro compromiso es avanzar hacia una defensa penal de mayor calidad, utilizando la innovación tecnológica con responsabilidad, seguridad y un profundo respeto por la dignidad de las personas”.

La inteligencia artificial no podrá definir estrategias de defensa

Uno de los aspectos centrales de la nueva política es que prohíbe delegar en sistemas de inteligencia artificial la definición final de la teoría del caso, la adopción de acuerdos, la presentación de recursos y otras decisiones que requieren juicio jurídico profesional.

Asimismo, establece que todos los escritos, alegaciones, análisis de prueba y documentos elaborados con apoyo de estas herramientas deberán ser revisados y validados por el defensor responsable de la causa.

La regulación contempla también estrictas medidas de protección de datos personales, confidencialidad y secreto profesional, junto con mecanismos para prevenir errores, sesgos, información falsa y eventuales vulneraciones de derechos.

Para garantizar su implementación, se contempla la creación de un Comité de Gobernanza de Inteligencia Artificial, además de programas de capacitación para defensores y funcionarios, evaluación de riesgos y supervisión permanente de las herramientas utilizadas.

La aprobación de esta política representa un avance en la agenda de modernización institucional impulsada por Verónica Encina, al establecer un marco que permite incorporar innovación tecnológica con reglas claras, responsabilidad profesional y respeto por las garantías fundamentales.

Con esta iniciativa, la Defensoría Penal Pública busca fortalecer una defensa penal moderna, eficiente y de calidad, reafirmando que la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas y contribuir a mejorar el acceso a la justicia, sin reemplazar jamás el rol esencial de los defensores.