Europa regula, Chile observa: una advertencia para la futura ley de inteligencia artificial

Por Arnoldo König Jottar y Sofía Jaque Pérez*

El creciente desarrollo de la inteligencia artificial ha planteado a nivel mundial la necesidad de decidir cómo regularla. Frente a los desafíos éticos, sociales y económicos que plantea, los países han adoptado caminos distintos. Mientras ciertos países, como los miembros de la Unión Europea han apostado por una regulación detallada, centralizada y ex ante, que busca establecer reglas uniformes antes de que la tecnología se desarrolle plenamente, otras jurisdicciones, como Estados Unidos y Japón, han optado por enfoques más flexibles, basados en la gestión de riesgos, la cooperación público-privada y la autorregulación supervisada.

En Europa, el Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act, entró en vigor el 1 de agosto de 2024 estableciendo un sistema de control ex ante, clasificando los sistemas de IA por niveles de riesgo y exigiendo auditorías, registros y certificaciones. Aunque sus objetivos declarados son legítimos —proteger derechos y generar confianza—, los resultados iniciales demuestran costos elevados, incertidumbre jurídica y un impacto negativo en la competitividad tecnológica europea.

Un estudio de la Information Technology & Innovation Foundation estimó que el AI Act podría costar a la economía europea más de 31 000 millones de euros hasta 2025, con una caída de hasta un 20 % en la inversión en IA. Paralelamente, datos de la Comisión Europea muestran que solo un 13,5 % de las empresas europeas con más de diez empleados utiliza tecnologías de inteligencia artificial, cifra inferior a la de Estados Unidos o Japón, donde la adopción es significativamente mayor. En otras palabras, Europa está regulando más de lo que innova.

Pero el problema no es solo económico. El modelo europeo enfrenta una falta de certeza jurídica significativa, ya que buena parte de sus disposiciones dependen de actos delegados y estándares técnicos que aún no existen, lo que impide a las empresas conocer plenamente sus obligaciones. Conceptos como “sistemas de IA” o “sistemas de alto riesgos” siguen siendo ambiguos y generan interpretaciones divergentes entre los Estados miembros, fragmentando el propio mercado único que la norma buscaba consolidar. La consecuencia es una burocracia creciente que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con altos costos de cumplimiento y obstáculos para innovar.

Incluso la industria tecnológica europea ha manifestado preocupación. Empresas como Siemens y SAP solicitaron revisar la regulación por considerar que pone en riesgo la competitividad global del continente. De acuerdo con un análisis del Carnegie Endowment for International Peace, el enfoque europeo podría convertir a la UE en un actor subordinado en materia de innovación, dependiente de desarrollos foráneos que no enfrentan las mismas cargas regulatorias.

En Chile estamos avanzando en esa misma dirección, con la tramitación del Proyecto de Ley sobre Inteligencia Artificial (Boletines N° 15.869-19 y 16.821-19, refundidos), actualmente en segundo trámite constitucional. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que el modelo europeo, más que un referente exitoso, constituye un experimento aún inconcluso, marcado por ajustes institucionales constantes y críticas desde múltiples frentes.

Para un país como Chile, replicar ese esquema constituye un error que puede salir muy caro. En lugar de importar una arquitectura normativa costosa y rígida, debemos enfocarnos en marcos regulatorios flexibles, basados en estándares técnicos verificables y en mecanismos de control ex post, donde el Estado intervenga ante daños reales y no frente a riesgos hipotéticos.

Europa nos deja una advertencia clara: regular en exceso puede ser tan perjudicial como no regular en absoluto. Chile necesita una regulación que no asfixie la innovación, sino que la oriente con responsabilidad. Un marco basado en incentivos, estándares verificables y control ex post sería una respuesta más eficiente y realista, alineada con nuestras capacidades institucionales y con una visión de futuro en la que la ética y la competitividad coexistan.

*Arnoldo König Jottar, GA-Abogados

*Sofía Jaque Pérez, GA-Abogados