Por Carmina Vásquez*
Tengo una clienta que tuvo un hijo de una relación esporádica, nunca quiso nada serio con el papá de la guagua porque supo casi al instante que iban a tener problemas. Cuando el niño cumplió un año, demandamos al papá por la pensión de alimentos, ya que siempre “aportaba” lo que podía y jamás de forma regular, a pesar de que ambos eran profesionales.
Pedimos en ese momento lo que gasta un niño, pañales, leche, papillas y la suma era bastante razonable porque ella en su trabajo tenía la sala cuna 100% pagada, por lo que su cuidado no sería un costo adicional.
El juicio se demoró casi dos años, en todo ese tiempo se pidieron peritos de ambos lados, que salieron carísimos, testimonial en la que tuvieron participar amigos y familiares, incluso la mamá de cada uno declaró. Fue un desangre económico y emocional, en que las relaciones entre ambos se tensaron terriblemente. La sentencia, demoró otros ocho meses en dictarse.
Casi tres años después, el tribunal finalmente resolvió. Fijó un monto inferior al solicitado, pero coherente con lo que habíamos proyectado… para un niño de un año. El problema es evidente: el niño ya no tiene un año. Está próximo a cumplir cuatro.
Y entonces mi clienta me hace una pregunta que en teoría debería ser sencilla, pero que en la práctica es brutal: ¿vale la pena apelar?.
Le dije con toda honestidad que no, en la realidad cotidiana, al menos en la Corte de Apelaciones de Santiago, la apelación es muchas veces un gesto vacío, no necesariamente por el resultado, pero si por la espera. Hoy, una vista de la causa en familia se está demorando entre uno y dos años. No es una exageración, es la regla.
Eso significa que si esta madre apela, la resolución definitiva llegará cuando su hijo tenga probablemente seis años. Un niño que no es el mismo que el de la demanda original. No usa pañales, va al colegio, come sólido, necesita uniforme, materiales, transporte, extraprogramáticas, recreación, etc. Sin embargo, el sistema sigue tratando el conflicto como si el tiempo fuera neutro y el niño siguiera teniendo un año.
La alternativa a apelar no es razonable, pero si la madre decide no apelar, debe conformarse con un monto que no cubre adecuadamente las necesidades actuales de su hijo, lo que es más que evidente con la edad que tiene hoy el niño. Y si quiere ajustarlo como en derecho correspondería debe iniciar un nuevo juicio. Volver a demandar, volver a probar, llamar de nuevo a sus testigos, gastar nuevamente en peritos, con todo lo que eso significa.
Es decir, el sistema le ofrece dos caminos igualmente desgastantes,
esperar años por una apelación que llega tarde, o empezar de nuevo un juicio que también llegará tarde.
En teoría, el interés superior del niño debiera ser el eje de todo el procedimiento. En la práctica, ese interés queda atrapado en plazos eternos, en agendas colapsadas, tanto así que los propios funcionarios han optado por decírtelo, porque todo el sistema está igual, no hay a quien reclamar.
Lamentablemente los NNA no pueden “esperar a que se vea la causa”. Crecen igual. La apelación, tal como está diseñada y ejecutada hoy en familia, no es un medio eficaz, porque el sistema completo se ha demorado. En muchos casos, termina funcionando como una disuasión encubierta, apelar es tan largo, tan incierto, tan costoso emocionalmente, que muchas personas simplemente desisten.
No se trata de eliminar la apelación. Se trata de preguntarnos con honestidad si tiene sentido mantener un recurso que, en la práctica, no es eficaz para proteger derechos urgentes. O si seguimos fingiendo que el proceso funciona, mientras los niños crecen y las sentencias llegan cuando el conflicto ya mutó por completo.
Mi clienta, al final, decidió apelar. Me dijo que no podía soportar otro juicio.
*Carmina Vásquez – Abogada
