Por Víctor Ríos*
La iniciativa del Ministerio de Obras Públicas de incorporar nuevos mecanismos para abordar las discrepancias durante la ejecución de sus contratos merece ser valorada. Constituye un avance necesario para una industria en la que resolver oportunamente una
diferencia puede ser tan importante como la solución misma. Una controversia que se prolonga compromete recursos, dificulta decisiones y puede retrasar la entrega de infraestructura que el país necesita.
La contratación de obras públicas enfrenta dos desafíos estrechamente relacionados: contar con herramientas eficientes para destrabar las discrepancias durante la ejecución de las obras y disponer de reglas claras y coherentes que permitan anticipar cómo se administrará el contrato. La propuesta del MOP comienza a hacerse cargo del primero de dichos desafíos.
La experiencia internacional ofrece mecanismos como los Dispute Review Boards (DRB)
y los Dispute Adjudication Boards (DAB), paneles de expertos que ayudan a abordar
desacuerdos con conocimiento técnico y oportunidad. Su aporte consiste en evitar que los
problemas se acumulen hasta transformarse en litigios extensos y costosos, cuando la
obra ya ha sufrido sus consecuencias.
En ese contexto, las alertas tempranas, las comisiones consultivas y el panel
especializado propuestos por el MOP abren una valiosa oportunidad para mejorar la
relación entre la Administración y sus contratistas. Incorporar una mirada especializada al
tratamiento de las discrepancias puede facilitar soluciones, reducir incertidumbres y
favorecer la continuidad de los proyectos.
Si bien la experiencia internacional prefiere mecanismos de acompañamiento
permanentes, con expertos por cada contrato y desde un inicio, en nuestra opinión, ello
no disminuye el valor de esta iniciativa. Nos parece que corresponde impulsar su
implementación y luego evaluar sus resultados para perfeccionarla. Junto con ello,
convendría considerar otros mecanismos, como la mediación y el arbitraje,
este último ya aplicado en los contratos de concesiones de obras públicas.
También parece necesario examinar la diferencia de trato entre quienes contratan con el Estado. Mientras los concesionarios de obras públicas cuentan con mecanismos arbitrales que favorecen una resolución especializada y oportuna de sus controversias, los contratistas de obras públicas tradicionales deben acudir a la justicia ordinaria, cuyos tribunales carecen de esa especialización y enfrentan una elevada carga de trabajo. Sus disputas pueden prolongarse por más de una década. Cabe preguntarse si esta diferencia se justifica o si debiéramos avanzar hacia garantías equivalentes de acceso a una justicia especializada y oportuna para todos los contratistas.
Queda pendiente el segundo desafío: actualizar el DS 75, reglamento que rige los
contratos de obras públicas. Su falta de sistematización y algunas ambigüedades generan
incertezas y diferencias de criterio entre el MOP, los contratistas y la propia Contraloría
General de la República. Ello también afecta la gestión oportuna de los proyectos. Su
solución pasa por una mayor claridad en el tratamiento de los riesgos, derechos y
obligaciones de las partes.
Esa revisión debiera atender especialmente a la gestión de los cambios durante la ejecución. Es importante que ambas partes sepan cómo solicitar, evaluar y formalizar una modificación, y especialmente cómo determinar sus efectos económicos y de plazo. Resolver estas materias oportunamente permite preservar la sostenibilidad del contrato y dar continuidad a los trabajos.
Dicha mejora normativa dará mayor certeza a los oferentes, influyendo en el
atractivo de una licitación. Cuando resulta difícil anticipar los riesgos, aumentan los
precios de las ofertas y, lo que es peor aún, disminuyen los incentivos para participar.
Avanzar en ambos frentes permitiría una contratación pública más confiable y competitiva.
El país necesita mecanismos que ayuden a resolver a tiempo y reglas que den certeza
desde el comienzo. La iniciativa del MOP es un paso valioso en esa dirección.
*Por Víctor Ríos
Fiscal del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
