Por Josefina Beheran*
Todos hemos escuchado la amenaza “me voy a querellar por injurias”. Suena contundente, pero el derecho penal es más exigente de lo que la frase sugiere. Vale la pena explicar qué se necesita para que una ofensa sea delito.
El Código Penal define la injuria como toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Las injurias graves incluyen la imputación de un vicio o falta de moralidad que pueda perjudicar considerablemente la fama o los intereses del ofendido, y aquellas que en el concepto público se tienen por afrentosas. La ley las castiga con más severidad cuando se cometen “con publicidad”, lo que ocurre cuando el mensaje escrito llega a más de cinco personas, algo que hoy se logra con un solo clic en redes sociales.
Hasta aquí parece simple. Pero dos ideas separan una querella con fundamento de una destinada a fracasar.
La primera es el llamado animus injuriandi, el ánimo de injuriar. No basta con que una frase sea dura, incómoda o hiriente. Los tribunales exigen que quien la dijo haya tenido el propósito específico de ofender, de rebajar al otro frente a los demás. Si la expresión se dijo con otra finalidad, como relatar un hecho, informar, criticar, defenderse o ejercer un derecho, ese otro ánimo desplaza al injurioso y el delito desaparece. Por eso una carta de despido que invoca una falta de probidad, una denuncia ante la Fiscalía o un reclamo en un juicio no constituyen injurias. Como ha dicho la Corte de Apelaciones de Santiago, no existen palabras que sean delito por sí mismas; lo que define el delito es el propósito, no el vocabulario. Una regla práctica ayuda. Si lo dicho puede ser verdadero o falso, es una imputación de hechos y hay que poder sostenerla; si es una valoración, es opinión y vale mientras no sea un mero insulto.
La segunda idea es qué bien jurídico protege este delito. La honra tiene dos caras. Una es subjetiva, la estima que cada persona tiene de sí misma. La otra es objetiva, la opinión que los demás tienen de nosotros, nuestra reputación. El delito de injurias protege esta última. Sentirse humillado o dolido no es suficiente. Hay que acreditar que la expresión fue apta para dañar la imagen de la persona ante su entorno, su comunidad o su mercado. Por eso una frase dicha en una reunión privada, por áspera que haya sido, difícilmente configura el delito, mientras que la misma frase proferida ante más personas, sí puede hacerlo.
Esta exigencia no es un capricho. El derecho penal es la herramienta más severa del Estado y debe reservarse para quien realmente busca destruir la reputación de otro. Para el resto de los conflictos existen otros caminos, como la vía civil.
Antes de querellarse, o de preocuparse por una querella, conviene hacerse dos preguntas. ¿Hubo intención de ofender o se persiguió otro fin? ¿Se dañó la reputación ante terceros o solo se hirieron sentimientos? Las respuestas suelen decidir el caso.
*Josefina Beheran, asociada de Urrutia Rivas Abogados
