Columnas
El corretaje o mediación inmobiliaria: más allá del derecho del consumo
Publicado por Macarena Díaz de Valdés y Pablo Cornejo*
En la práctica comercial actual es habitual que los principales contratos que celebran las personas naturales en el ámbito inmobiliario —a saber, compraventas de inmuebles y contratos de arrendamientos— se encuentren precedidos de la celebración de un contrato mercantil, particularmente, de un contrato de corretaje o mediación. Y existen buenas razones para que ello sea así las cuales dicen relación principalmente con el carácter de profesional que tiene el corredor (aunque debido a la falta de regulación se observa que no todos tienen la necesaria experticia) lo cual proporciona una cierta seriedad a la operación y la reducción de los costos que implica la búsqueda de un interesado. Razones similares concurren en aquellos casos en que quien desea comprar o arrendar una propiedad recurre a un corredor, con miras a que sea éste quien se encargue de buscar activamente una oferta que sea acorde con sus intereses.

En este sentido, pese a que los actuales medios tecnológicos facilitan enormemente el encuentro de las partes —pues los interesados pueden acceder a portales en los que se ofertan propiedades en venta o arriendo a través de información fácilmente comprensible, que permite incluso segmentar la disponibilidad por sectores y precios—, lo usual es que quienes recurran a ellos sean los mismos corredores, quienes efectúan las labores de avisaje como parte de sus labores de intermediación.
Como bien se puede advertir, mientras nos encontremos en el marco de la actividad descrita —actividad de intermediación—, el contrato en cuestión se enmarcará estrictamente dentro del marco del corretaje, pues el corredor de propiedades se estaría encargando de obtener una oferta seria tendiente a la realización de un determinado negocio, en este caso, la compraventa o el arrendamiento de un inmueble. El corredor, en el evento de lograrla tendrá derecho a cobrar al cliente una determinada comisión (Puelma, 56).

En este marco, el carácter limitado de la intervención del corredor vinculado a aproximar a las partes para que sean éstas quienes celebren el contrato que desean, permite explicar que nuestro Código de Comercio diferencie esta relación contractual de aquella que nace del contrato de mandato o comisión mercantil (art. 234), pues ésta última involucra actuaciones en confianza que implican la gestión de un negocio ajeno, característica propia del mandato y por tanto, va más allá del simple acercamiento de posiciones. Sin embargo, la práctica permite advertir fácilmente que el rol que desempeñan los corredores de propiedades excede con creces el marco propio del contrato de corretaje o de la mera intermediación, ya que muchas veces se incorporan obligaciones que parecen ser propias de la comisión mercantil o, incluso, del contrato de prestación de servicios.
Así, en la práctica contractual es usual que la intervención de los corredores no se limite simplemente a la intermediación propiamente tal, sino que involucre, además, la obtención y revisión preliminar de los títulos que servirán para la celebración del contrato, la gestión de la información relacionada con la propiedad que se quiere vender o arrendar —como ocurre con sus características, metraje o los atributos inmobiliarios a que se tendrá acceso en el edificio—, la redacción de los respectivos contratos de compraventa o arrendamiento, incluso, la gestión del negocio encomendado: esto último es lo que ocurre, en particular, en los contratos de arrendamiento, donde es usual que, una vez celebrado el contrato, sea el corredor quien se encargue de percibir el pago de las rentas, así como de gestionar los reclamos que efectúe el arrendatario en relación con la propiedad arrendada. En este caso, el rol del corredor no será el de un simple intermediario, sino que participará de la gestión del negocio subyacente, asumiendo obligaciones que son propias de los mandatarios.
Esta última es una cuestión de primera relevancia. En efecto, estas prestaciones adicionales que quedan comprendidas dentro del alcance del encargo encomendado por alguna de las partes o ambas pueden generar eventuales conflictos de interés por parte del corredor. Así, si sus actuaciones exceden del limitado marco que es propio del contrato de corretaje y realiza actuaciones que inciden en el negocio mismo, resulta razonable preguntarse si mantiene un actuar independiente o si, por el contrario, está favoreciendo el interés de una de ellas. Generalmente, del vendedor o del arrendador, quien le encomienda activamente la obtención de ofertas, en desmedro de la otra, como queda en evidencia al leer las cláusulas del contrato redactado por el corredor. Desde una perspectiva contractual, la solución a este problema no puede quedar entregada al actuar ético del corredor, pues la sola existencia del conflicto de interés impone la necesidad de salvaguardas adicionales. Sin ir más lejos, tanto el Código Civil como el Código de Comercio imponen en este caso al mandatario o comisionista implícitamente deberes especiales de información con miras a resguardar el interés de su mandante, pues éste debe conocer y aceptar la gestión de estos intereses contrapuestos (art. 271 del Código de Comercio). La cuestión será determinar si, en razón de los servicios adicionales prestados, podemos calificar a ese corredor como un mandatario o comisionista.
Para resolver el problema relacionado con los eventuales conflictos de interés, será necesario revisar cuál es el alcance de las obligaciones del corredor para con las partes, a fin de determinar correctamente la naturaleza de los servicios que presta a cada una de ellas. En este sentido, resulta habitual que sólo una de las partes celebre efectivamente un contrato de corretaje, mientras que a la otra pretenden extenderse sus efectos a partir de la suscripción de “órdenes de visita” de la propiedad. Por más que se trate de una cuestión recurrente, es necesario advertir la manera como esta práctica a todas luces desnaturaliza el rol del corredor. En efecto, en este caso, el corredor no estará desempeñando ninguna gestión que beneficie al comprador o arrendatario, pues se estaría limitando a “mostrar” una propiedad que fue previamente seleccionada por parte de este último, en cumplimiento de las obligaciones contraídas con el vendedor o arrendador. No existe, en consecuencia, gestión alguna destinada a la obtención de ofertas, característica del corretaje. Debido a lo anterior, en estos casos podría cuestionarse parte importante del contenido de estas órdenes, pues en la medida que no existe un verdadero contrato de corretaje no se explica que la remuneración del corredor corresponda a un porcentaje de la venta de la propiedad o de su arriendo, ni mucho menos que pretendan imponerse obligaciones de exclusividad sobre todo cuando estas tampoco indican un tiempo determinado.
Si ello es así, el corredor estaría, en el mejor de los casos, prestando un servicio al comprador o arrendatario consistente en la exhibición y acompañamiento del interesado a la propiedad que se pretende comprar o vender, del cual mal podrían derivar obligaciones de pagar porcentajes por concepto de correduría, ni tampoco la obligación de realizar el negocio en cuestión por su intermedio. Como contrapartida, en la medida que se limita la intervención del corredor y se transparenta que éste actúa gestionando el interés de una de las partes, los posibles casos de conflictos de interés quedan limitados. Sin embargo, esto obliga a transparentar el actuar de los corredores, a fin de determinar quiénes son las personas a quienes deben su confianza.
El contraste entre la práctica contractual y la manera como nuestro derecho regula las diversas operaciones involucradas en la gestión inmobiliaria genera problemas que muchas veces pueden afectar no sólo a las partes que negociarán el contrato, sino también a la actividad misma del corredor, extendiendo su responsabilidad hacia materias que en principio debiesen resultarles ajenas, como ocurre con las condiciones y características técnicas propias del inmueble (Figueroa, 11). Desde esta perspectiva, el correcto funcionamiento del mercado inmobiliario exige un examen previo acerca de cuáles son los contratos que se están celebrando con el corredor, sus limitaciones y las responsabilidades que se derivan de su incumplimiento, pues en la práctica es muy usual que exista una superposición entre aquellas escuetas reglas que rigen el corretaje, con aquellas mucho más exigentes que son propias del mandato, la comisión mercantil o la prestación de servicios.
Finalmente, este es un examen previo que resulta indispensable antes de definir cuáles son los eventuales deberes que tienen los corredores de propiedades desde la perspectiva de la aplicación de la Ley N°19.496 (“LPDC”). En efecto, si bien es claro que las disposiciones de esta última son aplicables a los corredores, debido a la propia calificación como mercantil de la actividad que éstos desarrollan (tema sobre el cual nos hemos referido previamente), el alcance de los deberes específicos que tendrán en virtud de la aplicación de la ley es una cuestión que obliga a revisar en concreto los contratos que se están celebrando. Sin este paso previo no es posible definir cuáles son las razonables expectativas que tienen quienes encomiendan la gestión de los negocios inmobiliarios a los corredores, por ejemplo, para efectos de definir cuando una cláusula es abusiva a la luz de lo dispuesto en el artículo 16 letra g) de la LPDC, o cuáles son los específicos deberes de información que tendrá el corredor, o incluso, si en esta materia tendrán algún valor las cláusulas arbitrales que las partes incorporen en alguno de los instrumentos habituales en la práctica contractual. Y, evidentemente, no será posible determinar cuáles son los deberes específicos que emanan del deber de profesionalidad en cuanto proveedor. En las siguientes columnas abordaremos los principales problemas que hemos identificado hasta el momento.
Fuentes:
Figueroa, Juan Eduardo (2008): El corredor de propiedades frente a la actividad inmobiliaria, LegalPublishing, Santiago.
Puelma, Álvaro (1991): Contratación comercial moderna, Editorial Jurídica de Chile, Santiago.
*Columna publicada por Macarena Díaz de Valdés y Pablo Cornejo




