Columnas

Denuncias falsas en juicios de familia: dos proyectos, un dilema que la ley todavía no sabe resolver

Por Naomí Sussely Menis*

En las últimas semanas, el Congreso ha vuelto a discutir una pregunta para quienes litigamos en familia: ¿qué hacemos con las denuncias falsas cuando hay niños de por medio? No es una discusión teórica. Hoy conviven dos iniciativas que apuntan al mismo problema por caminos distintos, y entre ambas aparece, con bastante claridad, el dilema de fondo.

Naomi Sussely Menis.

El primer proyecto es una moción en primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados (boletín 18.326), que se discute en general en la Comisión de Familia. Busca sancionar las denuncias falsas, reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales y establecer medidas de prevención. Su preocupación central es el uso instrumental de denuncias e informes para obtener ventajas, por ejemplo en causas de cuidado personal, y las conductas que, mediante simulaciones, pueden aislar injustificadamente al niño de uno de sus progenitores, de otros parientes o de sus referentes afectivos. Según lo informado, se espera que la comisión vote la idea de legislar durante la segunda quincena de noviembre.

El segundo es un proyecto que se tramita en el Senado, impulsado por la senadora Vanessa Kaiser junto a parlamentarios de RN y UDI. Propone sancionar acusaciones, denuncias o querellas no verídicas en materias de familia y delitos sexuales, y crear un procedimiento especial ante el mismo tribunal que conoció la causa original. La persona denunciada y luego absuelta o sobreseída podría pedir que se declare la falsedad de la denuncia. Entre las sanciones que se han informado figuran penas de prisión (de 541 días a cinco años) y multas de 21 a 60 UTM, además de medidas reparatorias como indemnización, retractación pública y condena en costas. También alcanzaría a peritos, psicólogos y profesionales de la salud que emitan informes falsos o sin sustento técnico, si actúan con dolo.

La discusión técnica más relevante gira en torno a qué estándar subjetivo exigir. Las versiones informadas hablan de «dolo o culpa grave», y la propia senadora Kaiser ha indicado que prefiere «dolo directo», de modo que solo cuente una denuncia probadamente falsa y presentada a sabiendas para activar el sistema, excluyendo aquellas que se archivan por falta de pruebas. Esa diferencia no es un detalle de redacción: decide si una denuncia de buena fe, mal fundada o imposible de acreditar, puede o no exponer a quien la hizo a una sanción.

Quienes apoyan estas iniciativas sostienen que los niños no deberían pagar el costo de las denuncias falsas y que los progenitores injustamente acusados quedan, hoy, con pocas herramientas de reparación. Como dijo uno de los invitados a la Comisión de Familia de la Cámara, «el niño no puede ser un botín de la guerra entre las partes». Un perito expuso además que una causa puede tardar años, tiempo durante el cual un niño puede quedar desvinculado de uno de sus progenitores.

Las críticas, por su parte, vienen de organizaciones de protección de la infancia y de la sociedad civil, y son igualmente serias. Sostienen que un caso archivado no equivale a una denuncia falsa, que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil termina por falta de pruebas, y que el solo riesgo de ser sancionado podría disuadir denuncias legítimas. Advierten también que, según cómo se redacte, el proyecto podría alcanzar a quienes tienen el deber legal de denunciar, como docentes y profesionales de la salud, o a los peritos que evalúan a los niños. Recuerdan, además, que el Código Penal ya sanciona la acusación calumniosa. Y hay un reparo procesal: la posibilidad de declarar la falsedad aun cuando exista solo un sobreseimiento provisional, o de ordenar pagos sin audiencia previa.

Desde la práctica en tribunales de familia, hay tres puntos que me parece útil poner sobre la mesa.

Primero, el problema de la prueba. Muchas denuncias en familia no se resuelven con un resultado claro. Un archivo, un sobreseimiento o una absolución no son lo mismo que una falsedad probada, y cualquier diseño legal que los equipare corre el riesgo de castigar el fracaso probatorio.

Segundo, el factor tiempo. Los plazos de los procesos influyen en el vínculo del niño con sus progenitores, y ese argumento, que plantean quienes impulsan estos proyectos, es real. Pero apunta a una solución distinta de sancionar: procedimientos más rápidos y peritajes de mejor calidad podrían reducir tanto el espacio para el uso instrumental de las denuncias como el daño de las denuncias legítimas que no prosperan.

Tercero, el interés superior del niño. Ninguna de las dos posiciones puede reclamarlo en exclusiva. Proteger a un niño de una denuncia falsa y proteger a un niño de que sus denuncias legítimas no sean escuchadas son objetivos igualmente válidos, y la ley tendrá que equilibrarlos con precisión.

Quizás la lección más útil del debate actual es que ambos proyectos parten de un diagnóstico verdadero, pero ofrecen una solución que aún no resuelve la tensión central. Mientras el Congreso afina su texto, a quienes ejercemos en esta área nos corresponde algo más modesto y más inmediato: litigar con rigor probatorio, informar a nuestros clientes de la diferencia entre una denuncia que no prospera y una falsa, y exigir que cualquier reforma se escriba con la misma cautela con que se ponderan los derechos de los niños.

 

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