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Indignidad para suceder: un fallo acertado y una reforma pendiente
Por Manuel Barría Paredes*
La Corte Suprema, mediante sentencia de 4 de noviembre de 2026 (Rol N° 46.119-2026), rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto contra una decisión que declaró indignos de suceder a tres hijos respecto de la herencia de su madre, quien padecía la enfermedad de Alzheimer y se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad. Se trata de una decisión que merece ser valorada positivamente, no solo por sus consecuencias en el caso concreto, sino también porque permite reflexionar sobre la necesidad de actualizar la interpretación de nuestro derecho sucesorio.

El artículo 968 N° 3 del Código Civil establece como causal de indignidad para suceder la conducta del “consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo”. Se trata de una disposición prácticamente inalterada desde la entrada en vigencia del Código Civil, cuya aplicación adquiere especial relevancia en una sociedad caracterizada por el envejecimiento de la población y el aumento de las situaciones de dependencia.
En el caso resuelto, los tribunales tuvieron por acreditado que los demandados no prestaron a su madre los cuidados y auxilios que requería, pese a encontrarse en condiciones de hacerlo. Entre los antecedentes considerados figuraba una sentencia por violencia intrafamiliar y la asistencia proporcionada a la causante por su nieta y otras personas. La Corte Suprema, al rechazar el recurso, mantuvo la declaración de indignidad, considerando que la impugnación pretendía alterar los hechos establecidos por los jueces del fondo, sin demostrar una infracción a las normas reguladoras de la prueba.
La decisión es correcta y jurídicamente relevante. Aunque la Corte Suprema no desarrolló una nueva doctrina sustantiva sobre el concepto de socorro, dejó firme una sentencia que reconoce que este deber no puede entenderse exclusivamente desde una perspectiva económica. Socorrer a una persona que padece una enfermedad grave y se encuentra en situación de dependencia comprende también aquellos cuidados y auxilios personales indispensables para su bienestar y dignidad.
Esta interpretación no significa crear nuevas causales de indignidad ni desconocer su carácter excepcional. Por el contrario, supone interpretar una causal expresamente contemplada por el legislador de acuerdo con su finalidad y con la realidad social en que debe aplicarse. La interpretación restrictiva de las indignidades no puede transformarse en una lectura inmóvil de sus conceptos, especialmente cuando están comprometidos los deberes jurídicos de asistencia y cuidado entre familiares.
Nuestro propio Código Civil, en su artículo 223, establece el deber de los hijos de cuidar a sus padres durante su ancianidad, en estado de demencia y en las circunstancias de la vida en que necesiten auxilio. Existe, por tanto, una conexión normativa entre los deberes familiares y las consecuencias sucesorias de su incumplimiento grave. No parece razonable que quienes, pudiendo hacerlo, abandonan a una persona en condiciones de especial vulnerabilidad mantengan necesariamente los beneficios hereditarios que la ley les reconoce.
Sin embargo, la sentencia también permite advertir un problema estructural de nuestro sistema sucesorio que permanece pendiente: los efectos del derecho de representación cuando se declara la indignidad de un heredero.
En efecto, el artículo 987 del Código Civil permite expresamente representar al indigno. Esto significa que, aunque una persona sea excluida de la sucesión por haber incurrido en una conducta particularmente reprochable respecto del causante, sus propios descendientes pueden ocupar su lugar y adquirir los derechos hereditarios que le habrían correspondido.
La regla responde a una finalidad históricamente comprensible: evitar que las consecuencias de la conducta del indigno perjudiquen a sus descendientes, quienes no necesariamente han participado en los hechos que justifican la exclusión. Pero esta solución, concebida para proteger a la familia, plantea interrogantes cuando se examina desde la perspectiva de la libertad de disposición del causante.
En nuestro sistema, la legítima constituye una asignación forzosa que restringe considerablemente la libertad testamentaria. Y si un legitimario es declarado indigno, la posibilidad de que sus descendientes lo representen puede significar que la porción hereditaria de la que aquel fue excluido continúe sometida a las mismas restricciones, sin incrementar necesariamente la parte de la herencia de la cual el causante puede disponer libremente.
Así, la exclusión del indigno no se traduce necesariamente en una mayor libertad de disposición del causante, sino en una sustitución de los beneficiarios de la asignación hereditaria.
Este resultado merece ser revisado. Pensemos en una persona mayor que, durante sus últimos años, recibe cuidados permanentes de uno de sus familiares o incluso de terceros, mientras otros descendientes incumplen gravemente sus deberes de asistencia. Aunque estos últimos sean declarados indignos, sus propios descendientes podrían concurrir por representación, limitando igualmente la posibilidad de favorecer patrimonialmente a quienes efectivamente acompañaron y cuidaron al causante.
No se trata de sostener que los descendientes del indigno deban ser sancionados por hechos ajenos. La indignidad es una sanción civil de carácter personal y debe conservar esa naturaleza. La cuestión es distinta: determinar si la protección sucesoria de esos descendientes debe prevalecer siempre, incluso cuando ello impide reconocer una mayor eficacia a la voluntad del causante.
Precisamente por ello, una futura reforma debería examinar conjuntamente las causales de indignidad, el desheredamiento, las asignaciones forzosas y el derecho de representación. No basta con avanzar hacia interpretaciones más adecuadas de las conductas que justifican la exclusión sucesoria si sus efectos continúan respondiendo a una concepción que privilegia, prácticamente sin matices, la conservación de los derechos hereditarios familiares.
El desafío consiste en alcanzar un equilibrio razonable entre la protección de los integrantes de la familia y el respeto a la voluntad de quien dispone de su patrimonio, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad, dependencia y cuidado que caracterizan a muchas relaciones familiares contemporáneas.
La sentencia de la Corte Suprema representa un avance importante en esa dirección. Confirma que el incumplimiento grave de los deberes de socorro puede tener consecuencias sucesorias efectivas y que la protección jurídica de las personas mayores no debe quedar reducida a obligaciones meramente patrimoniales.
Pero también nos recuerda que una cosa es excluir de la herencia a quien ha demostrado ser indigno de suceder y otra, muy distinta, es permitir que esa exclusión amplíe efectivamente la libertad de disposición del causante.
La primera cuestión encuentra una respuesta satisfactoria en este fallo. La segunda sigue siendo una tarea pendiente para nuestro legislador.
*Manuel Barría Paredes
Profesor Titular de Derecho Civil
Universidad de Concepción




