Crisis de las Isapres: la larga espera a soluciones legales definitivas

Por Alejandra Ferreiro *

Hace ya algún tiempo que las Isapres se encuentran en crisis. El mantenimiento de los precios de los planes en tiempos de pandemia, junto con el aumento de la emisión de licencias médicas y el incremento de la judicialización, han provocado una deuda que ronda los 222 mil millones de pesos.

Esta crisis económica se ha visto acrecentada con la sentencia de la Corte Suprema de noviembre 2022, con la cual se obligó a las Isapres a aplicar a sus afiliados la tabla de riesgo efectuada por la Superintendencia de Salud (Circular IF/N°343) en diciembre de 2019.

En específico, este fallo dictamina la exclusión de los menores de 2 años del precio final del plan (ya que estarían cubiertos con GES), y también la inmutabilidad del precio del plan en el tiempo. Asimismo, las obliga a devolver lo cobrado en exceso a sus afiliados desde el año 2019. La Superintendencia de Salud, como ente fiscalizador, sería la encargada de determinar dentro de seis meses la manera de hacer efectiva esta adecuación del precio final.

A pesar de que las Isapres aún no entran en situación de insolvencia, la Superintendencia de Salud ha declarado que la situación es compleja, y que todas las Isapres tienen deudas importantes. En este sentido, el colapso del sistema pareciera ser inminente, y la preocupación dice directa relación con los derechos adquiridos de más de 3 millones de personas que pertenecen a este sistema.

En enero de este año, los senadores Chahuán, Rincón, Walker, Macaya y Galilea presentaron una moción con el objeto de aliviar la situación financiera de las Isapres. Esta última busca que el recálculo del precio sea aplicable solo para los planes suscritos antes de abril del 2020 (y no para quienes contrataron después) y que las cargas solo puedan modificar el precio del plan al cumplir los 2 años de edad.

Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino presentó un proyecto de ley destinado a la creación de un Fondo E de Fonasa que pudiera acoger a las personas afectadas, en caso de que alguna Isapre colapsara. La idea es que con este nuevo fondo, el Estado pueda hacerse cargo de asegurar los derechos ya adquiridos por parte de los beneficiarios. Este mismo le otorgaría a la persona afectada la posibilidad de escoger otra Isapre o afiliarse a Fonasa en cualquiera de los grupos existentes.

Adicionalmente, desde el Gobierno han convocado a distintos sectores, y están analizando la presentación de una ley corta para modificar Fonasa y simplificar el cumplimiento del fallo. Esta ley tendría por objeto modernizar Fonasa y crear una nueva categoría con el 7% obligatorio y una tarifa plana. Asimismo, buscaría una aplicación progresiva del fallo, separando el pago por parte de las Isapres en el tiempo.

Estas medidas parecieran hacerse cargo del problema, ofreciendo alternativas para las personas que hubieran contratado una Isapre en insolvencia. Sin embargo, como es posible observar, estos proyectos presentan soluciones a corto plazo y no se hacen cargo del problema de fondo.

Por ejemplo, no queda claro qué sucedería, si llegaran a colapsar las Isapres, con aquellas personas que tienen prexistencias y que están amarradas a determinado plan de salud. En ese caso, ellas no tendrían la opción de afiliarse a otra Isapre, estando obligadas a atenderse por Fonasa. Tampoco sabemos con seguridad si las personas que se están efectuando un tratamiento específico podrán continuarlo en el mismo centro de salud al que están asistiendo con su Isapre. Igualmente, no queda claro cómo el sistema público sería capaz de amparar nuevos pacientes, considerando la congestión en las urgencias y las listas de espera. Así, aunque exista un nuevo marco jurídico, no sería posible cumplir a cabalidad con los derechos ya adquiridos de las personas pertenecientes a una Isapre en insolvencia.

Dado a lo anterior, pareciera ser que una solución definitiva no va solamente por la creación de un Fondo nuevo de Fonasa para las personas de la Isapre en crisis, o nuevos reajustes aplicables a los planes, sino que urge cada día más llevar a efecto una reforma completa y estructural al sistema de salud chileno que permita asegurar a todos un acceso oportuno y de calidad a la salud.

* Alejandra Ferreiro es abogada de la PUC,  Magíster de la Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán) y asociada de Gotschlich, Pérez & Uzal Abogados.