Justicia Civil: la reforma olvidada en año de elecciones

Por: Nicolás Prado G.*

Nuestro país atraviesa una profunda crisis de confianza en sus instituciones. Bajo este diagnóstico, llama poderosamente la atención el escaso protagonismo que ha recibido uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho con pretensiones mínimas de solidez institucional: el sistema de justicia civil. Desde hace décadas, el ordenamiento chileno ha sido objeto de importantes reformas en los ámbitos penal, familia, laboral y ambiental. Sin embargo, la modernización de la justicia civil —la que resuelve, o debiese resolver la mayoría de los conflictos jurídicos entre las personas— ha sido constantemente postergada por el Poder Ejecutivo y el Congreso. Esta falta de voluntad política para su impulso demuestra no solo una total incomprensión de su relevancia, sino también un síntoma del debilitamiento institucional que aqueja al país.

Contrario a lo que muchos piensan, la justicia civil no es un lujo técnico reservado para abogados litigantes o académicos. Tampoco se trata de un servicio burocrático más a disposición de las personas. Es, en realidad, el mecanismo a través del cual el Estado garantiza que las leyes se cumplan en la vida cotidiana. Cuando alguien incumple un contrato, cuando no se paga una deuda, cuando se vulnera el derecho de propiedad, cuando un ciudadano exige la reparación de un daño que ha sufrido, es el sistema de justicia civil el llamado a responder. Su correcto funcionamiento —o su falla— impacta directamente en la percepción de que los conflictos pueden y deben resolverse dentro del marco legal. En palabras más simples, es ver “si la cosa funciona”. Cuando esa expectativa se frustra, aparecen las soluciones informales, ilegítimas —folklóricamente llamadas “vivezas”— o incluso violentas.

Son muchas las voces contemporáneas que han reconocido el amplio rol que cumple la justicia civil en las sociedades modernas. Lejos de limitarse a la simple resolución de conflictos, constituye —como señala Genn— la infraestructura socioeconómica que sostiene las relaciones entre ciudadanos, empresas, e incluso con el propio Estado. Es, además, un espacio en el que se articulan valores sociales, donde se desarrolla el derecho y se preserva la estabilidad democrática. El acceso efectivo a los tribunales es esencial para que el Estado de Derecho sea algo más que una declaración formal de reglas. Un sistema de justicia civil eficiente no solo determina si los conflictos se resuelven o se perpetúan, sino que envía un mensaje claro: en este país, los problemas tienen solución institucional.

A pesar de que los principios modernos de la justicia civil —como la eficiencia, el debido proceso, la resolución oportuna y el uso de métodos alternativos para resolver conflictos y la igualdad de armas— buscan garantizar un sistema accesible y eficaz, el sistema chileno continúa siendo lento, costoso y excesivamente formalista. Estas deficiencias afectan no solamente el trabajo que realizamos los abogados, sino que socavan la función esencial de la justicia como canal institucional para resolver conflictos y generar cohesión social. En ausencia de ello, muchas personas prefieren alejarse del sistema judicial, al percibirlo como ineficaz o inaccesible, lo que profundiza la fragmentación y el desencanto con el sistema.

En este escenario, la postergación indefinida de la reforma procesal civil en Chile es inaceptable. El proyecto, elaborado bajo la conducción de un grupo destacado de profesionales expertos en la materia, propone un cambio estructural basado en procesos orales, mayor inmediación judicial, el uso de la mediación, reducción de formalismos excesivos, racionalización del uso de recursos y un enfoque centrado en la justicia sustantiva. Esta reforma no solo permitiría agilizar los juicios, sino que democratizaría el acceso a la justicia, promovería el cumplimiento voluntario de la ley y fortalecería la legitimidad del Estado ante la ciudadanía. Esto cambiaría radicalmente la vida de las personas, pues entre otras cosas, prevendría conflictos mediante reglas claras y comprensibles (reducción de formalismos); facilitaría soluciones consensuadas, a través de mecanismos como la mediación o la conciliación; y, como última instancia, resolvería conflictos mediante decisiones judiciales oportunas y fundadas en derecho.

Resulta especialmente preocupante que, en pleno año electoral, ningún candidato presidencial haya dado señales de priorizar este tema. Al no figurar entre los temas más mencionados en las encuestas, la justicia civil es percibida como políticamente irrelevante o “poco sexy”, alejada de las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía. Esta percepción es profundamente equivocada. Sin un sistema de justicia civil eficiente, ningún plan serio de desarrollo social o económico puede sostenerse en el tiempo.

Una reforma al proceso civil tendría efectos inmediatos y concretos en la vida de millones de personas. Permitiría soluciones rápidas y eficaces, reduciría las barreras de acceso al sistema, acercaría el Poder Judicial a la ciudadanía y optimizaría el uso de los recursos estatales. Además, promovería una cultura de respeto a la ley —sin necesidad de judicializar algunos asuntos— fortalecería el Estado de Derecho y devolvería la confianza en que los problemas sí pueden resolverse institucionalmente.

En un año electoral, es momento de exigir a nuestros candidatos que abandonen la lógica del corto plazo y asuman compromisos con reformas estructurales de verdad. La justicia civil puede no ser materia de titulares, pero es un eje fundamental para el desarrollo económico y la cohesión social. Sin justicia civil, no hay justicia real. Y sin justicia, no hay crecimiento económico, ni estabilidad, ni progreso, ni mucho menos democracia. Apostar por la reforma procesal civil es apostar por reconstruir la confianza en que los conflictos pueden resolverse de forma justa, oportuna y dentro del marco institucional de la ley.

*Nicolás Prado G. es abogado de la Universidad Diego Portales, Candidato del LLM en Litigation and Dispute Resolution de University College London (UCL). Es socio de Schenke & Brancoli Abogados (SLBZ) y Árbitro joven del Centro Nacional de Arbitrajes.