Justicia Penal y Prejuicios: pan de cada día

Por Diego Palomo*

La justicia penal, en el mundo ideal de los textos normativos, debe ser ciega e imparcial, pero lamentablemente la realidad muestra que los miembros de la judicatura, al igual que cualquier otro individuo de la comunidad, son permeables a los prejuicios arraigados en nuestra sociedad.

Ya sea por motivos de color de piel, condición social, nivel de educación o nacionalidad, estos prejuicios tienen el potencial de influir en las decisiones judiciales, desde medidas cautelares como la prisión preventiva, hasta las decisiones de absolución o condena, e incluso en las resoluciones que dejan sin efecto las penas sustitutivas que tienen por finalidad valores tan caros como la reinserción social.

Es innegable que los prejuicios existen en nuestra sociedad, y los miembros de la judicatura no están exentos de ellos. Aunque se supone que deben aplicar la ley de manera objetiva y justa, no pueden escapar de los sesgos inconscientes que se han arraigado en nuestras mentes a lo largo de generaciones.

Estos prejuicios pueden conducir a discriminaciones sutiles pero significativas, y afectar negativamente a aquellos que ya enfrentan desventajas debido a su color de piel, condición social, nivel de educación o nacionalidad.

Uno de los momentos en los que los prejuicios se manifiestan con mayor claridad es al tomar decisiones sobre medidas cautelares, como la prisión preventiva. Los estereotipos y prejuicios existentes en la sociedad pueden llevar a que se asuma una mayor peligrosidad o riesgo de fuga por parte de ciertos individuos, simplemente debido a su apariencia o trasfondo cultural.

Esto puede resultar la adopción de medidas cautelares injustas y desproporcionadas, afectando o vaciando de contenido las bases de la estructura y lógica de las cautelares en el nuevo sistema procesal penal, perpetuando de paso la desigualdad en el sistema de justicia.

Asimismo, los prejuicios pueden influir en las decisiones de absolución o condena. Cuando los prejuicios están presentes, es posible que los jueces interpreten la evidencia de manera sesgada, favoreciendo a ciertos grupos o desfavoreciendo a otros. La raza, la clase social, el nivel educativo o la nacionalidad pueden influir en la percepción de culpabilidad o inocencia, socavando la imparcialidad que debería prevalecer en un juicio justo.

Esto pone en entredicho la confianza de la sociedad en el sistema de justicia y perpetúa la desigualdad en el trato y los resultados legales.

Además, las resoluciones que dejan sin efecto penas sustitutivas también pueden verse afectadas por prejuicios fuertemente arraigados. Cuando un juez decide dejar sin efecto una pena sustitutiva, como la libertad condicional, la reclusión parcial nocturna domiciliaria o el servicio comunitario, puede estar influenciado por estereotipos negativos sobre ciertos grupos de personas.

Esto no solo priva a los individuos de la oportunidad de rehabilitación, sino que también perpetúa la idea de que algunos grupos son inherentemente más peligrosos o menos dignos de recibir una segunda oportunidad. A diferencia de otros condenados de otro nivel socio económico.

Es fundamental primero reconocer y luego abordar estos prejuicios arraigados en el sistema de justicia penal. Los jueces y demás miembros de la judicatura deben ser conscientes de sus propios sesgos y trabajar constantemente para contar con herramientas que levanten alertas y les permitan identificarlos.

*Diego Palomo, Universidad de Talca