Por Marisol Bórquez*
Resulta escalofriante observar la metamorfosis narrativa que sufren miles de mujeres apenas cruzan el umbral de los Tribunales de Familia. Durante años, muchas de ellas fueron las administradoras indiscutidas del hogar, las cuidadoras designadas por excelencia, esas madres en quienes la sociedad y sus propias parejas confiaban ciegamente la supervivencia y crianza de los hijos. Nadie dudaba de su salud mental cuando gestionaban fiebres de madrugada, reuniones escolares o la logística doméstica.
Pero basta con que se firme una demanda de divorcio, de cuidado personal o de alimentos para que ocurra un cambio radical y sospechoso: en el expediente judicial, esa misma mujer competente se convierte súbitamente en una persona «inestable», «obsesiva», «aprensiva» o «histérica».
Bienvenidas al fenómeno de «la loca del Tribunal». No nos equivoquemos: esto no es un diagnóstico clínico real, ni una preocupación genuina por el bienestar de los niños. Es una estrategia de litigio. Es la versión jurídica del gaslighting llevada a sede judicial: una manipulación sistemática destinada a desacreditar el testimonio de la mujer y sus competencias parentales ante el juez, desviando el foco del verdadero conflicto.
En el litigio de familia, las emociones son inevitables. Hay miedo, hay frustración y hay una rabia legítima, especialmente cuando existe violencia económica o patrimonial. Sin embargo, el sistema judicial opera con un sesgo de género evidente: penaliza la expresión emocional femenina mientras racionaliza y normaliza la frialdad o la ausencia masculina.
Si un padre se muestra distante o cortante en una audiencia, se le lee jurídicamente como «pragmático» o «enfocado». Si una madre alza la voz exigiendo la pensión que le deben hace años, o llora de impotencia ante una medida injusta, se le etiqueta de «descontrolada» o «emocionalmente lábil». El Derecho cae así en la trampa de patologizar reacciones humanas normales ante situaciones de estrés extremo. Estar furiosa porque no hay dinero para la matrícula escolar no es locura; es una reacción lógica a la injusticia.
Esta etiqueta no es inocua. Obliga a la mujer a gastar recursos emocionales y económicos en infinitos peritajes psicológicos para «probar su cordura», mientras el demandado, muchas veces el agresor o deudor, observa cómo el sistema pone a la víctima bajo el microscopio.
Aquí entra en juego la herramienta más peligrosa de esta estrategia: la invocación del desacreditado «Síndrome de Alienación Parental» (SAP). Aunque la OMS, la Asociación Americana de Psicología y la propia Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer han rechazado contundentemente su validez científica, en los tribunales chilenos este concepto sigue vivo y operando.
Hoy, el SAP se disfraza bajo eufemismos «técnicos» como «madre obstructora», «interferencia parental» o «co-parentalidad no colaborativa». La lógica es brutalmente simple: si un niño o niña rechaza ver a su padre (incluso si existen antecedentes de violencia o abandono previo), la culpa se atribuye automáticamente a una supuesta manipulación materna. Se borra la agencia del niño y su propia experiencia vivida, para culpar a la madre de «lavarle el cerebro».
Esta narrativa funciona como la coartada perfecta para el agresor y tiene un efecto disciplinador devastador. He visto cómo mujeres dejan de denunciar incumplimientos graves o aceptan acuerdos económicos irrisorios, aterrorizadas por la amenaza de ser declaradas obstructoras y perder el cuidado personal de sus hijos. Es el chantaje legal perfecto.
El sistema judicial, en lugar de proteger al más vulnerable, termina muchas veces convirtiendo la defensa de derechos en una patología psiquiátrica. Como futura abogada, me niego a aceptar que la salud mental sea utilizada como arma arrojadiza en los escritos judiciales.
Necesitamos peritajes con verdadera perspectiva de género, que entiendan el contexto del trauma. Necesitamos jueces y consejeros técnicos capaces de distinguir entre una enfermedad mental y el estrés postraumático derivado de la violencia intrafamiliar.
Es hora de dejar de llamar «loca» a la mujer que exige lo justo. Esa supuesta histeria que tanto molesta en las audiencias no es enfermedad; es el sonido de una mujer que dejó de ser sumisa para actuar como ciudadana y defensora de su prole. Y al parecer, a cierto sector conservador del mundo legal, eso le aterra más que cualquier diagnóstico real.
Referencias bibliográficas
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2023, 13 de abril). La custodia, la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños: Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem (A/HRC/53/36). Naciones Unidas. https://undocs.org/es/A/HRC/53/36
- Lagarde y de los Ríos, M. (2014). Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas. Siglo XXI Editores.
- Organización Mundial de la Salud. (2022, febrero). CIE-11: Clasificación Internacional de Enfermedades para Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad (Versión 02/2022). https://icd.who.int/es
- Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. (2022). Cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias. Poder Judicial de Chile. http://secretariadegenero.pjud.cl/images/documentos/Cuaderno_de_Buenas_Practicas_2_edicion.pdf
- Noticias ONU. (2023, 23 de junio). La custodia de los hijos, utilizada como arma contra las mujeres, dice una experta de la ONU. Naciones Unidas. https://news.un.org/es/story/2023/06/1522232
*Marisol T. Bórquez Galaz
Estudiante de Derecho,
Universidad Finis Terrae
