Columnas

Por un Colegio de Abogados con vocación pública

La Asociación por las Libertades Públicas se presentará nuevamente con una lista paritaria, políticamente transversal, que integra distintas generaciones de abogados y abogadas, y con profesionales que se desempeñan en distintas áreas del derecho, intentando representar las diversas formas de ejercer nuestra profesión en el Chile actual y promover su participación activa en las instancias gremiales.

Por Miguel Schürmann Opazo*

A final de este mes, específicamente los días 28, 29 y 30 de junio, tendremos elecciones generales de consejeros para el Colegio de Abogados de Chile A.G. La Asociación por las Libertades Públicas se presentará nuevamente con una lista paritaria, políticamente transversal, que integra distintas generaciones de abogados y abogadas, y con profesionales que se desempeñan en distintas áreas del derecho, intentando representar las diversas formas de ejercer nuestra profesión en el Chile actual y promover su participación activa en las instancias gremiales. Sin embargo, la representatividad no es el único factor relevante para la próxima elección, una valoración de los objetivos que actualmente tiene el colegio y el rol que debe desempeñar a futuro serán las otras variables que determinarán la elección. En otras palabras, la elección no estará determinada solamente por cómo representamos de la mejor forma los intereses del gremio, sino que por la respuesta a la pregunta sobre qué le ofrece el gremio y la profesión en general a la comunidad.

Miguel Schürmann

Libertades Públicas es una organización de la sociedad civil que se creó como una asociación gremial que reconocía en la profesión legal un rol crucial como defensor de derechos fundamentales. Desde aquel punto de partida la función pública de la profesión legal ha estado en el centro de nuestra actividad, tanto en la asociación como en la posición que hemos tomado en el Consejo General del Colegio de Abogados A.G. En este sentido, mejorar el control ético y los estándares de la profesión desde la formación en universidades deben constituir preocupaciones fundamentales para el gremio, dado que constituyen un presupuesto fundamental para el ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la justicia por parte de la comunidad. Sin embargo, la vocación pública del colegio no se puede reducir a estas variables.

Un colegio con vocación pública, abierto a la comunidad y a sus necesidades exige de nosotros participación y colaboración en las discusiones de políticas públicas. El colegio debe tener una opinión crítica y técnica de todos los aspectos relacionados con la profesión legal y la administración de justicia en general, ser parte de todas las instancias de revisión y reforma, convirtiéndose un referente por la calidad técnica y racionalidad de sus opiniones. Nos encontramos en un proceso de profunda revisión de nuestros códigos comercial, procesal civil y penal, en todos ellos el Colegio de Abogados debe tener una comisión de trabajo que le haga seguimiento a la discusión, presente sugerencias técnicas y este al servicio de las consultas que tengan los órganos incumbentes.

Sin embargo, el Colegio de Abogados puede ir más allá. Un buen ejemplo lo constituye la promoción de la igualdad de género. El Colegio de Abogados, mediante la modificación de su reglamento para incluir cuotas de paridad en la elección de consejeros, se puso a la vanguardia e influyó decisivamente en las posteriores modificaciones legales en materia de elecciones. El Colegio de Abogados puede seguir en la vanguardia en esta y otras materias. En la actualidad las instancias de discusión constitucional y las necesidades sociales relativas, por ejemplo, a mayor seguridad, constituyen oportunidades de colaboración e incidencia pública respecto de los cuales el Colegio de Abogados no se puede restar. Un colegio de abogados con vocación pública y al servicio de la comunidad exige de nosotros una colaboración permanente con los órganos e instituciones a cargo de la toma de decisiones.

*Miguel Schürmann Opazo Abogado de la Universidad de Chile y LLM por la Universidad de Bonn, Alemania. Se desempeña como profesor de derecho penal de la Universidad de Chile e imparte clases de posgrado en otras universidades del país. Es socio en BACS Abogados, en donde se desempeña como abogado litigante principalmente en el ámbito penal. Es miembro del Instituto de Ciencias Penales y ha sido designado como Juez Ético del Colegio de Abogados.

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