Post COP27 para Chile: liderazgos demostrados y por demostrar

Por  Andrea Lucas Garín* y  Marco Ossandón Chávez**

Una vez finalizada la conferencia internacional sobre el cambio climático de este año, se escucha nuevamente el intercambio de opiniones entre quienes consideran insuficientes los avances alcanzados y quienes resaltan los éxitos propios de un proceso incrementalista que no avanza a trancos, sino que poco a poco. La tentación actual es asumir que solo resta esperar los resultados del próximo ciclo de conferencias climáticas a realizarse a fines de 2023 en Dubai. Pero este no es el caso, la primera decisión clave debe tomarse ahora el próximo 15 de diciembre.

Durante las últimas tres décadas el establecimiento de un fondo para responder y enfrentar las pérdidas y daños (P&D) ha sido uno de los temas elusivos en la agenda internacional. El establecimiento de mecanismos que permitan enfrentar o bien responder por las P&D ocasionados por el cambio climático no es un ejercicio neutro: supone la atribución de responsabilidad a los países más desarrollados por problemas tales como el aumento del nivel del mar, inundaciones y sequías que afectan a los países más vulnerables -especialmente cuando estos son insulares y costeros- quienes correlativamente tendrían derecho a una compensación.

A la fecha solo se habían producido consensos sobre mecanismos para evitar y minimizar las P&D, rehuyendo del uso de vocablos que dieran a entender responsabilidad. Por ello la decisión adoptada en la COP27 de “establecer nuevos fondos para asistir a los países en desarrollo que sean particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, en respuesta a las P&D, incluyendo un enfoque para enfrentar [estos efectos]” (párrafo 2 decisión) resulta tan significativa a nivel internacional.

Pero también debiese resultar interesante a nivel nacional: Chile presenta 7 de los 9 factores de vulnerabilidad climática, es ante los ojos de la comunidad internacional un país en desarrollo -independiente de la robustez económica o política que nos atribuyamos-, fue escogido por la presidencia de la COP27 para codirigir junto con Alemania la mesa en que se fraguó el consenso sobre P&D -precisamente para acompañar a un país desarrollado y actuar en representación de los países en desarrollo-. ¿Qué implica este acuerdo para el país? ¿somos solo uno de sus artífices o también uno de sus beneficiarios?

En primer lugar, la participación de Chile en esta conferencia sobre el clima nos confirma el liderazgo que se ha construido estos últimos años en materia medioambiental. Luego de presidir la COP25 en Madrid, y de quedar a la cabeza de este órgano principal hasta la realización de la COP26 dos años después, la llegada del más reciente evento climático le permitió demostrar nuevamente el liderazgo chileno al copresidir la mesa sobre pérdida y daños, logrando un avance insospechado. Es evidente que no todo dependió de su rol, siendo clave la participación del bloque del G77+China, así como el apoyo del representante de la Unión Europea y de su copresidencia alemana. Pero si la suerte favorece a los que están preparados, Chile lo estaba y pudo demostrarlo.

En segundo lugar, el hecho que solo se haya decidido establecer un mecanismo de financiamiento, sin precisarse aún sus detalles, abre camino para un liderazgo chileno por demostrar. Conforme se consignó en el párrafo 4 de la decisión de la COP27, se establecerá un Comité Transicional para la operacionalización de este nuevo mecanismo de financiamiento, que formulará recomendaciones sobre su diseño a más tardar en la COP28. Dos temas son de relevancia para Chile: (i) que el comité funcionará con 24 miembros nominados antes del 15 de diciembre de 2022, de los cuales tres serán de América Latina y el Caribe; (ii) que falta por determinar bajo qué criterios funcionará el fondo, i.e. quién se beneficia, quién paga, bajo qué criterios se asignarán los fondos.

No es evidente qué países en desarrollo serán considerados particularmente vulnerables (¿solo los pequeños estados insulares? ¿Chile?). Tampoco si serán solo los países desarrollados quienes contribuirán a su financiamiento, o todos bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (¿seremos beneficiarios y/o contribuyentes?). O si quiera bajo qué criterios se diseñará este mecanismo (en la COP27 hubo diversos borradores que reflejan las diferencias sobre el tema).

Existen múltiples alternativas y no en todas ellas el resultado será igualmente beneficioso para el país. Dependerá de la gestión que realicen las autoridades chilenas para tener un rol en este nuevo proceso e incidir en sus decisiones. He aquí un tema de interés en que el liderazgo chileno ya demostrado se pondrá a prueba una vez más.

*Andrea Lucas Garín Directora del Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile.

**Marco Ossandón Chávez Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad Alberto Hurtado.