Por Jörg Stippel y Luis Vergara.
En Chile se ha hecho común que el tema de la seguridad domine cada campaña electoral desde el fin de la dictadura cívico militar. Incluso durante la álgida discusión sobre la nueva Constitución, se argumentó por los sectores más conservadores de nuestro país, que esta iniciativa constituyente perjudicaría gravemente la seguridad pública. Los argumentos de este sector, exacerbado por el desborde de un populismo recalcitrante no solo fueron expuestos en los debates internos de las comisiones, sino que rápidamente coparon los medios de comunicación masiva. Se proyectó así un mensaje de incertidumbre y de temor que caló muy profundo en nuestra población. Ante la apabulladora y repetitiva estrategia de la derecha de infundir temor, dejaron de discutirse con profundidad los graves problemas que enfrenta la política pública en la actualidad. Quedaron muy pocos espacios para discutir con seriedad los déficits en materias de: salud; educación; financiamiento de la jubilación; el fortalecimiento de la independencia judicial; y la corrupción. De pronto nos vimos sumergidos en el temor frente a la delincuencia sin advertir la importancia que estos acuciantes problemas. Como si todos estos temas fueran de relevancia menor. Ocurrió que en la voz del conservadurismo todo se solucionaba con la lucha frente a la criminalidad y que la mano dura nos proporcionaría la tan ansiada seguridad. Nada distante de lo que hace más que dos siglos planteaba el penalista y político alemán Franz von Liszt (1851 bis 1919) quien decía que una buena política social es la mejor política criminal.
La solución entonces a las demandas sociales se jibarizó y lejos de ir por el análisis serio de cada uno de los problemas, solo se concentró en dar una respuesta penal represiva a cada una de ellas. Nuevos delitos, más policía, más cárceles (política que sigue en plena vigencia) dentro del marco de la gran “lucha contra la delincuencia”. Se impuso una solución ilusoria que dejó contentos, por un momento, a moros y cristianos. Vendieron el humo de una receta que probadamente tiene una eficacia dudable. Es difícil imaginar como hoy en día, con el sistema represivo penal en expansión que han creado van a a evitar el siguiente robo, como podrán evitar los asesinatos gracias a penas más altas. ¿Será que las o los autores de esos delitos se sentirán más intimidades pensando que “si me tocan 5 años más de cana ya no voy a robar, ni matar, ni golpear o herir a nadie”? Si fuera así, podríamos solucionar el problema del delito fácilmente. Pero la realidad es más compleja. Habla de déficit escolar, de problemas de vivienda, de mala atención de salud, de condiciones de trabajo inequitativas, de corrupción; de malas prácticas empresariales; de déficit fiscal etcétera. Las bandas criminales tampoco van a desaparecer gracias a módulos de máxima seguridad especial en las cárceles, ni las estafas telefónicas van a cesar por la prohibición de la tenencia de celulares en los recintos penitenciarios.
Lo peculiar de la discusión es que ya nadie cuestiona la labor de la policía. Nadie se pregunta porqué Carabineros tiene un sistema de rigidez institucional que lo ralentiza y le quita efectividad. Tampoco se discute que la mayor eficacia en su labor solo se produce en delitos con imputados desconocidos. En efecto, las cifras muestran que de todos los homicidios solo se logra una efectividad en un 60% (que tienen un imputado conocido), en delitos sexuales un 54%, en tortura un 10 % y en robos un 8%. Eso implica en la práctica que un 40% de los homicidios, el 56% de los delitos sexuales, el 90 de tortura y el 92% de los robos queda impune. La única clase de delitos donde la policía logra cifras del 90% de esclarecimiento son los de la Ley de Tránsito (MP, Boletín Anual Enero-diciembre 2023, Tabla N°3). Estas cifras permiten preguntarse si la falta de seguridad no tiene relación con la falta de efectividad en las investigaciones criminales.
Múltiples estudios criminológicos demuestran que el mayor impacto disuasivo no es el quantum de la pena, sino la probabilidad de ser descubierto. No es ninguna novedad científica. Pero en vez de reorientar la política criminal y profesionalizar la labor de la policía, el gobierno y la oposición nos inundan con ideas que en los últimos 34 años no han surtido mayor efecto. Falta preguntarse porque, por ejemplo, la policía alemana logra esclarecer entre un 91 y 96 % de todos los homicidios en la última década (Statista 2024). Chile no es Alemania van a decir. Sin embargo, nos tenemos que preguntar hacía dónde apuntamos. Queremos seguir viviendo en la inseguridad porque la policía trabaja mal, o ¿deberíamos revisar los procesos de trabajo y estructuras internas que contribuyen a esa ineficacia? La responsabilidad aquí no es principalmente del Ministerio Público. Si bien dirige las investigaciones, no dirige a la policía.
En la práctica es difícil que un fiscal ayude a esclarecer un delito si la policía no hace bien su trabajo. Podemos preguntarle al Fiscal Nacional ¿cuántos delitos se logran esclarecer gracias a instrucciones particulares de fiscales? Seguro, que ni con las mejores instrucciones la fiscalía va a disminuir la tasa de impunidad en homicidios de un 40% a una menor del 10%. Si la efectividad importa más que las propuestas populistas, hay que reestructurar a la policía, especialmente a Carabineros de Chile. Quizás así no sólo se logren esclarecer los delitos de tránsito de manera efectiva, sino que realmente la policía contribuya, en el corto plazo, a la tan ansiada seguridad. Sin perjuicio de ello quedan pendientes los debates y reformas sociales, pues solo así podremos construir la base del cambio que Chile necesita.
*Jörg Stippel, miembro del Claustro del Doctorado en Derecho, y Luis Vergara, doctorando Universidad Central de Chile.
