Emilia Schneider, estudiante de 21 años, fue una de las voceras de la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde cursa cuarto año. Además, es Consejera FECh 2017 – 2018, vocera de la Coordinadora 8 de Marzo y militante de la Izquierda Autónoma.
Desde su experiencia, Schneider relató cómo se fueron desarrollando las movilizaciones feministas de este año, y analizó el presente y el futuro de los desafíos del movimiento. Junto con ello, ayudó a generar una línea de tiempo con los hitos más importantes para entender el desencadenamiento de los hechos que terminaron en una toma feminista que duró 74 días y que motivó la renuncia del ex decano Davor Harasić.
Línea de tiempo
Con la información proporcionada por Emilia, que puedes ver en este video, se confeccionó este hilo secuencial de hitos del movimiento feminista en Chile.
“Hay que partir entendiendo que el movimiento feminista no nace este año, sino que en 2018 despertó”, dice, destacando lo importante que fue en la recuperación de la democracia, para después “caer en silencio durante la transición posdictadura”, y posteriormente renacer en 2015, desde el ángulo de la lucha en contra de la violencia de género.
“En lo estudiantil venía ocurriendo que las feministas no teníamos un espacio para organizarnos. En la Chile, en particular, se consiguieron protocolos de género, de acoso, abuso y protección arbitraria, para sancionar estas conductas, además de servir de alerta a eventuales abusos de poder por parte de los académicos”, añade.
Pero en 2017 estas políticas comenzaron a hacer crisis y las estudiantes comenzaron a darse cuenta de que con sanciones no se estaba apuntando a la raíz del problema: “Los protocolos fueron insuficientes”.
Como antecedente, Emilia sostiene que fueron “las compañeras de filosofía y humanidades de la U. de Chile” las que hicieron la primera toma feministas de este ciclo: “Ellas se toman la facultad por temas muy parecidos a los nuestros, casos sin resolver, profes sin sancionar, falencias del protocolo”.
Luego viene la toma de la Universidad Austral, en Valdivia, 3 semanas antes de la de Derecho en la U. de Chile, que tuvo menos cobertura mediática, pero que involucró a toda la universidad.
Y llegó el 27 de abril. “Nosotros fuimos la primera toma feminista en la Región Metropolitana, luego nos siguieron compañeras del Pedagógico, de la UTEM, dentro de la misma Universidad de Chile, y comenzó el efecto dominó desbordado, donde en menos de un mes se suman los principales planteles educacionales de Chile, incluso colegios y otras instituciones no tradicionales”, destaca la dirigente.
Fue ahí cuando se realizó la marcha que convocó la Confech y posteriormente la toma relámpago de la Universidad Católica, que marca un hito importante “pues el movimiento estaba ya desapareciendo del debate público y lo reposiciona con lo que significa ver a la UC tomada por mujeres”.
Tras un encuentro nacional de mujeres movilizadas que no fue fructífero ni logró llegar a acuerdos, los esfuerzos se volcaron a petitorios locales para avanzar en temas concretos internos. Schneider cuenta que marchamos a la Casa Central a dejar el petitorio de toda la Universidad de Chile, y que posterior a ello hubo una negociación que duró alrededor de una semana, luego de la cual se bajaron la mayoría de los movilizaciones, salvo Derecho”.
La mesa de diálogo
La dirigente estudiantil también comenta detalles de la mesa de negociación con Casa Central, el día día de la toma de su Facultad y la visión estudiantil de la renuncia del decano Davor Harasic, junto a la situación del profesor Carlos Carmona.
“En esa mesa estábamos representantes de todos los espacios de la Chile, seleccionadas en función de cómo habíamos trabajado el petitorio y ahí se negoció punto a punto. Contenía 4 ejes principales: órganos y reglamentos, educación no sexista, financiamiento y redistribución de los recursos, y triestamentalidad”, explica.
Fue una negociación dura, cuenta: “Estuvimos 7 días encerrados, 9 horas diarias”. Habrían asistido el prorrector, Rafael Epstein; la vicerrectora de extensión y comunicaciones, Faride Zerán; la directora de pregrado, Leonor Armanet; la vicerrectora de asuntos académicos, Rosa Devés; el vicerrector de asuntos económicos y gestión institucional, Daniel Hojman; 2 representantes de funcionarios —uno era Miriam Barahona, presidenta de la Fenafuch—; y 9 estudiantes que representábamos la articulación de tomas feministas de las distintas Facultades. La Fech no participó, dado la crisis interna en que estaba.
“En la mesa logramos que se aprobara el petitorio, entre un 85% y un 90%: la mayoría de las demandas fueron cumplidas, pero en algunas de ellas se hicieron precisiones por parte de las autoridades para darle viabilidad. Conseguimos mejoras de las políticas de corresponsabilidad con beneficios para padres y madres; una circular que va a permitir a los estudiantes trans ser reconocidos por su nombre social; mejorar el protocolo de abuso y acoso, y reformarlo en términos de plazos; el fortalecimiento de la dirección de igualdad de género, que va da pasar a hacerse cargo del acompañamiento de las personas que denuncien de una manera más efectiva; y eliminar el examen de admisibilidad a la denuncia antes de instruir un procedimiento. El principio será creerle a la denunciante”.
Además, en el petitorio logramos acordar, en términos de educación no sexista, una revisión de mallas curriculares, proceso que se iniciará pronto, de revisar el modelo educativo de la Universidad de Chile, el compromiso de generar políticas de formación a toda la comunidad, aspirando a ir más allá de la sanción y transformando el cómo nos relacionamos a través de la misma educación, que abarque violencia e identidad de género, disidencia sexual, para generar conciencia y apuntar a la raíz donde se produce esa violencia.
Pero en el área de financiamiento de la educación se abrió un flanco de conflicto, pues para las autoridades las demandas no debían exceder el ámbito de las políticas de género, “como si los problemas de las mujeres y disidencias sexuales estuvieran sectorizados respecto a la crisis de la educación o al mercado educacional y la lógica de autofinanciamiento en la que está la universidad”.
Lo que pidieron las estudiantes fue una política de redistribución de recursos, “que se hiciera cargo de las unidades más precarizadas de la universidad, facultades e institutos, porque vemos que facultades más rentables, social y económicamente valoradas como ingeniería, derecho o medicina, frente a carreras precarizadas como las relacionadas con cuidados, enfermería, educación parvularia, con muchos menos recursos”. Schneider atribuye el fenómeno al autofinanciamiento de la universidad y al abandono estatal de la educación pública.
En cuanto a la igualación de sueldos, cuestionaron que se ignore que “la mayoría de las mujeres trabajan en unidades que son menos rentables, donde hay menos remuneraciones y recursos”.
Educación triestamental también fue un eje resistido: “Me decían ‘no me pides políticas de género sino laborales, de subcontratos’; y dejábamos claro el carácter sexista de este entramado de cuestiones”.
La toma de Derecho tras bambalinas
El 20 de abril la secretaría de sexualidad y género convocó a una concentración en la Facultad, que buscaba “evidenciar y denunciar la situación del profesor Carlos Carmona, importante en la política, en la academia y una carta muy segura a ser decano después de Harasic”.
El día de la concentración subieron a dejar una carta al decanato; el lunes siguiente se juntaron con Davor Harasić, solicitando que se hiciera cargo de la situación: “Nos respondió que no tenía por qué respondernos nada, que él vería cómo lo hace y que el viernes habría novedades”, es el relato de la estudiante. Llegó ese día, no hubo novedades, no hubo resolución oficial ni medidas cautelares, y el profesor Carmona seguía siendo parte de universidad. “Además, ese día iba a realizar un foro2.
El mismo 27, en asamblea masiva en el patio, se expuso el tema.
“Las primeras semanas fue resistir a los embates de la prensa, que decía que el tema aquí era sólo Carmona y eso impedía una proyección del movimiento; por esos días se filtra información, nuestro decano da distintas declaraciones que exponen a la denunciante, lo que genera malestar en el estudiantado; publican parte de la denuncia con detalles bastantes tendenciosos, parcializando los relatos para que se vieran menos fuertes, sin existir resolución oficial”, cuenta. Fue en ese momento cuando decidieron que no resolverían los temas con el decano, porque había demostrado “no tener sensibilidad ante la problemática” y partieron a hablar con rectoría. En ese entonces no sabían que su malestar se extendería gran parte del nivel universitario, a nivel nacional.
Al volver del encuentro nacional en Concepción se encontraron con la noticia de que en un consejo de facultad el decano había presentado su renuncia indeclinable: “Y empieza un nuevo escenario”.
“Nosotras fuimos muy críticas con la gestión del decano Harasić, pero su salida nunca fue una demanda nuestra; entendíamos que esto tiene que ver con mucho más que nombres, es un tema de estructura en la universidad. En ningún caso va a dejar de existir el abuso de poder que hay detrás del acoso, del abuso sexual y de los círculos que protegen a los acosadores si no democratizamos la universidad, más allá de si tenemos un decano progre o no, lo mismo con los recursos y el financiamiento”, enfatiza. Y añade: “Encontramos que la renuncia fue una irresponsabilidad política; te puedo asegurar que nosotras siempre buscamos el diálogo”.
Cuando con el petitorio a nivel U. de Chile se llegó acuerdo, prosigue, a nivel Facultad seguían con el problema relativo al profesor Carmona. “Sabíamos que jurídicamente era inviable destituirlo, pero solicitábamos un posicionamiento político de las autoridades de nuestra Facultad; el rector ya había reconocido en una junta que tuvo con Sofía, la denunciante (Sofía Brito), que los hechos no eran falta a la probidad https://estadodiario.com/wp-content/uploads/2018/02/im4-1.jpgistrativa sino que acoso sexual y laboral”, dice. Y por eso solicitaban al Consejo de Facultad, que a modo de acuerdo, no se planteaba como moneda de cambio para volver a clases, sino “como un piso mínimo de comunidad”.
Para las estudiantes movilizadas, si se observaban todos los pasos que se habían dado a nivel de toda la universidad contra el sexismo y la violencia, la posición tibia de Derecho “era nefasta”. Contra lo que se pudiera pensar a nivel social, en un Consejo de Facultad con amplia participación se rechazó sacar una declaración donde saliera el nombre del profesor Carmona y solicitarle la renuncia expresamente.
Al día siguiente, se conoció la carta de la red Amanda Labarca, compuesta por 100 académicas de la universidad, en la que solicitaban expresamente la medida: “Ante este nuevo escenario decidimos volver a clases, aunque antes tuvimos una reunión para solucionar la calendarización, tener garantías para que Sofía pudiera retomar y que no fuera ella la expulsada del espacio, sino que se pudiera reintegrar de la mejor manera posible”.
Hoy Carlos Carmona está cumpliendo su suspensión de 3 meses, pero no se le dieron horas académicas para este segundo semestre de 2018 ni se planea hacerlo el 2019, asegura. “De alguna manera estamos todos expectantes de su renuncia; esperamos ese paso al costado para recomponer una comunidad universitaria tan golpeada y fragmentada como la de Derecho”, dice.
“Como movimiento, ahora estamos en la coyuntura del aborto, atentas a la situación del profesor Carmona, preparando una movilización feminista nacional en torno a la educación pública no sexista, que plantee reformas para el próximo año correlacionadas con la educación pública de calidad. Porque el movimiento feminista nos da una ampliación democrática de los derechos sociales y una nueva mirada”.
