Encuesta KPMG en Chile y Facultad de Derecho de la UAI: Ilícitos de corrupción y medioambiente lideran preocupaciones de las empresas frente a la nueva Ley de Delitos Económicos

Con el objetivo de conocer cómo las empresas han adaptado sus prácticas internas para cumplir con lo establecido en la Ley 21.595 de Delitos Económicos (LDE) y cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado durante este proceso, KPMG en Chile junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) dieron a conocer los resultados de su encuesta realizada a más de 13 sectores económicos a lo largo del país.

La LDE fue publicada en agosto de 2023 con el objetivo de transformar la manera en que las empresas deben responder ante delitos económicos y ambientales, y estableció un plazo de vacancia de un año en sus exigencias para las personas jurídicas. Según la investigación, la industria de Energía y Recursos Naturales fue el sector que mostró un mayor nivel de desarrollo, donde un 64% aseguró estar muy preparado para cumplir con la ley. Por el contrario, solo un 14% de las compañías de Servicios Legales, declararon contar con las herramientas necesarias para la implementación de la normativa.

Dentro de los delitos que preocupan a las empresas en mayor medida, se encuentran aquellos relacionados con la corrupción, tanto en el sector público como privado. “Lo que vemos en este aspecto es que los porcentajes se distribuyen de una manera más o menos proporcional en las diferentes industrias, donde lideran aquellos ilícitos relacionados a sobornos y cohechos”, aseguró Andrés Martínez, socio Líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG en Chile.

Agregó que “en segundo lugar, los delitos ambientales han sido un tremendo factor de preocupación, y más atrás se encuentran aquellos informáticos, laborales, de mercados de valores, secretos comerciales y tributarios”.

Para Javier Wilenmann, director de Investigación de la Facultad de Derecho de la UAI, “la experiencia muestra que lo que se persigue en la práctica son los sobornos, sobre todo los públicos. El derecho penal económico es algo que genera movilización y eso está mucho más asociado a los delitos de corrupción cuando tienen que ver con el mundo político y público. No quiero decir con esto que sea el único ámbito de preocupación, pero es una cuestión que las empresas no pueden descuidar y va a seguir siendo un foco central del compliance”.

Respecto a las medidas que han tomado las empresas para hacer frente a la Ley de Delitos Económicos, un 92% de los participantes aseguró haber adoptado acciones adicionales, entre las que destacan las capacitaciones, incorporación de nuevas políticas internas, y asesorías especializadas.

En este ámbito, Wilenmann, aseguró que “dentro de la encuesta, nos encontramos con actitudes muy positivas. Tratamos de profundizar en aquellas cosas que podían correlacionarse con las actitudes negativas, y pesquisamos que las organizaciones que declaraban contar con poco conocimiento de la ley y no tener procesos de capacitaciones, eran más bien las que tenían actitudes negativas”.

El desafío tras la implementación de la ley

Ambos expertos coincidieron en que, de cara al próximo año, las empresas se enfocarán en revisar por primera vez los modelos de prevención implementados, corregir errores y comenzar un proceso de mejora continua.

Dentro del reporte, el 80% de las empresas encuestadas declaró que los Modelos de Prevención de Delitos (MPD) son parte esencial de su negocio o de su estrategia, mientras que solo un 12% aseguró que es netamente una obligación legal. “Estos porcentajes reflejan que las organizaciones valoran los MPD como elementos de su cultura y estructura organizacional, en lugar de verlos como simples instrumentos legales”, aseguró Martínez.

De cara al gran desafío que tendrán las organizaciones tras la implementación de la normativa, Wilenmann puntualizó que “la gran interrogante que tenemos en Chile actualmente es que nuestro sistema regulatorio no funciona como cualquier otro, en el que se están constantemente aplicando sanciones, sino que tiene la particularidad de que es penal, algo que las compañías quieren evitar a toda costa”. Agregó que “la preparación que tienen las instituciones desde el punto de vista de la implementación de estas reglas será crucial”.