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Especialistas de Derecho U. de Chile entregan argumentos para adherir al Acuerdo de Escazú
Académicos del Centro de Derecho Ambiental elaboraron un documento que entrega perspectivas y análisis jurídicos frente a la postura del Gobierno de Chile de no adherir a este instrumento, clave para el desarrollo sostenible de la región.
Desde 2018 a la fecha, el Acuerdo de Escazú cuenta con 24 firmas y 11 ratificaciones para garantizar la democracia ambiental en los países de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, en septiembre de 2020, Chile decidió restarse de dicho instrumento internacional, pues el gobierno sostiene que podría suponer “una amenaza para la soberanía nacional” debido a las “obligaciones ambiguas” que condicionarían las legislaciones ambientales.
Bajo este contexto, académicas y académicos del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile, junto a la negociadora principal del acuerdo de Escazú, abogada Constance Nalegach, elaboraron un documento que ofrece un análisis jurídico y entrega antecedentes para revertir dicha postura. El escrito forma parte de la serie de publicaciones “Perspectivas CDA”, con el apoyo de la Red Transdisciplinaria de Energía Agua y Sustentabilidad (ENEAS), coordinada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.
Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú también es conocido como el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Este documento se ha posicionado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, debido a su compromiso por avanzar en la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
La decisión de Chile por restarse de este acuerdo no ha quedado exenta de críticas. Para la directora del CDA y profesora de la Facultad de Derecho, Valentina Durán, la publicación se instala como una herramienta para entregar posturas académicas en temas contingentes y así informar a la ciudadanía. “Esta iniciativa se enfoca en el desarrollo nacional sostenible, ya que como institución nos hacemos cargo de una discusión de política pública relevante, como lo es el ser o no parte del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que avanza en democracia ambiental para asegurar el derecho a un medio ambiente sano a más de 500 millones de personas de la región”, explica.
Durán agrega que “creemos en la integración de los diferentes perfiles académicos para coordinar y contribuir desde la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Esto nos permite generar reflexiones y diálogos en la sociedad, ya que como institución estatal no podemos ser neutrales en este tipo de discusiones. Por ley tenemos un compromiso con la democracia y el desarrollo sostenible, por eso es que ante la redacción de una nueva Constitución Política, debemos asegurar la relación con la naturaleza y la protección del medio ambiente desde el catálogo de derechos y sus diferentes secciones”, indicó.
