AcademiaActualidadNoticias

Especialistas de Derecho U. de Chile entregan argumentos para adherir al Acuerdo de Escazú

Académicos del Centro de Derecho Ambiental elaboraron un documento que entrega perspectivas y análisis jurídicos frente a la postura del Gobierno de Chile de no adherir a este instrumento, clave para el desarrollo sostenible de la región.

Desde 2018 a la fecha, el Acuerdo de Escazú cuenta con 24 firmas y 11 ratificaciones para garantizar la democracia ambiental en los países de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, en septiembre de 2020, Chile decidió restarse de dicho instrumento internacional, pues el gobierno sostiene que podría suponer “una amenaza para la soberanía nacional” debido a las “obligaciones ambiguas” que condicionarían las legislaciones ambientales.

Bajo este contexto, académicas y académicos del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile, junto a la negociadora principal del acuerdo de Escazú, abogada Constance Nalegach, elaboraron un documento que ofrece un análisis jurídico y entrega antecedentes para revertir dicha postura. El escrito forma parte de la serie de publicaciones “Perspectivas CDA”, con el apoyo de la Red Transdisciplinaria de Energía Agua y Sustentabilidad (ENEAS), coordinada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.

Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú también es conocido como el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Este documento se ha posicionado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, debido a su compromiso por avanzar en la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.

La decisión de Chile por restarse de este acuerdo no ha quedado exenta de críticas. Para la directora del CDA y profesora de la Facultad de Derecho, Valentina Durán, la publicación se instala como una herramienta para entregar posturas académicas en temas contingentes y así informar a la ciudadanía. “Esta iniciativa se enfoca en el desarrollo nacional sostenible, ya que como institución nos hacemos cargo de una discusión de política pública relevante, como lo es el ser o no parte del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que avanza en democracia ambiental para asegurar el derecho a un medio ambiente sano a más de 500 millones de personas de la región”, explica.

Durán agrega que “creemos en la integración de los diferentes perfiles académicos para coordinar y contribuir desde la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Esto nos permite generar reflexiones y diálogos en la sociedad, ya que como institución estatal no podemos ser neutrales en este tipo de discusiones. Por ley tenemos un compromiso con la democracia y el desarrollo sostenible, por eso es que ante la redacción de una nueva Constitución Política, debemos asegurar la relación con la naturaleza y la protección del medio ambiente desde el catálogo de derechos y sus diferentes secciones”, indicó.

El documento “¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?”, se encuentra disponible para descargar en este enlace.

Artículos relacionados

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Close
Close