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Presentación del informe “Acceso a la Justicia y Utilización de TICs”

El evento contó con la participación de la decana Isabel Aninat, la jueza Susan Sepúlveda Chacama (directora de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile) y Mariano Werner (CEO de Lemontech), además de marcar el lanzamiento oficial del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de Derecho UAI, dirigido por el académico Ricardo Lillo, que busca acercar el mundo legal a las necesidades de los usuarios finales del sistema de justicia.

El pasado jueves 14 de diciembre, en la Sede Presidente Errázuriz de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) se realizó la presentación del primer informe “Acceso a la justicia y utilización de TICS en la Justicia”. Este fue creado en el Laboratorio de justicia centrada en las personas UAI y es el producto de la investigación llamada “El Impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Acceso a la Justicia Civil en Chile: Lecciones de la Pandemia de Covid-19” la que estuvo bajo el alero del Centro de Investigación de Derecho y Sociedad (CIDS). Dicha investigación fue posible gracias al apoyo de la Fundación Tinker.

El objetivo de este estudio, fue “proporcionar recomendaciones de política pública basadas en evidencia para que el uso de las tecnologías de la información en la justicia permita ampliar el acceso a la justicia
civil en Chile”. Y la misión de este informe, según se lee en la presentación del mismo, es “generar innovación en la justicia (…) poniendo el foco no en la automatización o digitalización de los procedimientos para abogados/as o jueces, sino en el acceso de las personas al sistema de justicia para lograr la resolución de un conflicto en concreto”. 

De izquierda a derecha: Mariano Werner, Susan Sepúlveda, Isabel Aninat y Rodrigo Lillo

Durante la jornada estuvo presente la Decana de la Facultad de Derecho UAI, Isabel Aninat, y como comentaristas estuvieron el CEO de Lemontech, Mariano Werner y la directora nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Susan Sepúlveda Chacama. 

Aninat destacó lo que significó la pandemia para rescatar aquellos elementos que aportan en la innovación. Además, comentó que “este proyecto acentúa dos cosas: el acceso a la justicia como foco y los impactos que tiene en los distintos tipos de poblaciones”. Argumentó que el objetivo de esta investigación es informar a la población sobre temas muy esperados, como la reforma civil. Añadió que con acciones como éstas se marca la diferencia porque abren espacios para que los jóvenes estudiantes inicien su formación de manera interdisciplinaria.

Mariano Werner mencionó que muchas veces se enfatiza en los problemas que podría tener la tecnología, y puntualizó en los puntos negativos que tienen los procesos legales. Ante esto comentó que la justicia en Chile “es lenta, tiene sesgos, es cara, es opaca”. Sin embargo, añadió, al mismo tiempo el país tiene grandes ventajas, ya que “tiene un sistema unitario, tiene buen desarrollo tecnológico, buen acceso a internet”. Por esto, para Werner sería necesario dar “un salto gigantesco” para apoyar a los jueces que están atosigados de trabajo y con la tecnología se podría dar este primer gran paso. 

Por su parte, Susan Sepúlveda comentó que todo este trabajo está siendo ambicioso y va en los lineamientos del ANMM. Comentó que al leer el informe recordó sus inicios en el mundo legal, cuando pasó de un sistema material a uno digital (registro digital de audio, ingreso de la causa a un sistema, etc.). Con esto se hizo consciente de que existía una brecha que para cruzarla debía implementar algo nuevo. Sepúlveda comenta que el informe “no se puede implementar sin saber la necesidad” del mismo, ya que debe existir un sentido de responsabilidad. Por esto, sería “interesante hacer el estudio de las personas que son usuarias del sistema y también establecer los pilotos para ver sus resultados”.

Al igual que estuvieron presentes dos de los autores del informe. El profesor de la Facultad de Derecho de la UAI, Ricardo Lillo, comentó que para evitar que los proyectos sobre el acceso a la justicia sigan fracasando es fundamental trabajar colaborativamente. Una evidencia de este fracaso es el proceso de realización de políticas públicas, el que debería ampliar el acceso a quienes deseen formar parte de él. Agregó que “la formación de las universidades influye en este punto, por lo que también queremos impactar desde su formación. Comunicar con otras profesiones y transmitir la necesidad de generar empatía con el usuario final”. Para Lillo la vinculación con otros actores permite una mejor incidencia. 

El segundo autor presente fue el profesor de derecho procesal civil en la Facultad de Derecho de la UAI, Pablo Cantillana, quien explicó que el objetivo principal de la investigación era estudiar la tecnología y el acceso a la justicia. Agregó que con la pandemia el acceso a múltiples cosas se hizo posible gracias a la tecnología. Esta transformación digital también significó un mayor acceso a los tribunales. Es por esto, que necesitaban contrastar estas nuevas experiencias para ver si existían cambios en el acceso a la justicia. Comentó que investigaron “experiencias comparadas, mapeando y analizando experiencias, destacando cuatro: Canadá, Singapur, Austria y Reino Unido”. La idea era “Contrastar estándares con experiencias comparadas para generar recomendaciones”.

El informe está dividido en dos partes. En la primera se explican las metodologías y conceptos necesarios para comprender el uso de las TIC’s en el derecho. En la segunda se realiza un análisis comparado del uso de estas TIC’s y cómo han impactado en el mundo legal. El documento consta de 133 páginas y se encuentra disponible para su descarga gratuita en el siguiente link: Informe Acceso a la Justicia y Utilización de TICs en la Justicia.

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