La necesidad de crear una comisión de Transformación Digital en el Colegio de Abogados

Por Katherine González Navarro *

El reciente debate “Elecciones Colegio de Abogados” realizado bajo la plataforma de Estado Diario demostró la relevancia que ha cobrado en el último tiempo la discusión sobre el recurso a tecnologías en el contexto de la profesión legal. Pero más importante aún, aquel confirmó el poco entendimiento que existe en nuestra profesión respecto de qué hablamos cuando nos referimos a las tecnologías aplicadas al sector legal y el profundo desconocimiento de los avances de la tecnología legal para el acceso a la justicia y la asesoría legal en general. Así las cosas, vale la pena ciertas aclaraciones.

¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología aplicada al sector legal?. La tecnología legal no se reduce al uso de la firma electrónica, que permite interacciones más eficientes y transparentes entre partes en distintas latitudes, o el acceso a la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial para la tramitación judicial de causas. La irrupción de la tecnología en la profesión legal es mucho más disruptiva. Cuando hablamos de legaltech nos referimos en cambio a la introducción de cambios profundos en la forma en que venimos haciendo las cosas. A modo de ejemplo, nos referimos al uso de machine learning para la proyección de modelos predictivos y algoritmos inteligentes para predecir la probabilidad de comportamiento delictivo; inteligencia artificial para la creación y funcionamiento de tribunales virtuales; automatización para la generación rápida y sencilla de documentos legales y Smart contracts, que permiten la automatización de la ejecución del contrato, todas herramientas que lejos de constituir un peligro para la calidad de los servicios legales constituyen un perfeccionamiento de los mismos, simplifican el acceso a la asesoría legal y, con ello, democratizan el acceso a los servicios legales.

Una visión simplista de la tecnología legal lejos de favorecer a la profesión, la perjudica. Si insistimos en pensar que el abogado no puede ser reemplazado en algunos procesos, porque lo que persigue el cliente es, por ejemplo, solo experiencia y buen consejo, dejaremos a muchos abogados a merced de la obsolescencia profesional. Dado que el mercado de la tecnología, lo queramos o no, seguirá creciendo, el Colegio de Abogados de Chile A.G. está llamado a liderar el camino de la transformación digital en beneficio de sus miembros. Tanto para potenciar sus beneficios como para intentar mitigar sus riesgos. El Colegio de Abogados de Chile AG. debe liderar este proceso mediante la creación de una comisión de transformación digital, de modo que exista una unidad permanente que tenga por objeto revisar el impacto de las herramientas de tecnología legal, contribuyendo a superar las brechas de acceso a la tecnología para algunos abogados, arbitrando por la calidad de dichos servicios y capacitando en materia tecnológica a sus profesionales, permitiendo que abogados, sin importar su edad, no se queden atrás y puedan adecuarse a estos nuevos requerimientos. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la comunidad como beneficiarios de estos servicios, el reciente informe del Instituto de Innovación Legal de La Haya sobre el uso de la tecnología para el acceso a la justicia reveló que en el mundo cada año más de mil millones de personas enfrentan problemas que requieren la intervención de la justicia y que, sin embargo, el 70% de dichos conflictos no logra ser resuelto o se resuelve insatisfactoria o injustamente para los intereses del afectado. Así, resulta evidente que las instituciones de justicia como actualmente las conocemos, resultan insuficientes para responder a las necesidades de justicia de sus comunidades. 

El Colegio de Abogados debe abrirse al contexto actual de nuestra profesión y de cómo se están prestando actualmente y se prestarán en el futuro próximo los servicios legales, propiciando la transformación digital del sector legal.

* Katherine González Navarro es Candidata a Consejera del Colegio de Abogados por la Lista A – Libertades Públicas. Abogada por la Universidad de Chile y LL.M por la University College London. Actualmente es Head of Legal en Lexgo, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Santiago de Chile y Presidenta del directorio de Libertades Públicas.