Por Daniela Servat Poblete*
La conversación sobre tecnología y Derecho suele centrarse en herramientas: automatización, inteligencia artificial o sistemas para gestionar documentos y contratos. Sin embargo, estos elementos son solo una capa superficial. El Derecho contemporáneo funciona dentro de sistemas complejos y, para ejecutarse correctamente, requiere una arquitectura técnica que refleje su lógica normativa. Esa arquitectura —crítica para cualquier modelo de cumplimiento, trazabilidad y control— rara vez se diseña desde lo jurídico. Este vacío explica buena parte de las fallas operativas que hoy enfrentan instituciones, empresas y organismos públicos.
Durante años, se habló del “ingeniero legal” como un abogado capaz de programar, automatizar contratos o desarrollar software jurídico. Ese enfoque fue útil en una etapa temprana de digitalización. Pero cinco años después, la necesidad es otra: no se trata de escribir código, sino de asegurar que las normas puedan ejecutarse coherentemente en sistemas tecnológicos y operativos complejos. La complejidad regulatoria actual exige una
disciplina distinta, más estructural: una ingeniería legal orientada al diseño operativo del Derecho, no a su mera digitalización.
La protección de datos personales exige sistemas con controles robustos, restricciones de acceso, principios de minimización y evidencia verificable. La prevención de delitos requiere flujos que coordinen matrices de riesgo, monitoreo continuo, canales de reporte y documentación auditable. Los modelos ambientales demandan procesos dinámicos, indicadores y mecanismos de actualización permanente. En todos estos casos, el cumplimiento legal deja de ser un ejercicio declarativo y pasa a depender de la forma en que la organización modela, estructura y ejecuta sus procesos. Sin una arquitectura adecuada — alineada con la normativa— el cumplimiento simplemente no funciona.
Este fenómeno no es exclusivo de Chile. En Estados Unidos y Europa ya se observan marcos
que integran diseño normativo y diseño de sistemas: RegTech Engineering en Reino Unido, Computational Law en el MIT o el Legal Design Lab de Stanford. Estas iniciativas no buscan
que los abogados programen, sino que la normativa pueda implementarse en entornos tecnológicos con coherencia, trazabilidad y resiliencia. En Chile, esa integración aún no se desarrolla de manera sistemática.
La ingeniería legal no reemplaza el criterio jurídico; lo vuelve escalable. Permite que principios normativos y requisitos de control se incorporen directamente en los procesos, reduciendo la dependencia de acciones manuales y fortaleciendo la calidad de la evidencia disponible. Esto contribuye a decisiones más rápidas, a modelos de riesgo más precisos y a procesos capaces de sostener auditorías, fiscalizaciones y litigios con solidez técnica.
El desafío principal es cultural. Implica aceptar que el ejercicio profesional ya no consiste solo en interpretar normas, sino también en co-diseñar la manera en que esas normas serán ejecutadas dentro de sistemas complejos. Esta transición exige diálogo con equipos técnicos, comprensión de procesos, gestión de datos y una visión jurídica que mire más allá del expediente. No desplaza al abogado; lo posiciona como un actor estratégico en el diseño de la infraestructura de cumplimiento.
La modernización jurídica no depende únicamente de nuevas tecnologías, sino de la capacidad de integrarlas con un diseño que haga operativas las obligaciones normativas y permita generar evidencia confiable de su cumplimiento. Sin esa integración, cualquier avance será superficial. Con ella, el país puede construir modelos más eficientes, transparentes y alineados con las exigencias regulatorias actuales.
El Derecho ya opera como un sistema.
Lo que falta es la ingeniería para sostenerlo.
Y sin esa ingeniería, ninguna tecnología —por sofisticada que parezca— podrá cumplir lo
que promete.
*Daniela Servat Poblete es abogada y magíster en Derecho Regulatorio. Actualmente se
desempeña como Account Executive en Leida, enfocada en la agilidad jurídica y la
optimización de procesos legales. Miembro de Women in Compliance Chile (WICC) y de la
Asociación de Mujeres en Telecomunicaciones y Tecnología A.G. (AMUTT).
