Por Amparo Encalada*
La discusión sobre migración irregular en Chile ha dejado de ser un debate abstracto para transformarse en una realidad concreta que hoy impacta directamente a las empresas. Bajo el actual gobierno, el control migratorio ya no se dirige exclusivamente hacia las personas extranjeras, sino que también alcanza, de forma cada vez más evidente, a los empleadores.
Y la señal es clara, no es solo discurso político, existe una persecución administrativa efectiva.
Sin perjuicio de la legitima necesidad de controlar la migración irregular, se están iniciando procedimientos sancionatorios contra empresas por la contratación de trabajadores extranjeros en situación irregular. Esto evidencia un cambio relevante en el enfoque de control, en el cual el empleador pasa a ser un actor central. Pero, ¿es razonable trasladar al sector privado una carga que, en esencia, corresponde al Estado?
El punto más crítico radica en la magnitud de las sanciones. Las multas pueden alcanzar cifras millonarias y, además, se aplican por cada trabajador en situación irregular. Esto implica que una misma situación puede derivar en múltiples sanciones acumulativas, generando un impacto económico considerable para las empresas ¿dónde queda el principio de proporcionalidad cuando las sanciones se multiplican por trabajador?
En otras palabras, una misma situación puede transformarse en una carga económica desproporcionada, capaz de afectar seriamente la operación de una empresa.
Además, este diseño sancionatorio parece más orientado a castigar que a corregir. El propio sistema incentiva la denuncia por parte de los trabajadores a sus empresas, los que no enfrentan sanción alguna si acuden a la autoridad. Esto, si bien fortalece la fiscalización, también incrementa la exposición del empleador. Entonces, ¿estamos frente a una política de orden o a un sistema que castiga excesivamente a las empresas?
En este sentido, se abre un espacio especialmente delicado en términos de incentivos. Por ejemplo, cuando la relación laboral se deteriora, la denuncia puede transformarse en una herramienta de presión, e incluso de chantaje, del trabajador al empleador. En un sistema en el que el trabajador no enfrenta consecuencias y la empresa sí, el riesgo de instrumentalización es evidente. No estamos cuestionando el derecho a denunciar, sino que se advierte que, como está actualmente diseñado, puede presentarse para situaciones de abuso o utilización por parte de trabajadores, generando un desequilibrio que tensione fuertemente relaciones laborales.
Por otra parte, al cerrar las vías de regularización y endurecer las sanciones, se restringe la posibilidad de formalizar relaciones laborales que, en la práctica, ya existen. La falta de vías claras para la formalización plantea el riesgo de empujar esas relaciones hacia mayores niveles de informalidad, desincentivando la regularización y trasladando estas relaciones hacia espacios de mayor clandestinidad, exactamente lo contrario de lo que una política pública eficaz debiese perseguir.
En definitiva, el cambio de enfoque es claro, las empresas han pasado a ser un objetivo central de la política migratoria. La pregunta de fondo permanece abierta: ¿se está resolviendo el problema de la migración irregular, o se está trasladando parte importante de sus costos y riesgos al ámbito empresarial?
Si el resultado es este último, no estamos frente a una política migratoria eficaz, sino ante un traslado de responsabilidades que el Estado no está siendo capaz de asumir.
*Amparo Encalada
Abogada
Parga Montes Vasseur Laborales
