Por Ricardo Lillo y Esteban Ruiz*
Durante mucho tiempo, el mundo legal ha hablado principalmente para sí mismo. Sus códigos, contratos, informes, resoluciones y opiniones han sido construidos en un lenguaje que resulta natural para abogados y abogadas, pero que muchas veces es lejano, confuso o derechamente incomprensible para quienes más necesitan entenderlo. Esa distancia no es solo un problema de estilo: es, en último término, un problema de acceso, confianza y efectividad para el Estado de Derecho.
Hoy, esa tensión histórica se vuelve aún más evidente. La Inteligencia Artificial y la automatización están transformando tareas que antes parecían reservadas exclusivamente a profesionales del derecho: revisar documentos, buscar jurisprudencia, resumir textos, preparar borradores, ordenar información o responder consultas frecuentes. Frente a este escenario, la pregunta no puede ser solo qué parte del trabajo legal podrá ser automatizada. La pregunta más importante es qué parte del servicio legal sigue agregando valor humano, estratégico y social.
Ahí aparece una verdad incómoda: si el valor del abogado se reduce a producir textos complejos, interpretar normas en clave técnica o entregar documentos difíciles de entender, ese valor se vuelve cada vez más vulnerable. En cambio, si el servicio legal se orienta a traducir, explicar, orientar, diseñar soluciones, prevenir conflictos y resolver problemas reales, entonces la tecnología no es una amenaza, sino una oportunidad para hacer mejor aquello que el derecho nunca debió dejar de hacer: servir a las personas.
El lenguaje jurídico tradicional ha tenido virtudes importantes. Ha permitido precisión, sistematicidad y continuidad institucional. Pero también ha generado barreras. Muchas personas firman contratos que no comprenden, reciben comunicaciones legales que les producen miedo, participan en procedimientos que no logran seguir o dependen completamente de terceros para entender decisiones que afectan su vida, su familia, su trabajo, su patrimonio o su emprendimiento.
Esa dependencia no siempre es inevitable. Muchas veces es consecuencia de una forma de comunicar que confunde complejidad con profundidad. Como si escribir difícil fuera una prueba de rigor. Como si explicar con claridad significara “bajar el nivel”. Como si el derecho solo pudiera ser serio cuando se vuelve inaccesible.
Pero comunicar bien no es simplificar en exceso ni sacrificar precisión jurídica: es hacer que una persona pueda entender qué está ocurriendo, cuáles son sus opciones, qué riesgos enfrenta, qué decisiones debe tomar y qué consecuencias pueden derivarse de cada camino. Es transformar información legal en comprensión. Y la comprensión, en acción.
Por eso, el desafío actual no es meramente comunicacional. Es estructural. No basta con redactar contratos más breves o informes con menos tecnicismos. Necesitamos repensar la forma en que se diseñan, ofrecen y entregan los servicios legales. La experiencia de una persona frente al sistema jurídico —sea en un tribunal, una institución pública, una empresa, una clínica jurídica, una startup legaltech o un estudio de abogados— no puede seguir organizada únicamente desde la lógica del experto que entrega una respuesta. Debe diseñarse también desde la perspectiva de quien necesita usar esa respuesta para resolver un problema concreto.
No se trata de simplificar el derecho. Los sistemas legales modernos son complejos y no dejarán de serlo. Se trata de tender puentes para que la brecha entre estos sistemas y sus destinatarios se acorte en la medida de lo posible.
Frente a este desafío, aparecen metodologías que algunos todavía consideran ajenas al derecho, pero que son profundamente jurídicas si entendemos el derecho como una herramienta de organización social. El lenguaje claro, el diseño centrado en las personas, el legal design, la escucha activa, la visualización de información y el enfoque de experiencia usuaria no son adornos modernos. Son formas de hacer que el derecho funcione mejor.
El legal design, por ejemplo, no consiste en “hacer bonito” un contrato o agregar íconos a un documento. Su aporte es más profundo: invita a observar cómo las personas interactúan con la información jurídica, dónde se confunden, qué necesitan decidir, qué barreras enfrentan y cómo se puede diseñar una experiencia más clara, útil y confiable. Permite pasar de una lógica centrada en el documento a una lógica centrada en la persona.
En Chile y América Latina, esta discusión tiene una dimensión especialmente relevante. Nuestras sociedades enfrentan importantes brechas de acceso a la justicia, no solo por razones económicas o geográficas, sino también por barreras de información, comprensión y confianza. Muchas personas no acceden a una solución jurídica porque no saben que tienen un derecho, no entienden el procedimiento, no pueden pagar una asesoría tradicional o sienten que el sistema legal no está diseñado para ellas.
La tecnología puede ayudar a reducir esas brechas. Herramientas digitales, plataformas de orientación, automatización documental, modelos de atención remota e inteligencia artificial pueden permitir servicios más escalables, masivos, oportunos y de menor costo. Pueden acercar información legal a más personas y liberar tiempo profesional para aquellos casos que requieren mayor criterio, estrategia o acompañamiento humano.
Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza acceso a la justicia. Un chatbot mal diseñado puede confundir tanto como un contrato incomprensible. Una plataforma llena de tecnicismos puede reproducir las mismas barreras del sistema tradicional, solo que en formato digital. Por eso, la innovación legal no puede reducirse a incorporar herramientas. Debe preguntarse siempre para quién se innova, qué problema se busca resolver y qué valor concreto se está generando.
La IA nos obliga a mirar la profesión legal con honestidad. Muchas tareas repetitivas o estandarizadas podrán ser apoyadas por sistemas tecnológicos. Eso no significa que los abogados dejarán de ser necesarios. Significa que deberán ser necesarios por razones más valiosas.
El abogado del presente —y del futuro— no será relevante solo porque conoce la norma. Será relevante porque entiende el contexto, identifica riesgos, formula buenas preguntas, interpreta consecuencias, diseña caminos posibles, comunica con claridad y acompaña decisiones difíciles. Será relevante porque puede conectar el derecho con la realidad de las personas, las organizaciones y las comunidades.
Repensar los servicios legales no significa negar la tradición jurídica ni desconocer la importancia de la técnica. Al contrario: significa poner esa técnica al servicio de mejores resultados. La precisión legal sigue siendo indispensable, pero ya no basta. La calidad de un servicio jurídico debe medirse también por su capacidad de generar comprensión, confianza, oportunidad, eficiencia y solución.
En tiempos de IA, la peor respuesta del mundo legal sería encerrarse en la nostalgia del servicio tradicional. Pero la segunda peor respuesta sería adoptar tecnología sin transformar la lógica de fondo. Automatizar un mal proceso no lo convierte en un buen servicio. Digitalizar una mala comunicación no la vuelve clara. Escalar una experiencia deficiente solo amplifica sus problemas.
El futuro de los servicios legales no dependerá solo de quién adopte primero una herramienta de inteligencia artificial, ni de quién automatice más documentos. Dependerá de quién logre rediseñar la relación entre derecho, personas y valor.
La verdadera innovación legal no consiste únicamente en incorporar tecnología al ejercicio profesional. Consiste en recordar que detrás de cada norma, contrato, juicio, trámite o política pública hay personas que necesitan comprender, decidir y avanzar. Si la IA nos obliga a volver a esa pregunta esencial, entonces quizás su mayor aporte no sea reemplazar abogados, sino ayudarnos a ser mejores.
Dr. Ricardo Lillo, Director Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas UAI
Esteban Ruiz Omegna, Director Ejecutivo de Altech
