Por Mario Adauy Vega*
Resumen
Este trabajo critica la centralidad de la carga de la prueba y sostiene que el foco debe desplazarse hacia el deber de colaboración probatoria. Propone valorar con mayor rigor la conducta obstructiva de las partes. También cuestiona la creación judicial de “estándares probatorios reforzados” sin base legal clara, especialmente cuando esa fórmula opera como un umbral probatorio más alto que el previsto por la ley.
- Introducción. La carga de la prueba ha sido tratada durante mucho tiempo como una pieza inevitable del proceso, como una regla de cierre: si un hecho no queda probado, alguien debe soportar esa falta de prueba. Pero en un juicio real, la dificultad rara vez se reduce a saber quién “debía probar”, sino que la pregunta relevante es otra: quién tenía la información, podía entregarla, la ocultó, se negó a comparecer, impidió un peritaje, fragmentó los antecedentes o produjo prueba tardía para reforzar una versión ya instalada.
La teoría clásica de la carga de la prueba no mira suficientemente esa zona, y suele concluir que, si no se probó, pierde quien debía probar. Pero esa respuesta resulta pobre cuando la incertidumbre no nace de la falta natural de prueba, sino de la conducta de una de las partes.
La carga dinámica surgió con la intención de corregir ese problema, sobre la base de que no siempre debe probar quien formalmente afirma un hecho, sino quien se encuentra en mejores condiciones reales de acreditarlo. Pero si se usa sin criterios claros, puede terminar trasladando el riesgo probatorio demasiado tarde, cuando la parte ya no tuvo una oportunidad real de reaccionar.
Por eso, el camino tampoco es reemplazar una carga por otra; más que preguntar siempre “quién debía probar”, deberíamos preguntar también “quién colaboró lealmente con el esclarecimiento de los hechos” y “quién contribuyó, con su conducta, a mantener al tribunal en la incertidumbre”.
Nuestra propuesta no consiste en eliminar la carga de la prueba, ni menos sustituirla por una carga dinámica, sino en desplazar el centro del análisis: debe operar como regla final para la incertidumbre irreductible, y el deber de colaboración, en cambio, permite examinar antes si esa incertidumbre era inevitable o si fue producida, ampliada o mantenida por la conducta de una de las partes.
Viéndolo así, el deber de colaboración probatoria parece más útil para el proceso; no exige que una parte renuncie a su defensa; impone, más bien, abstenerse de conductas obstructivas, fragmentarias o contrarias a la buena fe procesal.
- El problema de decidir con información incompleta. Todo proceso judicial se desarrolla en condiciones de información incompleta: los hechos no llegan al tribunal como verdades limpias, sino mediados por relatos, documentos, omisiones, pericias, contradicciones y estrategias procesales.
No da igual que un hecho no se acredite por negligencia de una parte o porque la contraparte tenía la información y no la entregó. Tampoco es lo mismo una dificultad probatoria real que una incertidumbre producida por ocultamiento, incomparecencia o negativa a colaborar. En esto, la teoría clásica trata estas situaciones como si fueran equivalentes: alguien soporta el riesgo. Pero sostenemos que el razonamiento judicial debería, antes de darle consecuencias a la incertidumbre, preguntarse quién pudo evitarla razonablemente.
III. La carga dinámica no resuelve el problema. Esta teoría pretende obligar a mirar la realidad del conflicto, teniendo presente que no todas las partes están en la misma posición para probar, especialmente en litigios donde una parte controla casi toda la información relevante, casos en los que aplicar rígidamente la carga clásica puede ser injusto. A veces, equivale a exigirle a una persona que pruebe lo que no puede conocer; pero también tiene un riesgo: puede volverse demasiado abierta. La expresión “mejor posición para probar” parece razonable, pero puede significar muchas cosas.
Por eso, el juez debe explicitar si se refiere al acceso material a la información, al control técnico de los antecedentes, a la cercanía con los hechos, a la disponibilidad económica o institucional de la prueba, u otro criterio verificable. Si el juez no precisa bien el criterio, la regla pierde previsibilidad.
- Colaborar no es rendirse. Al hablar de colaboración, podría pensarse que se exige a una parte ayudar a su adversario o probar contra sí misma. Pero colaborar no significa eso; significa no obstaculizar injustificadamente el esclarecimiento de los hechos. Lo que no resulta aceptable es invocar hechos como fundamento de una pretensión o defensa y, al mismo tiempo, impedir sin justificación suficiente que sean examinados.
- Qué exige realmente colaborar. El deber de colaboración probatoria no cuenta todavía, en nuestro ordenamiento, con una regulación general y sistemática. Pero eso no impide reconocer exigencias mínimas derivadas de la buena fe procesal: conservar antecedentes relevantes, exhibir información pertinente bajo control de la parte, permitir la trazabilidad de los documentos acompañados y evitar la fragmentación estratégica de la prueba.
Esto último es especialmente importante. No es lo mismo acompañar una cadena completa de correos que un mensaje aislado; un informe con sus antecedentes que solo sus conclusiones; un documento contextualizado que una pieza presentada sin explicación. Estas prácticas reducen la calidad de la información disponible y obligan al tribunal a decidir en una oscuridad que pudo evitarse.
Por eso, el proceso no necesita solo reglas sobre quién pierde cuando la prueba falta, sino también criterios que impidan a una parte beneficiarse de la incertidumbre que ella misma ayudó a producir.
- La inadmisibilidad probatoria no puede reemplazar la valoración racional.
Un problema conectado con lo anterior es el uso excesivo de la inadmisibilidad probatoria. La exclusión anticipada cumple una función legítima frente a prueba impertinente, ilícita, manifiestamente inútil, dilatoria o desproporcionada. Pero se vuelve problemática cuando se utiliza para descartar anticipadamente prueba que, aunque incompleta, débil o imperfecta, podría aportar información relevante si se la somete a contradicción y valoración racional.
La inadmisibilidad no debería operar como una forma encubierta de valoración anticipada. Una cosa es excluir prueba irrelevante o ilícita; otra distinta es impedir el ingreso de antecedentes solo porque parecen difíciles de ponderar. En esos casos, el problema no siempre está en la admisión, sino en el peso que corresponde atribuirles.
Esto se observa con especial claridad frente a prueba fragmentaria: correos aislados, capturas incompletas, informes sin antecedentes o documentos sin contexto. La respuesta no siempre debe ser excluirlos, sino exigir explicación, permitir contradicción y valorar críticamente su verdadero alcance. Así se evita confundir admisibilidad con suficiencia probatoria.
VII. El problema de los “estándares probatorios reforzados”. En algunos litigios se observa una fórmula que merece atención crítica: la exigencia de un “estándar probatorio reforzado”. No discutimos que el tribunal deba evitar estereotipos, prejuicios y conclusiones apresuradas; pero otra cosa es crear, sin base legal clara, un estándar no consagrado en el derecho positivo.
Si bien la sana crítica permite valorar racionalmente la prueba, no autoriza a inventar umbrales probatorios no previstos por la ley. En la práctica, eso puede volver casi imposible acreditar ciertos hechos.
VIII. Consecuencias de no colaborar. Este incumplimiento no puede ser inocuo, sino que debería funcionar como criterio racional de valoración. El tribunal debería extraer consecuencias probatorias, siempre que explique esa decisión, sin convertir la falta de colaboración en una sanción automática ni en una forma encubierta de invertir la carga de la prueba.
- Conclusión. La carga de la prueba es útil como regla final para casos de incertidumbre irreductible, pero no debería seguir ocupando el centro de la teoría probatoria. Ese lugar debe ser compartido, al menos, con una pregunta previa: si la incertidumbre que enfrenta el tribunal era inevitable o fue producida, ampliada o mantenida por la conducta de una de las partes.
Al final, la pregunta no es solo quién pierde cuando la prueba falta, sino si el proceso puede tolerar que una parte se beneficie de una incertidumbre que ella misma ayudó a producir.
Mario Adauy Vega – Abogado, Magíster en Derecho de la Empresa, profesor de derecho tributario.
