Los desafíos de la formación jurídica contemporánea: una conversación necesaria para las universidades

Por Manuel Barría Paredes*

La formación jurídica atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. Los cambios sociales, tecnológicos y profesionales están transformando profundamente la manera en que se entiende el Derecho, el ejercicio de la profesión y el rol que deben cumplir las universidades. En este escenario, las instituciones de educación superior no pueden permanecer al margen de una conversación que ya se desarrolla en distintos sistemas universitarios y que definirá el perfil de los abogados y abogadas de las próximas décadas.

Esta discusión no debe entenderse como una amenaza a la tradición académica, sino como una expresión de la responsabilidad que tienen las universidades de revisar permanentemente sus procesos formativos. La enseñanza del Derecho posee una rica trayectoria construida sobre el estudio riguroso de las instituciones, la interpretación normativa, la argumentación y el desarrollo del pensamiento crítico. Ese patrimonio debe ser protegido, pero precisamente porque el Derecho está llamado a responder a los cambios de la sociedad, su enseñanza no puede permanecer ajena a las nuevas realidades.

Los desafíos que enfrenta la formación jurídica no admiten respuestas simples ni decisiones apresuradas. Por ello, lo más relevante es abrir espacios de diálogo y reflexión al interior de las universidades, convocando a académicos, estudiantes, egresados y actores vinculados al ejercicio profesional, y avanzar también hacia una conversación amplia dentro del sistema universitario nacional. La discusión académica, basada en evidencia y en distintas perspectivas, constituye el camino adecuado para abordar materias que impactarán el futuro de la profesión jurídica.

En este contexto, innovar en la formación jurídica no significa abandonar aquello que ha dado sentido a la enseñanza del Derecho, sino preguntarnos cómo fortalecerla frente a los desafíos actuales. La innovación debe comprenderse como la capacidad de revisar críticamente nuestras prácticas, incorporar nuevas herramientas y desarrollar modelos formativos que permitan preparar profesionales capaces de desenvolverse en escenarios cada vez más complejos.

Uno de los principales desafíos es fortalecer la dimensión ética de la formación jurídica. El conocimiento técnico del Derecho es indispensable, pero resulta insuficiente si no está acompañado de una profunda conciencia sobre la responsabilidad que implica ejercer una profesión vinculada con la justicia, la convivencia social y la protección de los derechos de las personas. La formación universitaria debe promover la integridad, el compromiso público y la comprensión del Derecho como una herramienta orientada al servicio de la sociedad.

A ello se suma la irrupción de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, que están modificando aceleradamente la forma en que se accede, procesa y utiliza la información jurídica. Las universidades tienen el desafío de incorporar esta realidad en sus procesos formativos, preparando a los futuros profesionales para utilizar estas herramientas de manera responsable y crítica.

La tecnología permitirá mejorar procesos, automatizar determinadas tareas y ampliar las capacidades profesionales, pero nunca reemplazará aquellas dimensiones esenciales de la formación universitaria: la capacidad de argumentar, reflexionar, comprender los conflictos humanos y adoptar decisiones con criterio y responsabilidad. La inteligencia artificial debe ser un instrumento al servicio de una mejor formación jurídica, no un sustituto de la dimensión humana que debe caracterizar el ejercicio profesional.

Otro desafío relevante dice relación con la duración efectiva de la carrera de Derecho en Chile. Esta conversación debe abordarse con seriedad y sin simplificaciones. El debate no puede limitarse exclusivamente a determinar si corresponde reducir o mantener la extensión formal de la carrera, sino que debe orientarse a analizar cómo disminuir la brecha existente entre la duración prevista en los planes de estudio y el tiempo real que requieren muchos estudiantes para titularse.

Una formación jurídica de excelencia no depende únicamente de la cantidad de años de estudio, sino de la calidad del proceso formativo. Dentro de esta misma reflexión debe incorporarse el análisis del examen de grado y su función dentro del modelo formativo. Más que asumir posiciones definitivas a favor o en contra, corresponde preguntarse cuál es el propósito que cumple y si responde adecuadamente a las necesidades de una enseñanza jurídica moderna, rigurosa y orientada a la excelencia. Las instituciones universitarias deben estar disponibles para evaluar sus propias prácticas, siempre con el objetivo de fortalecer la formación de sus estudiantes.

La dificultad de innovar en las escuelas de Derecho no radica únicamente en modificar programas o incorporar nuevas herramientas. Existe también un desafío cultural: generar las condiciones para que las comunidades universitarias puedan debatir, escuchar distintas perspectivas y construir acuerdos sobre el futuro de la formación jurídica. Los cambios sostenibles no se imponen; se construyen mediante la reflexión académica y el diálogo institucional.

Por ello, las universidades están llamadas a liderar esta conversación, no a evitarla. Su responsabilidad no es resistirse a los cambios ni aceptarlos de manera acrítica, sino conducirlos con prudencia, rigurosidad y visión de futuro. La excelencia académica no consiste en preservar inalterablemente todas las prácticas del pasado, sino en distinguir aquello que debemos conservar de aquello que requiere transformación.

Los desafíos de la formación jurídica contemporánea exigen avanzar con identidad y apertura. Formar abogados y abogadas para las próximas décadas implica entregar sólidos conocimientos técnicos, pero también desarrollar pensamiento crítico, capacidad de adaptación, sensibilidad ética y compromiso con una sociedad en permanente evolución.

Innovar no significa renunciar a lo que somos. Significa asumir que la mejor manera de preservar la relevancia de la formación jurídica es mantener abiertas las puertas del diálogo, la reflexión y la transformación responsable.

Manuel Barría Paredes

Profesor Titular

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de Concepción