Directora ejecutiva del Fondo de Litigación Hakamana
Durante mucho tiempo, el financiamiento de litigios se entendió como una solución para quienes no podían costear un juicio. Algo útil, pero más bien excepcional, casi como una herramienta de nicho destinada a casos puntuales. Hoy, esa mirada se quedó corta. Lo que estamos viendo es un cambio más profundo y estructural: el financiamiento de litigios dejó de ser una herramienta de apoyo y pasó a ser parte de cómo las empresas gestionan sus decisiones estratégicas.
Porque la realidad es otra. Los conflictos son más complejos, los montos en disputa más altos y los costos legales cada vez más exigentes. A eso se suma un entorno económico donde la asignación de recursos es cada vez más cuidadosa. En ese escenario, litigar ya no es solo un tema jurídico. Es, cada vez más, una decisión financiera que compite con otras prioridades dentro de una organización.
Y ahí aparece una tensión que antes no era tan evidente: tener un buen caso no necesariamente significa poder o querer asumir el costo de llevarlo adelante. Muchas veces, incluso frente a casos sólidos, las empresas optan por no litigar o por transar en condiciones desfavorables, simplemente por evitar el impacto financiero o la incertidumbre del proceso. Por eso, el financiamiento de litigios empieza a jugar un rol distinto. No solo permite acceder a la justicia, sino que permite tomar decisiones más eficientes: liberar capital, compartir riesgos y no comprometer recursos que pueden estar mejor utilizados en el negocio principal.
Esto ha hecho que el interés crezca, y rápido. No solo desde el mundo legal, sino también desde el mundo financiero. Fondos e inversionistas han comenzado a ver los litigios como una oportunidad: retornos potencialmente altos y una lógica distinta a los mercados tradicionales, con dinámicas propias. Esa combinación ha impulsado la expansión de esta industria a nivel global y ha comenzado a generar tracción en mercados como el latinoamericano.
Pero acá es donde vale la pena hacer una pausa. Más capital no necesariamente significa mejores decisiones. Y ese es, probablemente, el punto menos discutido. Existe una tendencia a asumir que la disponibilidad de recursos por sí sola resolverá las limitaciones del sistema, cuando en realidad introduce nuevos desafíos. El financiamiento de litigios no es un negocio donde baste con poner recursos y esperar resultados. Requiere entender bien el caso, la estrategia, los tiempos, los riesgos reales y las posibles contingencias que pueden surgir en el camino.
Requiere criterio. Un criterio que no es solo jurídico, ni solo financiero, sino una combinación de ambos. Porque cuando ese criterio falla, no solo se pierde dinero. En América Latina estamos recién empezando este camino. Y eso es una oportunidad enorme, pero también una responsabilidad relevante para quienes participan en esta industria.
No se trata de replicar modelos de otros mercados sin más, ni de asumir que las fórmulas que funcionaron en otras jurisdicciones se pueden aplicar de manera automática. Se trata de construir una industria que entienda el contexto local, sus particularidades jurídicas y económicas, y que sea capaz de tomar buenas decisiones desde el inicio. Porque en una etapa temprana, las decisiones que se toman definen el estándar que se va a consolidar en el tiempo.
Al final, el punto no es cuántos casos se financian. El punto es cuáles. Y también cómo se financian, bajo qué criterios y con qué nivel de análisis. Y ahí es donde se va a jugar el futuro de esta industria. Porque el financiamiento de litigios no necesita necesariamente más capital. Necesita mejores decisiones. Y eso, a diferencia del capital, no es tan fácil de escalar ni de replicar.
