Por Raúl Arrieta Cortés*
Cada vez que hablamos de inteligencia artificial, la conversación suele girar en torno a sus usos o riesgos. Deepfakes, protección de menores, sesgos, derechos de autor, empleo, transparencia. Son debates legítimos, importantes y necesarios. Pero para países como Chile creo que existe una pregunta anterior, mucho más estratégica, que rara vez ocupa el centro de la discusión.
¿Cómo nos aseguramos de que la inteligencia artificial que utilizaremos durante las próximas décadas comprenda nuestra realidad, pueda ser evaluada de manera independiente y responda adecuadamente a nuestro contexto?
Hace algunas semanas, el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, publicó su primer informe preliminar. Se trata del esfuerzo científico más amplio realizado hasta ahora para ofrecer una base empírica común sobre el estado de la IA en el mundo. Entre muchas otras conclusiones, hay una especialmente relevante para países que, como el nuestro, serán principalmente adoptantes de tecnologías desarrolladas en otras partes del mundo.
El informe recuerda una idea que suele perderse en el debate regulatorio: el acceso a la inteligencia artificial no garantiza, por sí solo, que un país pueda beneficiarse plenamente de ella.
La verdadera diferencia está en la capacidad de absorción.
Contar con los mejores modelos disponibles sólo es el punto de partida. Después vienen el talento, la infraestructura, los datos, las instituciones y los procesos que permiten incorporar esa tecnología de manera útil en la economía, en los servicios públicos y en la vida cotidiana. Es precisamente allí donde se definirán las brechas de los próximos años.
Para Chile, probablemente sea poco realista pensar que competiremos con las grandes potencias en el desarrollo de modelos fundacionales o en infraestructura de entrenamiento a gran escala. Pero eso no significa resignarnos a ser usuarios pasivos de la tecnología. Existe un espacio mucho más relevante donde sí podemos, y deberíamos, concentrar nuestros esfuerzos.
El primero consiste en asegurar que los modelos que utilizaremos incorporen adecuadamente el idioma, la información, la normativa y las particularidades culturales, sociales y económicas de Chile. Un modelo extraordinario desde el punto de vista técnico puede entregar respuestas deficientes si fue entrenado con escasa información sobre nuestro sistema jurídico, nuestras instituciones, nuestra realidad; en fin, sobre lo que somos.
El segundo es desarrollar capacidades propias para comprender y evaluar esos modelos. El propio informe advierte que la mayoría de los países carece de los conocimientos técnicos necesarios para participar efectivamente en su gobernanza. Esa capacidad no se construye únicamente dictando normas; requiere instituciones fortalecidas, talento especializado y una comunidad técnica capaz de analizar críticamente las tecnologías que adopta.
Y el tercero consiste en promover ecosistemas suficientemente abiertos para permitir revisión independiente, auditorías técnicas y una comprensión razonable del funcionamiento de los sistemas que terminarán apoyando decisiones relevantes para las personas. La confianza en la inteligencia artificial no depende exclusivamente de imponer obligaciones regulatorias; también exige que existan mecanismos que permitan examinar, contrastar y evaluar su comportamiento cuando ello sea necesario.
Nada de esto sustituye la preocupación sobre que se hace con la IA. Las normas sobre transparencia, protección de derechos o responsabilidad seguirán siendo indispensables. Pero, por sí solas, difícilmente resolverán el desafío principal de un país que adopta tecnologías desarrolladas en otras jurisdicciones.
La conversación no debería limitarse a preguntarnos qué queremos permitir o prohibir. También deberíamos preguntarnos qué capacidades necesitamos construir para utilizar esa inteligencia artificial de manera informada, adaptarla a nuestra realidad y generar la confianza que toda tecnología transformadora requiere.
Porque, al final, la verdadera soberanía en inteligencia artificial probablemente no consiste en desarrollar los modelos. Consista en tener la capacidad de comprenderlos, auditarlos, adaptarlos y utilizarlos para resolver nuestros propios desafíos. Ello exige que el Estado deje de ser únicamente un regulador de riesgos y asuma también un rol habilitador del desarrollo: impulsando la formación de talento, fortaleciendo las capacidades técnicas de sus instituciones, promoviendo la investigación aplicada y creando las condiciones para que universidades, empresas, emprendedores y trabajadores encuentren en la inteligencia artificial una oportunidad real de innovación y crecimiento.
También supone alinear los distintos instrumentos públicos de financiamiento, ciencia, tecnología e innovación bajo una estrategia común que permita acelerar la adopción responsable de estas tecnologías, facilitar la experimentación y apoyar el desarrollo de soluciones que respondan a nuestra propia realidad. Si queremos que la inteligencia artificial contribuya efectivamente al desarrollo del país, no basta con establecer reglas sobre su uso. Debemos construir las capacidades que permitan que exista más y mejor inteligencia artificial para todos.
*Raúl Arrieta Cortés
GA-Abogados
