Por Luis Felipe Mengual*
En 1996, en una conferencia en la Universidad de Chicago, se le pidió al juez Frank Easterbrook que se refiriera a la propiedad en el ciberespacio. Respondió irónicamente, recordando la idea de un supuesto Law of the Horse o “Derecho del Caballo”: reunir en una disciplina autónoma los casos sobre compraventa de caballos, daños o responsabilidad veterinaria podía terminar ocultando los principios generales del derecho que realmente los explicaban.
Para Easterbrook, algo similar ocurría con el ciberespacio. Frente a una tecnología cambiante, había que ser cauteloso antes de crear reglas especialmente diseñadas para ella. Más que construir un derecho “nuevo”, proponía desarrollar buenas reglas generales y aplicarlas a las nuevas tecnologías.
Treinta años después, la discusión sobre la infraestructura y los servicios digitales en Chile permite volver sobre esa analogía.
Nuestro problema no parece ser la ausencia de regulación. Por el contrario, sobre la industria digital confluyen múltiples reglas y organismos. Un data center es al mismo tiempo una infraestructura tecnológica, un proyecto inmobiliario y territorial, un gran consumidor de energía y una instalación con desafíos ambientales, hídricos, sanitarios y de conectividad.
El problema aparece cuando estas regulaciones, orientadas a proteger bienes jurídicos legítimos, operan de manera independiente, con procedimientos y criterios que no fueron diseñados para interactuar entre sí. Mientras el inversionista desarrolla un solo proyecto, el Estado puede terminar observando una suma de expedientes separados.
Esta fragmentación puede generar duplicidades, procedimientos que podrían tramitarse en paralelo y dudas sobre el orden de las autorizaciones. En una industria donde las decisiones de inversión se adoptan entre distintas jurisdicciones, la incertidumbre regulatoria se transforma en un costo y, eventualmente, en una razón para no invertir.
Chile ha dado pasos relevantes. La Ley N° 21.770, que establece la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, busca simplificar la regulación sectorial desde una perspectiva integral. El Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, por su parte, reconoce la naturaleza multisectorial de esta infraestructura e incorpora una guía de permisos críticos y criterios estandarizados para la evaluación ambiental.
Ambas iniciativas avanzan en la dirección correcta, pero debieran entenderse como una base y no como el punto de llegada. Simplificar permisos u ordenar la información ayuda al inversionista a recorrer el sistema, pero no elimina por sí solo sus duplicidades e inconsistencias.
Aquí existe una oportunidad concreta para el Gobierno: utilizar la infraestructura digital como un caso piloto de regulación coordinada a partir del fenómeno regulado.
Eso podría traducirse en una ruta regulatoria integrada para los proyectos de data centers, con planificación temprana entre los organismos competentes, criterios comunes sobre la información requerida, una secuencia clara de autorizaciones y coordinación para identificar qué procedimientos pueden desarrollarse en paralelo. También supone revisar si cada autorización sigue siendo necesaria o si, según el riesgo involucrado, puede ser reemplazada por mecanismos alternativos de habilitación.
No se trata de crear una gran autoridad que absorba competencias ni de disminuir estándares ambientales, sanitarios, urbanos o energéticos. Se trata de que las autoridades conserven sus funciones, pero actúen bajo una arquitectura común y observando el proyecto en su conjunto.
La evolución posterior mostró los límites del planteamiento de Easterbrook: el ciberespacio dio origen a problemas e instituciones jurídicas que requirieron regulaciones específicas. Sin embargo, su advertencia contra la construcción de categorías aisladas conserva valor. Crear ahora una nueva Law of the Horse para la industria digital podría agregar otra capa a la regulación existente; pero tampoco parece razonable seguir regulando la energía, el territorio, la conectividad, el medioambiente y la tecnología como si fueran realidades separadas.
El desafío no consiste en regular más o menos, sino en regular mejor. Chile ya ha declarado su intención de consolidarse como un hub tecnológico regional. La oportunidad del Gobierno es transformar esa aspiración en un marco estable, coordinado y predecible, que proteja los bienes jurídicos involucrados y permita que las inversiones puedan desarrollarse.
La infraestructura digital no necesita necesariamente una nueva rama del derecho ni otra pieza dentro de la selva regulatoria. Requiere algo menos ambicioso, pero probablemente más difícil: que las piezas existentes comiencen a funcionar como un sistema.
*Luis Felipe Mengual
MSc in Regulation (Utilities Regulation) – The London School of Economics & Political Science Abogado – Universidad de Chile
