Por Roberto Guerrero, Counsel LATAM, Sovos*
En diciembre de 2026 entrará en vigor la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que reemplaza la actual Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Este cambio marcará un antes y un después en la forma en que Chile aborda la privacidad. La nueva normativa busca acercar al país a los estándares internacionales más exigentes, estableciendo reglas actualizadas para el manejo de la información personal por parte de ciudadanos, empresas y el Estado.
Pero este cambio no se limita a cumplir con el nuevo marco legal desde lo teórico. En lo práctico, implica que las organizaciones adopten un nuevo enfoque en relación con los datos personales; es decir, no será suficiente tener políticas escritas o modelos de prevención, sino que será fundamental imponer una cultura que reconozca el rol de las organizaciones como responsables de educar y generar confianza en el uso de los datos, especialmente cuando se utilizan para ofrecer servicios.
En este contexto, hay dos conceptos que toman preponderancia: el consentimiento y la transparencia. La Ley exige que las personas den su autorización para que sus datos sean utilizados (consentimiento), pero también demanda que las organizaciones expliquen de forma clara y sencilla qué datos están recolectando, para qué los usarán, cuánto tiempo los guardarán, qué medidas de protección serán implementadas y cómo facilitará el ejercicio de los derechos. Esta línea de acción se traduce en dejar atrás los textos largos y complejos a cambio de ofrecer información breve, directa y precisa (transparencia).
Cuando las personas entienden lo que están aceptando, el consentimiento se vuelve real: informado, específico y libre. Así, en un entorno donde la confianza digital es cada vez más valiosa, la transparencia no solo implica cumplimiento; también se convierte en una ventaja para que las organizaciones puedan fidelizar a sus usuarios y construir relaciones duraderas.
Esto no significa eliminar las políticas de privacidad ni la información compleja que suele acompañar su aceptación, sino simplificar el proceso inicial para reducir la asimetría de información. En este enfoque, la política de privacidad se manifiesta como una extensión de la información simplificada otorgada al usuario, sin modificar su contenido.
La experiencia internacional confirma esta tendencia. Un estudio de Usercentrics arrojó que el 44% de los consumidores valora la transparencia en el uso de datos al momento de confiar en una marca. Sin embargo, el 77% aún no entiende bien cómo las empresas manejan su información, lo que revela una brecha entre lo que esperan los usuarios y lo que realmente reciben.
Una encuesta de Cisco reveló que el 76% de las personas no compraría a una empresa en la que no confía para gestionar sus datos, y el 81% cree que el trato que se da a la información refleja cuánto una compañía valora a sus clientes.
Estos datos dejan claro que la transparencia no es solo una obligación legal, sino un factor decisivo en cómo se percibe una marca y en la lealtad de los consumidores. Cuanto más claras sean las organizaciones, más dispuestos estarán los usuarios a interactuar con ellas.
Por eso, el desafío es urgente: actualizar sus procesos, reforzar la seguridad de sus sistemas, ser transparentes y claros en el uso de los datos. Omitir la transparencia en el uso de los datos puede debilitar la confianza y exponer a las organizaciones a sanciones severas, como ya ha ocurrido en Europa bajo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que ha impuesto multas millonarias a gigantes de las redes sociales.
La nueva ley en Chile está dando un paso firme hacia un entorno digital más seguro y transparente. Pero su impacto, más allá del cumplimiento normativo, representa una oportunidad para que las organizaciones adopten prácticas concretas que acerquen la protección de datos a las personas. Esto implica conectar el consentimiento con la transparencia de forma auténtica, facilitando la comprensión y el control de la información personal por parte de los ciudadanos.
En síntesis, proteger los datos personales es un compromiso ético, estratégico y comunicacional. Aquellas organizaciones que lideren con transparencia estarán mejor posicionadas para construir confianza y evitar riesgos legales y reputacionales, en un entorno donde la credibilidad vale tanto como el producto o servicio que ofrecen.
