Por qué las cárceles concesionadas no rehabilitarían más que las tradicionales

Durante el fin de semana El Mercurio publicó que justicia, ministerio encabezado por Hernan Larraín, envió a evaluar las cárceles concesionadas; la semana pasada llegaba desde Uruguay la noticia de que sus cárceles dependerán del Ministerio de Educación; y desde EstadoDiario habíamos resaltado por qué los estudiantes de Derecho debían visitar las cárceles en su período de formación.

El tema está en pleno debate público, por lo que consultamos su opinión sobre el sistema carcelario chileno a Andrés Sepúlveda, abogado de la Universidad de Chile, quien estuvo tras el destape del caso La Polar en 2011.

“Ayer se dio la noticia que el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, habría afirmado que ‘no hemos notado diferencias’ en los resultados de reinserción entre los penales tradicionales y los concesionados, a pesar de que estas últimas cárceles son más nuevas, modernas, mejor equipadas y con mayor espacio disponible por cada interno. La reincidencia sigue estancada cerca del 50% sin importar dónde cumplieron sus penas los usuarios del sistema”, comenta el abogado. A ello añade: “Y a más de 12 años de la puesta en marcha de los recintos construidos y https://estadodiario.com/wp-content/uploads/2018/02/im4-1.jpgistrados bajo lógicas de alianza público-privadas cabe preguntarse por qué fracasó un sistema que aseguraba mayores oportunidades de reinserción, tal como lo dijo el Presidente Ricardo Lagos en el año 2005, al inaugurar la primera cárcel concesionada en la ciudad de Rancagua”.

Para Sepúlveda, como primera aproximación podría afirmarse que el diagnóstico inicial, que propició la construcción de más de una decena de cárceles concesionadas, estaba “errado o al menos era impreciso, en el sentido de que no apuntaba a los factores fundamentales que incidían en la reincidencia”. Con aquello se refiere al “hacinamiento carcelario o la falta de infraestructura necesaria para brindar dignidad a los internos no eran cuestiones esenciales para detener la reproducción del fenómeno delictivo. Al parecer, la tentación para recaer en ilícitos no desaparece por el hecho de mejorar las condiciones de encierro”.

Sin embargo, continúa, “contrario a lo que alguien podría deducir de esta última afirmación, empeorar las condiciones materiales tampoco resuelve el conflicto”. Prueba de ello sería que “el modelo de custodio permanente de Jeremy Bentham, que inspiró la construcción de cárceles panópticas en todo el globo, inclusive en Chile con nuestra circular Penitenciaría de Santiago, tampoco cumplió la promesa y expectativas que generó el utilitarismo del siglo XIX, cuyas influencias llegaron cómodamente al siglo XX”.

“Este modelo opresor, violento y absolutista —como señaló Michel Foucault en su afamada obra “Vigilar y Castigar” de 1975—, que no sólo limita la libertad individual del detenido, sino que además reduce a la más mínima expresión la privacidad e intimidad de los internos, fracasó”, es la opinión de este abogado, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca en doble titulación con la Universidad Pompeu Fabra, España.

Para él, la visibilidad constante no se habría traducido en un disuasivo lo suficientemente fuerte como para hacer desistir de la “carrera criminal a los privados de libertad ni tampoco se tradujo en un régimen interno más pacífico”. Al parecer, al igual que las personas en un reality show, la existencia de un gran hermano no inhibe al sujeto en forma permanente y lo único que logró Bentham con su modelo panóptico fue, finalmente, demostrar que nunca pasó largo tiempo tras las rejas”.

La criminología contemporánea “entiende que no se puede atacar las causas del fenómeno delictual desde la reacción estatal frente al delito”. Para él, “es poner la carreta delante de los bueyes, pues sólo un ferviente creyente en el efecto disuasivo de las penas pondría en el derecho penal la esperanza y las fichas para bajar las tasas de delincuencia”, añade, aclarando que tal efecto no existe.

Sepúlveda comenta que, de acuerdo a los expertos, el esfuerzo debe estar puesto en “identificar y disminuir los factores endógenos y exógenos que influyen en los sujetos y que los llevan a delinquir”, sin importar si se trata de su primera vez o si delinquen en forma reiterada. Tales esfuerzos deberían, simultáneamente, trasladarse a los recintos penitenciarios.

“Un sistema penal cuyo enfoque sea meramente represivo o inoculador no es efectivo, pues parte de la base que es la falta de control la gran causa de la delincuencia, y nos puede llevar al absurdo de pensar que un Estado Policía es la solución al problema. Bajo esa lógica, no solo estaríamos trasladando a los inocentes ciudadanos a experimentar un régimen carcelario, sino que la única forma de disminuir la reincidencia sería aumentar las penas y las tasas de encierro, tal como sugiere Steven Levitt en su best seller Freakonomics”.

Para Sepúlveda, esa visión deja de lado aspectos tan relevantes para la génesis del delito como las “carencias afectivas, disociaciones familiares, factores socioeconómicos, ambientales, socioculturales, educacionales, aspectos patológicos o psicológicos del sujeto”, entre otros, todos aspectos que ya han sido estudiados. “Ahora bien, incorporar estos elementos en programas de rehabilitación es una tarea titánica, pero son los únicos realmente efectivos”, advierte.

“En esa dirección y con ese desafío el Uruguay ha dado un salto innovador cuyos resultados estarán por verse: El Gobierno envió un proyecto de ley para traspasar las cárceles al Ministerio de Educación en 2021 e involucrará a las familias debidamente organizadas en los programas de pre-egreso de los internos. En contraste, en Chile es tal el abandono que ni siquiera existe una ley que regule el régimen penitenciario. Vale decir, todo el sistema penal destinado a limitar las garantías fundamentales de los condenados se regula por decreto y en el cual las familias son terceros ajenos”, finaliza.

 
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