Por Naomí Sussely Menis*
Durante años, el derecho de familia chileno operó bajo un supuesto casi implícito: los conflictos de cuidado, protección y niñez se resuelven en un juzgado de familia. Sin embargo, ese supuesto está cambiando como consecuencia de dos leyes que avanzan en paralelo y que, juntas, redibujan el mapa de competencias de los tribunales.
La primera es la Ley Chile Cuida (Ley N° 21.805), en vigencia desde el 16 de febrero de 2026, que reconoce el cuidado como un derecho social y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC). Por primera vez, el cuidado de niños, personas mayores y personas con dependencia, deja de ser tratado como un asunto privado que las familias resuelven como pueden, y pasa a ser una responsabilidad estructural del Estado, coordinada desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto a otros ministerios, gobiernos regionales y municipios.
La segunda es la Ley N° 21.430 promulgada en 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Actualmente en 2026, está en plena implementación, con Oficinas Locales de la Niñez ya operando en el país. La idea matriz de esta ley es que, ante una situación de vulneración de derechos que no sea grave, un niño/a no tenga que llegar directamente a tribunales, sino que, primero pasa por una oficina comunal, que evalúa, deriva y activa apoyos, dejando la vía judicial para los casos donde la protección administrativa no basta.
Vistas por separado, cada ley responde a una urgencia distinta. Vistas juntas, muestran una misma tendencia: el Estado empieza a construir una capa administrativa que actúa antes del tribunal de familia. Y esa capa no es menor para quienes litigamos en este ámbito y tiene aristas
Por un lado, judicializar cada conflicto de cuidado o cada vulneración leve de derechos de un niño es costoso, lento y muchas veces desproporcionado frente al problema real. Que existan oficinas locales capaces de activar apoyos concretos, tales como una red de cuidado, una derivación a salud mental, un acompañamiento familiar, sin esperar una audiencia, es un avance real para las familias que hoy no tienen ni tiempo ni recursos para judicializar
Por otro lado, surge la siguiente pregunta: ¿qué pasa con la “zona gris” entre lo administrativo y lo judicial?
Cuando una Oficina Local de la Niñez interviene en un caso que también tiene, o podría tener, una arista de cuidado personal, relación directa y regular, o incluso violencia intrafamiliar, ¿quién define si el caso sigue por la vía administrativa o si debe judicializarse? La propia tramitación legislativa reciente y por ende, el proyecto que busca armonizar la Ley de Garantías con la ley del Servicio Nacional de Protección Especializada, actualmente en Comisión Mixta, sugiere que ni el propio legislador tiene esto completamente resuelto
Para quienes ejercemos en tribunales de familia, implica aprender a leer un nuevo mapa de competencias: saber cuándo conviene o cuándo es obligatorio, pasar primero por una Oficina Local de la Niñez o activar una prestación del SNAC antes de judicializar; entender que una demanda de cuidado personal puede convivir con un proceso administrativo paralelo; y advertir a nuestros clientes que el tribunal ya no es necesariamente la primera puerta, aunque siga siendo, para los casos más graves, la última y la más definitiva.
El riesgo, si esta coordinación no se ordena bien, es que las familias terminen atrapadas entre dos sistemas que no se hablan entre sí: una oficina que deriva a tribunales porque el caso «excede su competencia», y un tribunal que remite de vuelta porque «corresponde primero agotar la vía administrativa». Nadie gana en esa zona gris, y quienes más la pagan son, otra vez, los niños y las familias.
En definitiva, Chile Cuida y la Ley de Garantías de la Niñez comparten una misma apuesta correcta; pero esta apuesta solo funciona si la coordinación entre lo administrativo y lo judicial se construye con la misma seriedad con que se construyó cada ley por separado.
