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Cuesta ser pyme

"Con el marco normativo actual es poco probable que no existan problemas de flujos que se arrastren desde el inicio del emprendimiento. El pago de factura a meses por parte de clientes suele provocar falta de caja o derechamente la insolvencia de muchas pymes, toda vez que otras obligaciones como pago de remuneraciones, imposiciones, gastos de operación, arriendo, etc., sí deben cumplirse a tiempo so pena de intereses y multas. Esta situación sigue ocurriendo, no obstante haberse aprobado la ley que exige el pago de factura a 30 días".

Por Pedro Eguiguren *

En Chile más del 90% de las empresas son pymes, las cuales concentran más del 70% de la fuerza laboral del país, pero representan menos del 25% de las ventas totales que se producen. Actualmente ser emprendedor y tener éxito como tal se hace muchas veces cuesta arriba, por motivos que podrían -deberían- solucionarse. 

Un emprendimiento demora, a veces años, en consolidarse. Los emprendedores, con errores y aciertos, van aprendiendo sobre la marcha, y desde el comienzo se requiere cierto capital de reserva, ya que es probable que los resultados de los meses – ¿años? – iniciales exhiban cifras negativas. La puesta en marcha administrativa tampoco es fácil. Se debe lidiar con contrataciones, arriendos, pagar permisos y patentes, elegir régimen tributario, contratar contador y, así, la lista de los requisitos para levantar una pyme es larga. 

Con el marco normativo actual es poco probable que no existan problemas de flujos que se arrastren desde el inicio del emprendimiento. El pago de factura a meses por parte de clientes suele provocar falta de caja o derechamente la insolvencia de muchas pymes, toda vez que otras obligaciones como pago de remuneraciones, imposiciones, gastos de operación, arriendo, etc., sí deben cumplirse a tiempo so pena de intereses y multas. Esta situación sigue ocurriendo, no obstante haberse aprobado la ley que exige el pago de factura a 30 días.

Pedro Eguiguren

Si bien la ley señala que los pagos de factura se deben hacer a 30 días, en la práctica, en muchos rubros, como en la construcción, esto no ocurre, pues el cliente tiene que dar luz verde para que el subcontratista emita la factura. Entonces, pueden pasar meses desde que se terminó de prestar el servicio o entregó el producto, para recién emitir el documento de cobro. Mientras tanto, el dueño de la pyme debe cubrir las obligaciones del funcionamiento ordinario de su negocio y, además, pagar el IVA por esas facturas emitidas y no pagadas, estando muchas veces obligado a recurrir a préstamos o flujos externos para obtener caja y cumplir con sus obligaciones. 

Por lo demás, tampoco se fiscaliza mayormente que los 30 días se cumplan. Y es probable, igualmente, que, si el cliente gran empresa se demora en el pago de las facturas, la pyme no denuncie este hecho, pues existen altas posibilidades de consecuencias negativas, como la no renovación del contrato en cuestión. Frente a una contraparte de tamaño mayor, se está expuesto a condiciones a veces excesivas, impuestas unilateralmente, o al menos a un poder de negociación fuertemente disminuido, tal es el caso de rubros donde hay posiciones dominantes como el gran retail.  

Otro problema que enfrentan las pymes es cuando el sector público interactúa con el mundo privado, pues -de ser cierto o no-, el Estado suele tener fama de mal pagador, y no sólo con proveedores chicos. Aunque es probable que el negocio de los proveedores de mayor tamaño,  con capital y reservas para contratar con el aparato administrativo, no sucumba ante la demora en los pagos a causa de la multiplicidad de revisiones, aprobaciones, visados y/o firmas.  

Dada la importancia de las pymes en la generación de empleo y en la posibilidad que ofrecen de desconcentrar mercados oligopólicos, se podría considerar políticas como una más estricta fiscalización en los plazos de pago, sanciones duras y eficaces para aquellas empresas que incurran en prácticas anticompetitivas, destinar un porcentaje de las compras estatales exclusivamente a pymes, y definir que un porcentaje muy mínimo de los fondos de pensiones (pero muy significante para el mundo del emprendimiento) se pueda invertir en capital nacional de riesgo.

Es necesaria una verdadera regulación pro-pyme, con un Estado que no sea un mero espectador, sino que tenga una opción preferencial por ellas. 

* Pedro Eguiguren es Socio de Eguiguren y Abogados

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