Aunque la Mona Se Vista de IA, Mona Queda: Criterio Jurídico y Formación de Abogados en la Era de la Inteligencia Artificial

Por Carla López Valenzuela* | LinkedIn

La inteligencia artificial llegó para quedarse. A estas alturas, discutir si los abogados debemos utilizarla se parece bastante a discutir, hace veinte años, si debíamos usar Google para investigar. La pregunta ya no es si la incorporaremos al ejercicio profesional, sino cómo lo haremos y qué capacidades debemos preservar para que efectivamente mejore nuestro trabajo.

Sus beneficios son difíciles de discutir. La inteligencia artificial permite procesar información, comparar documentos, sistematizar antecedentes, detectar inconsistencias y preparar primeras versiones en una fracción del tiempo que antes requerían esas tareas. Sin embargo, existe una afirmación que repetimos casi como un mantra: la inteligencia artificial no reemplaza el criterio jurídico.

Ese criterio que los abogados senior fuimos formando, para bien o para mal, a punta de una especie de servicio militar profesional: años revisando documentos, enfrentando problemas sin respuestas evidentes, equivocándonos, observando a abogados más experimentados y descubriendo que una solución jurídicamente impecable puede ser comercialmente absurda. Interiorizando, finalmente, que saber derecho y saber ejercer como abogado son cosas relacionadas, pero distintas.

Por eso, no me preocupa tanto que la inteligencia artificial reemplace a los abogados. Al menos no todavía. Me preocupa algo más inmediato: su extraordinaria capacidad para disfrazar la ausencia de criterio jurídico.

Hoy es posible producir en minutos un informe impecablemente estructurado, un contrato razonablemente redactado o una publicación técnicamente convincente, pero la calidad formal del producto puede ser muy superior a la calidad del razonamiento que existe detrás. Y aunque los abogados experimentados muchas veces podemos reconocer la diferencia, nuestros clientes no necesariamente pueden hacerlo.

Esto coincide con una proliferación llamativa de expertos en “derecho tecnológico”, inteligencia artificial, protección de datos y otras áreas emergentes. Algunas especializaciones responden a trayectorias genuinas; otras parecen haberse construido en cuestión de meses. Pero las nuevas tecnologías no comenzaron con ChatGPT. Antes hubo que pensar jurídicamente como abordar Gmail, Uber, marketplaces, y otros modelos que tampoco encajaban cómodamente en categorías preexistentes. Tampoco la protección de datos nació con las últimas reformas ni la ciberseguridad cuando comenzó a ser tendencia hablar de ella.

Trabajar seriamente en áreas emergentes exige precisamente aquello que no cambia cuando cambia la tecnología: comprender las fuentes, conocer las instituciones, identificar analogías y distinguir problemas realmente nuevos de problemas antiguos con apariencia nueva. Eso requiere formación y experiencia. El problema es que hoy contamos con una herramienta extraordinariamente eficiente para parecer expertos antes de serlo.

Pero sería demasiado fácil responsabilizar a los nuevos abogados. Quizás parte del problema está en cómo los estamos formando. Si sostenemos que la inteligencia artificial no reemplaza el juicio profesional, las facultades de derecho deberían preguntarse: ¿estamos enseñando sistemáticamente ese juicio?

En julio de este año, la University of Chicago Law School publicó Rethinking Legal Education in the AI Era, estructurando su estrategia educacional en tres ejes: desarrollar pedagogías y evaluaciones resilientes a la inteligencia artificial; potenciar las habilidades esencialmente humanas que distinguen a los buenos abogados; y enseñar un uso responsable, efectivo y ético de estas herramientas.

¿Estamos tomando medidas similares? No para bloquear la tecnología en las aulas, sino para revisar metodologías históricamente construidas en torno a clases magistrales y transmisión de contenidos. Si una herramienta puede resumir sentencias o producir una primera versión de un contrato en segundos, debemos reforzar aquello que resulta mucho más difícil automatizar: preguntar, cuestionar, argumentar, comunicar, negociar, ponderar riesgos y tomar decisiones.

Aquí la enseñanza clínica tiene una oportunidad extraordinaria. Su objetivo nunca ha sido simplemente comprobar cuánto derecho memoriza un estudiante, sino observar qué es capaz de hacer con él frente a un problema. Entrevistar a un cliente, negociar, construir una estrategia o explicar por qué se recomienda una alternativa permiten desarrollar y evaluar competencias profesionales reales.

La inteligencia artificial puede participar en ese proceso. El desafío es evitar que sustituya precisamente el razonamiento que intentamos formar. Por ello, tendremos que evaluar menos exclusivamente el producto final y más el proceso: qué preguntas formuló el estudiante, qué fuentes utilizó, cómo verificó la información, qué alternativas consideró, qué riesgos identificó y cómo justificó su recomendación.

Esto introduce también una nueva dimensión de la ética profesional: la integridad intelectual del trabajo jurídico. El abogado debe hacerse responsable del consejo que entrega aunque una máquina haya contribuido a producirlo. Utilizar inteligencia artificial responsablemente supone reconocer sus límites y no presentar como criterio profesional propio aquello que no estamos en condiciones de evaluar críticamente.

Nada de esto implica demonizarla. Al contrario: si reduce las horas destinadas a procesar información, puede disminuir costos y hacer accesible asesoría jurídica de calidad a quienes históricamente no han podido pagarla.

Pero esa oportunidad exige abogados capaces de hacer aquello que la tecnología todavía no puede hacer por ellos: ejercer criterio. La tardea de las escuelas de derecho no es proteger a los futuros abogados de la inteligencia artificial, sino formarlos para utilizarla sin necesitar esconderse detrás de ella.

La inteligencia artificial puede hacer que una opinión superficial parezca sofisticada. Lo que no puede proporcionar retroactivamente son los años de formación, lectura, discusión, experiencia, errores y reflexión mediante los cuales se construye el juicio profesional. Si las facultades asumen esa formación como norte, la tecnología podrá cambiar radicalmente la apariencia del trabajo jurídico, pero no sustituir sus fundamentos.

Porque, al final del día, aunque ahora venga perfectamente redactada, con citas, subtítulos y hasta un executive summary, aunque la mona se vista de IA, mona queda.

*Por Carla López Valenzuela

Abogada de la Universidad de Chile y LL.M. por New York University School of Law. Ha cursado estudios de Magíster en Derecho con mención en Derecho Económico en la Universidad de Chile y estudios de especialización en Law and Economics en el Coase-Sandor Institute for Law and Economics de la University of Chicago Law School, además de formación de posgrado en Derecho de la Competencia, Derecho Público Económico y Evaluación de Aprendizajes Basada en Competencias en Educación Superior. Actualmente es Profesora Asistente del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.