Por Joanna Heskia Tornquist*.
Ya casi ad portas del término del llamado juicio SQM, el que se ha prolongado por casi dos años y medio, vuelve a surgir el tema de cómo se deben abordar de manera efectiva y eficiente las causas complejas, particularmente las que dicen relación con delitos económicos y de corrupción.
Recientemente conocimos la sentencia del caso del fraude en la compañía Volkswagen, conocido como el diesel-gate, el cual en palabras del Presidente del Tribunal, era una de las causas más graves y complejas en la historia de Alemania. El juicio contra 4 ex ejecutivos, en donde declararon cientos de testigos y tenía miles de páginas de investigación, duró 175 días. Esto nos muestra el contraste con la realidad de lo que sucede en el sistema penal chileno.
Nadie puede dudar de la necesidad de contar con herramientas efectivas para investigar y sancionar estos delitos que causan un daño extraordinariamente grave, impactando bienes jurídicos de particular relevancia. Sin embargo, la realidad nos muestra que tanto la investigación como el juzgamiento de los mismos es deficiente, y en definitiva impacta en la calidad de los resultados. Y esta realidad no contempla aún, dado lo reciente de la norma, la nueva ley de delitos económicos y medioambientales, que viene agregar complejidades importantes en la investigación y sanción de estos delitos, con instituciones como la cooperación eficaz y penas como los días-multa.
Recientemente se dictó la ley 21.694 que pretendía facilitar el abordaje frente a los delitos complejos, sin embargo, nos parece que esta norma no logra hacerse cargo de los nudos críticos en el sistema. En primer lugar, se requieren cambios importantes en quienes intervienen en la investigación; fiscales debidamente capacitados en temas económicos y financieros complejos, con una carga de trabajo adecuada a la realidad de los casos que tiene a su cargo, y de manera muy prioritaria, se requiere reforzar los organismos auxiliares, en particular la policía, la cual debe tener los recursos y los conocimientos necesarios para investigar y procesar información sofisticada que luego va ser contrastada y discutida por equipos de defensa con grandes recursos económicos y de tiempo.
Dentro de las investigaciones se requiere además que se tomen medidas efectivas en cuanto al adecuado manejo de la información, respetando obviamente el derecho del imputado a defenderse y controlar la investigación. Esto es un punto crucial, sobretodo si queremos que instituciones tan relevantes para la solución de estos casos, como son los acuerdos de cooperación, puedan prosperar. En el ámbito del juzgamiento, también se requieren cambios profundos, especialmente en la manera que están funcionando la revisión de las medidas cautelares y la etapa intermedia.
En el primer ámbito, nos estamos acostumbrando a que el debate de las medidas cautelares sea un verdadero mini-juicio, pero con estándares muy bajos y sólo registros de investigación muchas veces descontextualizados y no contrastados. El Ministerio Público debe tomarse en serio la decisión de si se debe o no pedir la prisión preventiva, máxime cuando existen otras medidas que pueden cautelar debidamente los fines del proceso.
En cuanto a la etapa intermedia, esta debiese ser el momento en que se revise profundamente la investigación, en dónde se debata con seriedad la prueba que en definitiva pasa al juicio, con estándares reales acerca de la necesidad y pertinencia, pero también de validez y aceptabilidad material, impidiendo que prueba repetida, sobreabundante o de baja calidad pueda ser llevada frente al Tribunal Oral.
Finalmente, debemos replantearnos la situación de los querellantes admitidos en estos casos, muchos de los cuáles en definitiva, más que ayudar, obstaculizan y eternizan los procesos. Estos temas debiesen ser materia de discusión en nuestro Colegio de Abogados, plataforma que debiese incidir decididamente en políticas públicas que promuevan una mejor justicia para todos.
Por Joanna Heskia Tornquist. Socia en Espinoza y Heskia Abogados. Candidata a consejera por la lista Libertades Públicas.
