Columnas
Empresas, ESG y desafíos en Derechos Humanos
La sostenibilidad corporativa entendida como un enfoque de gestión de negocios de la empresa que tiene por fin generar valor a la organización y a la comunidad, es uno de los grandes desafíos que enfrentan los directorios de las empresas – públicas y privadas – y por ende sus gobiernos corporativos para este 2023.
Por M. Soledad Alonso B. *
La sostenibilidad corporativa entendida como un enfoque de gestión de negocios de la empresa que tiene por fin generar valor a la organización y a la comunidad, es uno de los grandes desafíos que enfrentan los directorios de las empresas – públicas y privadas – y por ende sus gobiernos corporativos para este 2023.
El actual contexto internacional de post pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, el alza de precios y la crisis energética mundial obligan a preguntarse ¿cuáles serán las prioridades en materia de sostenibilidad?
Seguir el ritmo de los entornos cambiantes y desempeñarse acorde a ellos presenta un gran desafío para las empresas de las cuales se espera que ejerzan un rol más protagónico para abordar los retos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Los inversionistas demandan a las organizaciones que centren su estrategia en torno a prácticas sostenibles y expliciten en forma clara sus políticas y acciones en esta materia con el fin de tomar sus decisiones de inversión con información de calidad.
Algunos países han comenzado a indagar cuáles serán las prioridades medioambientales futuras. Así, la DIRSE1Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, https://www.dirse.es/ junto a EY lanzaron una encuesta en noviembre de 2022 sobre los hitos socioeconómicos del momento, que revelan que una vez superada la crisis del Covid-19, los criterios sociales y de gobernanza siguen siendo lo más relevante en la actualidad y los medioambientales aparecen entre las primeras siete prioridades.
De acuerdo con este mismo estudio, la protección de los Derechos Humanos se sitúa en el número tres de los siete temas prioritarios y se espera que gane más relevancia en el futuro. Por su parte, la propuesta de la Comisión Europea tiene por objeto fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales.2https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1145 Se les exigirá a las empresas que determinen y, en caso necesario, prevengan o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los Derechos Humanos – como el trabajo infantil y la explotación de los trabajadores – lo que unido a las exigencias de medioambiente, aportarán a las empresas seguridad jurídica y condiciones de competencia equitativas y, para los consumidores e inversores mayor transparencia.
En nuestro país se presentó el “Primer Diagnóstico Empresas y Derechos Humanos Chile 2022 UC-OIT”3https://sostenibilidadcorporativa.uc.cl/images/investigacion/Primer_Diagnostico_Empresas_y_DDHH_Chile_2022.pdf, realizado por el Programa de Sostenibilidad Corporativa de Derecho UC. El objetivo del estudio fue evaluar el grado de implementación del estándar que publican las empresas en sus memorias anuales y también la información que envían a las autoridades sectoriales. Se midieron los siguientes indicadores de los Principios Rectores de Naciones Unidas (PRNU): i) compromiso; ii) debida diligencia; y iii) mecanismos de reparación y mediación.
El resultado de la investigación arrojó avances en los indicadores señalados, excepto en remediación donde no se reportaron resultados positivos. Lo valioso de este diagnóstico es que permite conocer el grado de involucramiento efectivo de las empresas evaluadas en estas materias junto a las brechas que se deben acortar.
¿De qué forma pueden las empresas afectar los Derechos Humanos hoy?
Las empresas como actores sociales de relevancia tienen un enorme potencial de impactar positiva o negativamente en la calidad de vida y bienestar de las comunidades con sus actividades. Dentro de las externalidades negativas se encuentran aquellas tales como ocasionar daños a la salud y seguridad de sus trabajadores, provocar el desplazamiento forzoso de comunidades de pueblos originarios, no contar con mecanismos adecuados de debida diligencia en su cadena de suministro y exponerse a delitos como la trata de personas, la esclavitud forzada, el trabajo infantil, etc., dejándolas expuestas a riesgos financieros, de reputación, normativos, operativos y legales.
En esta línea, la NCG 461, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), constituye un avance significativo en materia de sostenibilidad, pues ahora las empresas emisoras de valores de oferta pública, deberán incorporar en su memoria anual las variables ESG de manera integral en su reporte, ya que las prácticas en estas materias tienen impactos materiales en las comunidades. La CMF con esta norma se pone a tono con las demandas locales e internacionales de divulgación de información solicitadas por los inversionistas con respecto a estas temáticas.
Si bien, las empresas en nuestro país tienen mucho camino por delante para hacer real y efectivo su compromiso con los Derechos Humanos, deben verlo como una oportunidad de contribuir a un mundo más inclusivo y justo, pero al mismo tiempo ganarán en credibilidad y reputación, competitividad frente a sus pares, productividad en su negocio y acceso a los mercados de capitales, entre otros beneficios.
* M. Soledad Alonso Baeza es Abogada de la Universidad Diego Portales. Diplomada en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la PUC. Consultora de cumplimiento normativo y gobiernos corporativos en RAM Abogados.
