Altech emite declaración pública sobre acceso a datos judiciales y automatización de escritos

«Acceso responsable a datos judiciales: Por una regulación técnica al servicio de las personas

Ante los antecedentes conocidos públicamente sobre el ingreso automatizado de un número extraordinario de escritos en tribunales civiles, en un periodo  corto de tiempo, y atendida la solicitud presentada por el Comité de Jueces Civiles de Santiago ante la Excelentísima Corte Suprema, la Asociación Gremial de Legaltech Chile declara lo siguiente:

En primer lugar, reconocemos la legítima preocupación de los tribunales frente a una contingencia que puede afectar su funcionamiento, aumentar significativamente la carga de trabajo y comprometer la oportunidad del servicio judicial. La transformación digital debe contribuir a una justicia más eficiente y no generar cargas operacionales que ni la plataforma de la Oficina Judicial Virtual ni el sistema de justicia estén en condiciones de procesar adecuadamente.

Sin perjuicio de ello, estimamos indispensable distinguir entre inteligencia artificial, automatización de procesos, robotización y otras herramientas tecnológicas. El ingreso automatizado de documentos no supone necesariamente el uso de inteligencia artificial. Una regulación adecuada debe ser técnicamente precisa y concentrarse en las conductas, sus finalidades y sus efectos, antes que en prohibir genéricamente una tecnología.

Asimismo, el número de presentaciones efectuadas no debiera constituir, por sí solo, un criterio suficiente para determinar la existencia de un abuso. Esa calificación requiere analizar los antecedentes concretos, la naturaleza de las actuaciones, las obligaciones profesionales involucradas y las normas aplicables, resguardando siempre el debido proceso y evitando prejuzgar responsabilidades.

En efecto, un abogado que accede con su Clave Única es mandatario de las causas que revisa, y parte de sus obligaciones será revisar diariamente sus causas, así como también ingresar escritos con cierta frecuencia, varios de ellos con plazos que son fatales. Si no existiera el contexto actual de tramitación electrónica, estos escritos y estos plazos deberían ser cumplidos de igual manera presencialmente.

Comprendemos que una contingencia de esta magnitud puede exigir medidas operativas inmediatas. Sin embargo, cualquier limitación de acceso debería fundarse en criterios objetivos, transparentes, proporcionales, temporales y revisables, procurando no afectar actuaciones legítimas ni establecer barreras arbitrarias al ejercicio profesional o al acceso a la justicia por parte de las personas.

Entendemos que este episodio evidencia un desafío más amplio: El avance de la automatización hará cada vez más frecuente que personas naturales y organizaciones puedan efectuar actuaciones digitales a una escala antes reservada a sólo grandes estructuras operativas. Sin embargo,  la respuesta institucional no puede consistir únicamente en limitar esas capacidades. También es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica, rediseñar procesos y desarrollar sistemas judiciales preparados para operar de manera segura y eficiente en un entorno crecientemente automatizado.

Chile necesita una política institucional clara sobre el uso de tecnologías en la tramitación judicial, que diferencie las distintas herramientas, establezca responsabilidades, permita una adecuada trazabilidad y contemple mecanismos seguros para operaciones de alto volumen. Esa política debe resguardar simultáneamente la continuidad del servicio judicial, la ciberseguridad, la protección de datos, el ejercicio legítimo de los derechos procesales y la innovación.

Tal como la tecnología no debe utilizarse para sobrecargar irresponsablemente al sistema judicial, las limitaciones tecnológicas del sistema no debieran resolverse trasladando sus ineficiencias a los usuarios ni prohibiendo herramientas que, correctamente reguladas, pueden mejorar el acceso a la justicia.

Altech manifiesta su completa disposición a colaborar con el Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los colegios profesionales, la academia y los demás actores del ecosistema en la elaboración de estándares y soluciones que permitan avanzar hacia una justicia digital más moderna, segura, transparente y accesible, que redunde en beneficio de las personas que diariamente deben recurrir a la justicia para ejercer sus derechos y resolver conflictos.

Avanzar hacia una regulación técnica de acceso responsable a los datos judiciales es un imperativo en un escenario de creciente uso de tecnologías en el sistema de justicia, tanto para evitar eventuales abusos procesales como para mejorar las condiciones de acceso a la justicia en Chile.

El desafío no es escoger entre tecnología y justicia. El desafío es construir una justicia capaz de utilizar responsablemente la tecnología, la que debe estar al servicio de las personas.

ASOCIACIÓN GREMIAL LEGALTECH CHILE A.G. – ALTECH A.G»