Tuvieron que transcurrir varias décadas para que por fin se crearan los Tribunales Tributarios y Aduaneros y terminara esa injusta situación que implicaba que el Servicio de Impuestos Internos fuera juez y parte en los procesos tributarios.
La creación de los tribunales tributarios y aduaneros en el año 2009 genero grandes expectativas en los contribuyentes y particularmente en quienes litigamos en estas materias. Han transcurrido ya varios años desde su puesta en operación y en mi opinión, los resultados no han sido los esperados.
Uno de los principales problemas es que la tramitación de los juicios no se ha reducido y particularmente en el caso de algunos de los tribunales (3º y 4º de la Región Metropolitana) – que por su competencia acumulan la mayor parte de los reclamos tributarios – los procesos se alargan por años. Hoy en día están transcurriendo más de dos años para que esos tribunales dicten un auto de prueba, y con ello los procesos pueden demorar entre 5 a 6 años, incluyendo los recursos ante los tribunales superiores.
Otro de los problemas concretos dice relación con la postura del Servicio de Impuestos Internos que aún no asume que solo es una parte en el juicio, con las mismas obligaciones y derechos de los contribuyentes. En este sentido, es común, que pretenda imponer sus criterios e interpretaciones, y lo que es más grave es que pretende eximirse de la carga de la prueba, poniendo toda la responsabilidad en el contribuyente, violando la norma general del derecho que dice que corresponde probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. En esa misma línea objeta documentos, por no haber sido presentados en las etapas de fiscalización.
Finalmente, y producto de la forma de constituir y llenar los cargos de magistrados y secretarios de estos tribunales, en casi todos los casos, los jueces tributarios son ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, lo que si bien —en principio— no constituye una situación de imparcialidad, sí genera una visión pro-Fisco. En el caso del 4º Tribunal de la Región Metropolitana, el 75% de los casos se resuelve a favor del Fisco.
En ese mismo sentido, el hecho de que los jueces sean funcionarios públicos, constituye en sí mismo una situación especial que debería solucionarse, incorporándolos en plenitud al Poder Judicial.
En el mes de octubre del año pasado se dictó una ley destinada a perfeccionar la justicia tributaria, corrigiendo algunos problemas e incorporando el trámite de la conciliación, que aún no entra en operaciones, a la espera de instrucciones del Poder Judicial y del Servicio de Impuestos Internos. Hacemos votos por que esta oportunidad sea realmente aprovechada por las partes y avancemos en pos de una justicia tributaria verdadera.
