Ley N° 21.563, ¿Una “gran” nueva Ley?

*Por Hugo Sánchez Ramírez.

Me preguntaron hace poco si consideraba que nuestra nueva ley de insolvencia era una “gran” ley, algo que a todas luces no debo juzgar yo, sino que debe mirarse a la luz de los resultados que hemos tenido en este año corrido, respecto de si los usuarios y usuarias han sido beneficiados con esta nueva Ley de Insolvencia, y para ello la información que recabamos como Superintendencia es vital.

El análisis parte, enfatizando que el principal pilar de nuestra Ley estuvo centrado en entregar beneficios a nuestros usuarios MIPEs y personas naturales, que representan la mayor cantidad de deudores insolventes de nuestro país y que tienen menos acceso a asesoría y apoyo profesional en la materia.

Una primera mirada es a nuestro procedimiento de renegociación de la persona deudora, el que tuvo un incremento del 182% en relación al periodo previo, gracias a que ahora es accesible de manera gratuita para más personas, ya que se incluye a deudores que emiten boletas de honorarios. Antes de la reforma, estos contribuyentes solo podían optar a procedimientos de empresa deudora, mayormente a la liquidación de bienes para saldar sus obligaciones financieras. Entre agosto de 2023 y julio de 2024 se han solicitado 1.527 renegociaciones, de las cuales el 66% (1.014 casos) corresponden a deudores que emiten boletas de honorarios, lo que evidencia el primer impacto positivo de la nueva normativa.

Otro de los objetivos de la nueva normativa fue facilitar el acceso de las MIPEs a una reorganización simplificada en casos de insolvencia. Resaltar que el procedimiento es más flexible, menos burocrático y más económico en su acceso, gracias a la intervención de veedores especializados, cuyo cobro promedio de administración del proceso se ha reducido significativamente, pasando de 400 UF a solo 100 UF promedio. Esto permite que más empresas tengan una segunda oportunidad, preservando empleos y manteniendo la continuidad de la cadena productiva.

Y la nueva ley también dispuso de un nuevo procedimiento, la liquidación simplificada, que eliminando al máximo la burocracia, ha permitido que el procedimiento reduzca su tiempo de tramitación de más de dos años a cinco meses en promedio.

Si bien sólo ha pasado un año desde la entrada en vigencia de nuestra nueva Ley, los resultados son auspiciosos. Y como Superintendencia, seguiremos innovando y co-creando para seguir asistiendo y apoyando a quienes más lo necesitan, ya lo hicimos a través de la generación de difusión acorde al lenguaje de cada uno de los segmentos de nuestros usuarios: personas mayores, jóvenes y emprendedores; y ahora estamos embarcados en un nuevo desafío de innovación en conjunto con otros organismos públicos y privados, para dotar a nuestras MIPEs de una herramienta financiera gratuita que les permita prever su insolvencia en el largo plazo.

Sin duda, para nuestra Superintendencia, esta sí es una nueva gran Ley para MIPEs y personas.

* Por Hugo Sánchez Ramírez
Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento