Por Gonzalo Álvarez Seura*.
En una columna anterior escribí sobre el eslabón perdido en la modernización digital del Estado chileno: la ausencia de una red nacional de API Keys que conecte los sistemas públicos. Se evidenció cómo la Ley de Transparencia (Ley 20.285) —promulgada en 2008, antes de la explosión del Open Data y las APIs— quedó rezagada frente a las demandas del siglo XXI. Ahora, frente a una coyuntura histórica, profundizamos en por qué es urgente reformar dicha ley para integrar plataformas mediante APIs autenticadas, cómo la consulta pública abierta en abril de 2025 abre una ventana de oportunidad irrepetible, y qué pasos concretos debemos dar, con especial énfasis en el sector Justicia y las lecciones internacionales que Chile puede aprovechar.
La Ley 20.285 consagró el derecho de acceso a la información pública y estableció la “transparencia activa”, obligando a organismos a publicar documentos básicos en sus sitios web. Sin embargo, esta obligación se ha cumplido principalmente con portales estáticos y repositorios de PDFs, más acordes a la era del papel que a la era digital. Hoy, obtener datos públicos suele requerir solicitar archivos por correo electrónico o navegar en buscadores poco intuitivos. ¿El resultado? Un Estado poco transparente en la práctica: la información existe pero no de forma conectada.
Actualizar la Ley de Transparencia en este sentido implicaría elevar el estándar legal: que cada organismo público tenga el deber expreso de conectar sus bases de datos públicas a la red, ofreciendo interfaces de programación (APIs) con autenticación por API Keys u otros mecanismos. Esto aseguraría que la información pública esté disponible no solo de manera segura, sino también trazable (registrando quién accede a qué datos) y en tiempo real. En otras palabras, se trata de que la ley garantice el derecho a acceder a datos abiertos al instante, no solo el derecho a pedir un documento por vía formal.
Después de 16 años de vigencia de la Ley 20.285, el Consejo para la Transparencia (CPLT) abrió en abril de 2025 una consulta pública dirigida a académicos y universidades para evaluar cambios al marco normativo de transparencia. Esta instancia, inédita por su alcance, representa una oportunidad histórica para impulsar la transformación digital del Estado desde su columna vertebral legal. Que el órgano garante de la transparencia convoque a la academia sugiere que hay consciencia de la brecha tecnológica actual y de la necesidad de nuevas ideas.
Esta coyuntura debería aprovecharse para introducir en el debate la propuesta de una red estatal de APIs autenticadas. Es el momento propicio para plantear en la ley aquello que hasta ahora ha quedado solo en discursos de agendas digitales: mandatar la interoperabilidad entre sistemas públicos. La propia Agenda Digital 2020 del gobierno chileno y la Ley de Transformación Digital del Estado (Ley 21.180, año 2019) trazaron lineamientos importantes –por ejemplo, la eliminación del papel y el principio de “no pedirle al ciudadano datos que el Estado ya posee”–, pero sin una implementación robusta corremos el riesgo de quedarnos a medio camino. Incluir explícitamente en la Ley de Transparencia el deber de publicar datos mediante APIs añadiría dientes a esas políticas: obligaría a cada servicio a actualizarse tecnológicamente, bajo apercibimiento de incumplir una obligación legal de transparencia.
Legislar las APIs estatales no es un capricho tecnológico. Es una necesidad jurídica y ética. Significa actualizar la garantía del derecho a la información de acuerdo con los tiempos: así como en su momento se consagró la entrega de información pública por cualquier medio (físico o electrónico) a quien la solicitase, hoy debemos consagrar el acceso automatizado a esa información. Esto, por supuesto, con resguardos: la reforma debe prever estándares de seguridad, privacidad y trazabilidad para que la apertura de datos no vulnere información sensible ni quede sin control. Afortunadamente, existen modelos probados sobre cómo hacer esto, tal como veremos al revisar experiencias comparadas.
Un área crítica donde una red de API Keys resultaría revolucionaria es el sector Justicia. En Chile, la información jurídica del Estado se encuentra fragmentada: por un lado el Poder Judicial tiene sus bases de sentencias; por otro, el Tribunal Constitucional maneja sus fallos de control de constitucionalidad; en un tercer lado, la Contraloría General de la República emite dictámenes que fijan criterios en la administración pública. Cada institución opera su propio repositorio de jurisprudencia, sin una integración clara. Para abogados, periodistas e incluso para los propios ciudadanos, mapear el panorama completo de decisiones sobre un tema puede convertirse en una odisea, debiendo consultar múltiples sitios web y compilar manualmente la información.
Imaginemos el impacto de conectar mediante APIs todas estas fuentes jurídicas. Un desarrollador cívico podría crear una plataforma unificada donde, ingresando una palabra clave (por ejemplo, “libertad de expresión” o “licitaciones públicas”), se obtengan en segundos los pronunciamientos relevantes de la Corte Suprema, los fallos del Tribunal Constitucional asociados, e incluso los dictámenes de Contraloría relacionados. Para un ciudadano común, esto significaría poder conocer de forma sencilla cómo distintas ramas del Estado han resuelto cuestiones similares, fortaleciendo el entendimiento de sus derechos. Para un periodista de investigación, facilitaría cruzar datos: por ejemplo, identificar cuántos dictámenes de Contraloría terminaron luego siendo objeto de juicios en tribunales, o cuántas sentencias judiciales mencionan determinado informe de Contraloría. Para un abogado o académico, el ahorro de tiempo en investigación jurídica sería enorme, permitiendo análisis más completos y basados en evidencia transversal.
La urgencia es palpable, hoy la falta de integración puede incluso afectar la consistencia del sistema legal. Hay casos donde la Contraloría declara ilegal un acto administrativo, pero luego un tribunal ordinario falla en otro sentido, o viceversa. Contar con un sistema interconectado de jurisprudencia ayudaría a detectar contradicciones y fomentar un diálogo jurisprudencial entre instituciones. Incluso las instituciones mismas se beneficiarían: la Corte Suprema podría consultar fácilmente vía API si existe algún dictamen previo de Contraloría sobre la materia que esté resolviendo, o el Tribunal Constitucional podría tener a la vista la jurisprudencia ordinaria relevante al examinar una ley. Esto aportaría coherencia al ordenamiento jurídico.
Además, la disponibilidad de datos judiciales en tiempo real allanaría el camino a nuevas aplicaciones de inteligencia artificial jurídica. Con los datos de sentencias y dictámenes estructurados y accesibles, se podrían entrenar algoritmos que detecten patrones —por ejemplo, identificar qué argumentos tienen más éxito en ciertos tribunales, o predecir el tiempo que tomará resolver un caso basándose en antecedentes—. Estos desarrollos ya se ven en otros países, pero requieren materia prima: datos abiertos de calidad.
Lecciones internacionales, Chile no tendría que inventar esta revolución digital desde cero; contamos con ejemplos internacionales exitosos que marcan el camino a seguir: Estonia, el Reino Unido y Estados Unidos destacan como ejemplos de éxito en la implementación de APIs y datos abiertos en la gestión pública. Estonia lidera con su plataforma X-Road, que interconecta agencias públicas. El Reino Unido ofrece acceso unificado a jurisprudencia mediante APIs públicas, como Find Case Law, (nationalarchives.github.io.). En Estados Unidos, leyes como la OPEN Government Data Act impulsan el uso de APIs para datos gubernamentales, y proyectos como el Caselaw Access Project digitalizan fallos judiciales para su acceso abierto, (hls.harvard.eduhls.harvard.edu).
Adoptar una red estatal de API Keys exige combinar diseño tecnológico con marco institucional. Algunas propuestas concretas para llevar esta idea a la práctica, asegurando estándares, seguridad, interoperabilidad y control ciudadano serían: (i) Estandarización tecnológica: Es necesario adoptar protocolos comunes para APIs gubernamentales, como REST/JSON, y estandarizar identificadores clave, garantizando una documentación unificada y de fácil acceso. (ii) Seguridad y privacidad por diseño: Las APIs deben implementar controles estrictos de autenticación, cifrado y registro de accesos para proteger datos sensibles, alineándose con la Ley de Protección de Datos Personales. (iii) Interoperabilidad e integración: Se propone una plataforma nacional que interconecte las APIs de organismos públicos mediante un bus de datos estatal y un registro centralizado de servicios disponibles. (iv) Gobernanza institucional clara: Crear un marco de liderazgo conjunto entre organismos como el CPLT y el Gobierno Digital para asegurar la implementación, capacitar personal y asignar recursos adecuados.
El llamado es urgente. El marco jurídico debe adaptarse ya, y modernizar la Ley Nº 20.285 para exigir integración vía APIs e impulsar su implementación. Es hora de que el derecho de acceso a la información pública se ejerza con un “clic,” de que la “inteligencia de datos” penetre la toma de decisiones públicas, y de que el ciudadano deje de ser un suplicante de información para convertirse en un usuario empoderado de servicios públicos digitales.
*Gonzalo Álvarez Seura. Abogado y Dr. en Derecho, Director ejecutivo de Tech-Law.ai, Académico Ucentral.
