Evitar la liquidación desde una normativa ciudadana

Por Carlos Gascón*

Según el último balance del Boletín Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, las liquidaciones de empresas aumentaron un 12% durante el primer semestre de este año y los casos han continuado hasta hoy, arrastrando a medianas y pequeñas empresas (pymes) dependientes de las grandes. Esta es una realidad que el país está enfrentando, y la actualización a la Ley N° 20.720, conocida como la Ley de Insolvencia, modificada conforme a lo establecido en la nueva Ley N° 21.563, busca revertir esta tendencia. Por eso, vale la pena seguir analizando sus implicancias, a unos dos meses de su entrada en vigencia.

Durante los 9 años en los que estuvo vigente la antigua ley, lamentablemente alrededor de 10 mil pymes han liquidado. Según las estimaciones de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, al menos unas 5 mil podrían haberse reorganizado y salvado, lo cual es lo que se espera que ocurra de ahora en adelante.

Y es posible, dado que esta actualización cuenta con un enfoque ciudadano y tiene como objetivo respaldar a las pymes que se encuentren en situaciones de insolvencia, mediante la simplificación y agilización del proceso de reestructuración y recuperación. Esto proporciona herramientas para superar los desafíos financieros y mantener en funcionamiento sus operaciones, evitando, de esta manera, su liquidación.

Además, para aquellos que deban enfrentarse a una liquidación, ésta también será simplificada, reduciendo la burocracia, pues se estima que el proceso tardaba más de dos años bajo la ley antigua. Por lo tanto, se ha añadido al artículo 6 la eliminación de las juntas, audiencias e instancias presenciales, así como la incautación y enajenación de bienes de forma telemática, lo que conlleva una reducción de costos tanto para deudores como para acreedores, permitiendo acortar el período a menos de ocho meses, e incluso puede durar entre tres a cuatro, según las estimaciones de la Superintendencia.

Otra reforma muy destacada es aquella relacionada con el artículo 9, el cual introduce una nueva categoría de Veedores, que estarán encargados exclusivamente de gestionar los nuevos procesos simplificados. Durante la vigencia de la antigua ley, la figura del Veedor se había orientado principalmente hacia empresas de mayor envergadura con un mayor número de acreedores, a diferencia de las pymes que poseen un menor número. Como consecuencia, este cambio podría llevar a una reducción significativa de los honorarios, al menos en un tercio, dado que para estos procesos simplificados no se requerirá un personal extenso y se podrán llevar a cabo las tareas con menos recursos disponibles.

Por lo tanto, la nueva Ley N° 21.563 tiene un enfoque ciudadano y busca reducir los efectos sociales que la liquidación forzosa de diversas firmas podría ocasionar. Esto se logra al proporcionar un acceso más sencillo y rápido a procesos de menor costo, fomentando así la reestructuración y el continuo progreso de las empresas, especialmente las pymes, que, a pesar de contar con estas nuevas normativas a su favor, deben priorizar una sólida protección financiera para evitar llegar a estas instancias, que, aunque ahora son más convenientes, siguen siendo lamentables para cualquier emprendedor, más aún si cuenta con dependientes.

*Carlos Gascón, Gerente Comercial de Solunion en Chile