Por Manuel Blanco Claro*
El rechazo del Artículo 8 del proyecto de ley de Reconstrucción, que incorporaba el nuevo artículo 71 T a la Ley sobre Propiedad Intelectual fue un error. No porque la norma propuesta fuera perfecta —no lo era— sino porque se descartó de plano en lugar de corregirla. Con ello se dejó pasar una oportunidad concreta de facilitar el desarrollo de una industria para la cual Chile tiene claras ventajas competitivas.
La tecnología conocida como Text and Data Mining (TDM) permite analizar automáticamente grandes volúmenes de contenido digital para extraer patrones y generar nuevo conocimiento. Es el sustrato sobre el que se entrenan los modelos de inteligencia artificial. Sin acceso legal a datos, no habrá IA relevante desarrollada en Chile: solo usuarios de modelos entrenados en otro lado.
Las cifras de lo que está en juego son elocuentes. El CENIA, con el apoyo de Microsoft, ACTI y la CEPAL, presentó en abril de 2026 un estudio que lo acredita: habilitar el TDM bajo reglas claras podría aumentar el PIB en 8% hacia 2030, incrementar la eficiencia productiva en un 6% e impulsar las exportaciones en un 5%. Las patentes anuales podrían crecer un 35%.
El argumento del rechazo fue que la norma era amplia, gratuita y sin contrapesos, sin sistema de licencias, sin mecanismos de opt-out, sin arquitectura de fiscalización. Esa crítica era fundada. Pero la respuesta correcta no era rechazar; era perfeccionar.
La experiencia comparada muestra que ningún modelo vigente es ideal. En Estados Unidos rige la doctrina del fair use, que evalúa cada uso caso a caso. En teoría favorece a la industria; en la práctica ha generado una litigación masiva que no ofrece certeza: más de cincuenta demandas contra empresas de IA están pendientes en tribunales federales, y Anthropic, desarrollador de Claude, alcanzó en 2025 un acuerdo por 1.500 millones de dólares tras haber utilizado libros descargados desde bibliotecas digitales piratas, sin autorización ni pago a los autores. La ausencia de norma no equivale a libertad: equivale a incertidumbre cara. Europa, en cambio, legisló: la Directiva DSM 2019/790 distingue entre investigación científica, excepción libre, y usos comerciales, donde cada titular puede excluir sus obras mediante opt-out. Es más garantista para los creadores, pero también más restrictiva para la industria.
Chile necesita un camino distinto: uno que no sea disuasivo. Excepción libre para investigación y educación, régimen de licencias o compensación para usos comerciales, y mecanismos efectivos de exclusión. Eso equilibra acceso con protección, evita la litigación del modelo americano y la debilidad del opt-out europeo, y además es compatible con los tratados internacionales suscritos por Chile.
A ello se suman ventajas estructurales que hacen más costosa cada semana de inacción. El «trinomio de la IA», conectividad de clase mundial, energía limpia y certeza jurídica, describe lo que el capital global busca para invertir. En los dos primeros, Chile lidera en la región. Lo que falta es el tercero.
Es de esperar que el rechazo no sea el punto final, sino el punto de partida para hacerlo bien. El Ejecutivo y el Congreso tienen ahora la oportunidad -y la responsabilidad- de abrir una ventana legislativa expedita para regular la TDM de manera integral. Por sus evidentes ventajas competitivas, Chile no puede darse el lujo de llegar tarde a esta industria en la que llegar a medias tampoco sirve.
*Manuel Blanco Claro, socio de Blanco Abogados y director del Departamento de Derecho Corporativo de la Universidad Finis Terrae
