Por Gabriel Silva-Riesco Silva*
La promulgación de la nueva ley de sociedades anónimas deportivas profesionales encuentra al fútbol chileno en un momento particularmente revelador. Mientras el sistema político celebra el fin de la multipropiedad y el inicio de una etapa marcada por mayores estándares de transparencia, comienzan a aparecer públicamente antecedentes que exponen algo bastante más profundo: la enorme distancia entre las categorías jurídicas con las que se intenta ordenar el fútbol y las formas reales mediante las cuales hoy se organiza su conducción.
La coincidencia es demasiado elocuente para ignorarla. Justo cuando se promulga una reforma construida sobre conceptos como beneficiario final, control societario y fiscalización, el “caso Sartor” y las aristas vinculadas a Azul Azul empiezan a revelar un ecosistema que, con los años, aprendió a desplazar sus centros de decisión hacia zonas cada vez más difíciles de identificar y fiscalizar. La discusión ya no parece agotarse en la propiedad accionaria. Lo que emerge es una trama de influencia económica y mecanismos de control que muchas veces no coinciden con la arquitectura formal visible de los clubes.
Durante años, buena parte del debate sobre las sociedades anónimas deportivas descansó sobre una premisa relativamente simple: el problema del fútbol chileno radicaba en la falta de regulación suficiente. Sin embargo, la contingencia empieza a demostrar algo mucho más incómodo. El problema nunca fue únicamente normativo, sino estructural.
Las dinámicas de poder del fútbol chileno no surgieron al margen del sistema. Surgieron dentro de él. Se desarrollaron precisamente durante los veinte años en que el modelo SADP consolidó una nueva forma de entender el fútbol profesional: cada vez menos asociada a instituciones deportivas sostenidas por sus socios y comunidades, y mucho más vinculada a lógicas empresariales, financieras y corporativas.
Por eso la discusión actual no puede reducirse únicamente a si la nueva ley prohíbe correctamente la multipropiedad o aumenta las facultades fiscalizadoras del Estado. El desafío es otro: determinar si el derecho y la institucionalidad todavía son capaces de intervenir un ecosistema que evolucionó mucho más rápido que las categorías diseñadas para regularlo.
Ese punto resulta especialmente delicado, porque buena parte de la reforma parece descansar sobre una idea implícita: que transparentar la propiedad equivale a transparentar dónde reside realmente el control. Y no necesariamente es así.
Las estructuras societarias pueden fragmentarse y el financiamiento terminar condicionando decisiones estratégicas sin necesidad de asumir formalmente la administración de un club. En otras palabras, el fútbol chileno contemporáneo parece moverse en una zona donde la frontera entre titularidad jurídica e influencia material se vuelve cada vez más difusa.
Ahí es donde la coyuntura adquiere un valor casi simbólico. Porque mientras el país intenta redefinir las reglas del fútbol profesional, también comienza a instalarse una discusión mucho más profunda que la simple transparencia de la propiedad o las incompatibilidades societarias: qué tipo de fútbol chileno busca producir esta nueva institucionalidad.
El problema nunca ha sido la existencia de capital privado ni la dimensión económica del fútbol. El fútbol moderno funciona, en todo el mundo, como una industria global de enorme escala. Pero incluso dentro de esa lógica, los sistemas más desarrollados conservan estructuras orientadas a fortalecer la competencia, mejorar la formación de jugadores, elevar el nivel deportivo y proyectar institucionalmente a sus clubes.
Y quizás ahí aparece el gran desafío que deja este momento histórico, porque mientras el fútbol chileno aprendió a administrar cada vez mejor su dimensión económica, el desarrollo deportivo pareció quedar demasiadas veces subordinado a disputas de conducción, dinámicas de corto plazo y estructuras orientadas principalmente a capturar valor, antes que a producirlo dentro de la cancha.
Veinte años después, la gran paradoja del modelo SADP es que logró modernizar el negocio del fútbol chileno mucho más rápido de lo que logró fortalecer su desarrollo deportivo.
*Gabriel Silva-Riesco Silva
Abogado Agente FIFA
Silva-Riesco Abogados
